Maniobras orquestales en la oscuridad
Actualización del 24-5-14 con un vídeo del programa 'Vaya semanita', de EiTB.
Los nombres de los grupos musicales españoles de los ochenta eran toda una fuente de inspiración: Siniestro total —grande Julián—, Kaka de luxe, Semen up, Desechables, Vómito, Golpes bajos o Parálisis permanente. Sin embargo, el título de este artículo, que se corresponde con un grupo de tecnopop de Liverpool de esos años, Orchestral Manoeuvres in the dark, me ha venido a la mente al conocer la existencia de una reunión secreta no desmentida, celebrada en el Palacio de la Zarzuela en febrero de 2012 y a la que asistieron, además del Monarca, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; el ministro de justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, para intentar salvar a la infanta Cristina de Borbón de las acusaciones del caso Nóos en los juzgados de Palma de Mallorca. La reunión forma parte de una denominada Operación Cortafuegos y ha sido revelada en el libro La intocable, de Esteban Urreiztieta y Eduardo Inda. No me digan que semejante enjuague no parecen maniobras orquestales en la oscuridad.
Porque, según el libro, en la reunión convocada para involucrar a todas las estructuras del Estado para exculpar a la hija del Rey, se llegó a pactar el indulto de su marido, Iñaki Urdangarin, para el caso de que este fuera condenado a una pena por la que tuviera que ingresar en prisión. Desde esa fecha, la fiscalía ha defendido contra viento y marea, en contra del criterio del juez Castro, que no hay indicios para imputar a la Infanta; Hacienda ha admitido como válidas facturas que previamente había tachado de ficticias, lo que evitaría el delito fiscal de Nóos, y hasta Rajoy llegó a decir ante la declaración de Cristina de Borbón como imputada que “le irá bien”, lo que en aquel momento sorprendió a propios y a extraños por lo que suponía de injerencia en un proceso judicial en curso.
Semejante reunión para tratar de favorecer a un imputado por presunta corrupción, además de un escándalo mayúsculo que provocaría la dimisión de todos los implicados, constituiría en otros países como poco delito de obstrucción a la justicia. En España es una conducta de difícil encaje en un tipo penal. Habría que demostrar que se buscaba una resolución manifiestamente injusta para ir por la vía de inducción a la prevaricación. Difícil sería también acusar por delito de tráfico de influencias.
Algo menos extraño sería un delito contra la independencia judicial del artículo 508.2 del Código Penal, que establece: “La autoridad o funcionario administrativo o militar que atentare contra la independencia de los Jueces o Magistrados, garantizada por la Constitución, dirigiéndoles instrucción, orden o intimación relativas a causas o actuaciones que estén conociendo, será castigado con la pena de prisión de uno a dos años, multa de cuatro a diez meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años".
Sin embargo, a pesar de la existencia de tan comprometida reunión —que nadie ha desmentido tres días después de hacerse pública— habría que demostrar que se habían dado instrucciones al respecto. Como si las órdenes en casos como este tuvieran que ser explícitas y detalladas, en lugar de meras insinuaciones que el subordinado entiende sin lugar a dudas.
Ya me hago cargo que las comparaciones son odiosas, pero esto de las instrucciones tienen el mismo aire que las amenazas de muerte de ETA. Como los amenazados saben, nunca les decían que les iban a matar, bastaba con que les susurrasen: “sé quién eres y dónde vives”. En la historia de la Infanta todo funcionario sabe qué le puede pasar si desobedece o simplemente no sigue la corriente oficial.
En todo caso, por si no lo recuerdan, la investigación de este delito, ya que se trata del presidente del Gobierno, del ministro de Justicia y del Fiscal del Estado, que son aforados —el Rey es inimputable— correspondería a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la mayoría de cuyos miembros han sido nombrados para el cargo por el Ejecutivo. Recuerdo, sin ir muy lejos, que en 2012 esa Sala no estimó la existencia de malversación de caudales públicos en la conducta del entonces presidente del Supremo y del Poder Judicial, Carlos Dívar, a pesar de que cargó a los presupuestos oficiales del Consejo los gastos de más de 30 viajes de placer privados a destinos turísticos y gastos de representación para un solo comensal que no era otro que su jefe de escoltas.
Llegados a este punto, solo como ejercicio teórico, ¿se imaginan lo que ocurriría en Estados Unidos si pillaran al presidente Obama reunido con el ministro de Justicia y el fiscal del Estado para pedir un trato de favor para una de sus hijas por haber metido la mano en la caja?. Por si tienen dificultades de memoria, les recuerdo que Richard Nixon fue obligado a dimitir por el escándalo del Watergate y Bill Clinton obtuvo el repudio de toda la nación por algo tan estúpido como su affaire con la becaria Mónica Lewinsky. Nada que ver con nuestro Celtiberia show.
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Para que luego afirmen algunos que la paciencia es una virtud……
Antes de seguir escribiendo lo que siento en estos momentos pienso en el Ministro del Interior y su empeño en combatir comentarios mas/menos afortunados en los medios sociales, cuando no son mas que impotentes válvulas de escape.
De ser cierta, la llamada «Operación Cortafuegos»revelada da en el libro «La intocable», de Esteban Urreiztieta y Eduardo Inda, el que sale peor parado es el Fiscal General del Estado, respecto a la misión que le enconmienda el art. 124 de la Constitucion.
Esperemos que esto se aclare pronto.
Saludos
Reclamar justicia es un ejercicio sano y necesario. No permitir que el ‘Cartel Cortafuegos’ siga en la impunidad, una obligación social de primer nivel. El poder de nuestra tierra se escuda en que son pequeños los grupos ciudadanos que llegan al conocimiento de los desvariados movimientos de ‘carteles’ como estos. Movimientos desnortados y vomitivos. Ello, ser pocos, no debe hacernos callar. Hemos de elevar nuestras voces para que su eco pueda llegar a al conocimiento de más y más personas hasta el momento único y de especial relevancia, como el que tenemos ante nosotros el proximo25.05.’14. Con nuestro voto se puede iniciar el desalojo de las instituciones de estos oscuros ‘carteles’. Y sin embargo muchos de nuestros convecinos se abstienen. Es su derecho. Pero la lucha contra la injusticia no se gana con abstención.
Estimado Sr. Yoli:
Me comentan desde muy lejos, que hoy con este post, ha sido Vd., nombrado mas de una vez en Barcelona, donde muchos de los afectados por su critica, le han soltado una arenga constitucional/institucional a los nuevos jueces «recien horneados» los cuales no podran pensar nunca, que las reuniones y compadreos que relata el libro comentado, puedan existir.
PD.- Tampoco pensaron nunca los letrados que defendían a las empresas de las ITV, que nada menos que el Magistrado Ponente del TSJC, cenaba frecuentemente y asesoraba a una de las partes.
Ver aqui la resolucion:
http://www.ara.cat/societat/TRIBUNAL-SUPREM_ARAFIL20130426_0002.pdf
Saludos
En una palabra: Impresionante
Bueno, una vez abierta la cuenta de Twitter, pocas horas después de la publicación de su post, espero – como ciudadana – algún desmentido, comentario, explicación, compromiso con aquello de «la justicia es igual para todos». Porque se han «apuntado» a Twitter para estar más próximos a los ciudadanos, para comunica, ¿no?
Buenos días a todos.
Me ha llegado este vídeo del programa satírico de Euskal Telebista «Vaya Semanita», que refleja lo que muchos de los ciudadanos piensan del caso Nóos y de la implicación de la Infanta. Siento ser pesimista sobre la resolución de ese caso, pero por lo menos no nos callarán. Nos quedarán la sátira y el humor, aunque que nos tomen el pelo a tantos y durante tanto tiempo tenga poca gracia.
Saludos cordiales a todos y pásenlo lo mejor posible.