Cumplir las leyes que nos hemos dado
Lo que nos diferencia a los países democráticos de los que no lo son es que los demócratas cumplimos las leyes que nos hemos dado aunque puntualmente no nos beneficien. Por eso, critiqué duramente la "doctrina Parot", aquella interpretación retroactiva y contra reo de la ley para prolongar artificial y arbitrariamente la prisión de algunos etarras que fue tumbada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que, en palabras de un juez, no era otra cosa que "el denodado intento de los custodios de la legalidad de hacerse trampas al solitario"; o la nueva decisión del Supremo (por 9 votos frente a 6) sobre la transposición de la Decisión Marco 675/2008 de la UE sobre reconocimiento mutuo de penas y medidas privativas de libertad, de nuevo en sentido contrario al pretendido por la Unión Europea y con la exclusiva finalidad de mantener en prisión unos años más a algunos etarras al no descontarles las penas cumplidas en Francia del tiempo máximo de cumplimiento en España. Una chapuza que Europa nos volverá a tirar abajo. Da la impresión de que, como es año electoral, algunos han entrado ya en campaña.
Como los cómputos de las prisiones de los etarras suelen ser controvertidos, quiero elogiar la forma en la que el juez Fernando Andreu ha acordado el reingreso en prisión de Santiago Arrozpide Sarasola, Santi Potros, uno de los jefes de ETA más sanguinarios, que ordenó el atentado contra el Hipercor de Barcelona, con 21 muertos y 45 heridos, por el que fue condenado a 790 años de cárcel.
El terrorista fue puesto en libertad el pasado 4 de diciembre por la Sección Primera de la Audiencia Nacional tras descontarle los 10 años de prisión que cumplió en Francia por aplicación de la Decisión Marco, pero esa resolución, está pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo, que previsiblemente la anulará, por una interpretación más que discutible y que va en sentido contrario al de la citada normativa europea. [Lea el auto que concede la acumulación a Santiago Arrospide].
Sin embargo, el juez Andreu ha cumplido estrictamente la ley, pues persigue a Potros por dos causas para las que Francia no concedió la extradición, es decir, que no se le podía juzgar por ello. Se trata del intento de asesinato del que fuera fiscal general del Estado Luis Antonio Burón Barba y del atentado con un coche-bomba contra un vehículo de la Guardia Civil, en el que resultó muerto el viandante Juan Fructuoso Gómez que se encontraba en las inmediaciones.
Lo que ocurre es que el Tratado de Extradición establece que tras el cumplimiento de su condena, el terrorista tiene un plazo de 45 días para abandonar el país o podrá ser perseguido por aquellos delitos por los que no se concedió su extradición, como así ha ocurrido. No deja de ser curioso que Santi Potros decidiera permanecer en España, en concreto en Lasarte-Oria, donde nació el 2 de febrero de 1948, en lugar de esperar la decisión del Supremo sobre la aplicación de la Decisión Marco en Hendaya o cualquier otra localidad del país vasco francés, que le hubiera evitado la detención. A punto de cumplir 67 años y después de haber pasado los últimos 27 de forma ininterrumpida en cárceles francesas y españolas quizá pensó que le iban a dejar en paz. Un error que purgará en la cárcel.
Porque, de entrada, Santi Potros pasará en prisión preventiva el tiempo que resta hasta que se celebren los dos juicios que tiene pendientes, lo que no es probable que se celebren antes de año y medio. Y, eso sí, aunque fuera condenado a otros 60 años, esa nueva pena no afectaría al límite máximo de cumplimiento en España, puesto que ya estaba condenado al máximo y esas penas se acumulan.
Además, es muy probable que para entonces el Tribunal de Luxemburgo o el de Derechos Humanos de Estrasburgo hayan dado otro repaso a España por las irregularidades en la transposición de la Disposición Marco 675/2008 y se le vuelvan a descontar los 10 años de condena que Potros pasó en Francia y pueda quedar en libertad.
En todo caso, en esta ocasión la persecución del etarra se ha realizado conforme a las leyes que nos hemos dado, como deben hacer los demócratas.
Cumplir las leyes, se supone que es lo que hacen los jueces. Pero los jueces son «personas humanas» con sus filias y fobias, y con un «status» bastante incuestionable, muy respetado por sus compañeros de profesión. Solo en casos flagrantes, muy políticos, muy escandalosos, puede que existan instancias supervisoras que actúen y corrijan abusos escandalosos, contradiciendo a los «colegas».
Por lo que yo se, solo la socialdemocracia sueca ha creado un organismo independiente que revisa incluso el «contenido»de los abusos judiciales cotidianos, de los que el común de los ciudadanos no puede defenderse. No todos somos políticos de relumbrón de uno de los partidos mayoritarios, por lo que los dichos partidos no sufragan la «justicia». Y en España, lamentablemente, la protección jurídica es mas bien un derecho tras el pago en efectivo, que en derecho efectivo. Que se lo digan a Angela González Carreño, a los padres de Antonio Meño, al que solo la generosidad del abogado Luis Bertelli asistió…..
En España solamente dejan «en paz» los jueces a los delincuentes de «derechas», empresarios corruptos, militantes del PP corruptos, politicos del pp corruptos, franquistas genocidas, pistoleros de Fuerza Nueva, La Triple A, el Batallon Vasco Español, el GAE, el GAl, con cientos de atentados cometidos sin castigar por la justicia. El franquismo ganó la guerra, y el postfranquismo la transición. En España en las cunetas solo hay rojos, no azules. Incluso los falangistas de la DIvisión Azul muertos durante su invasión de la URSS apoyando a los nazis de Hitler, están siendo repatriados con fondos públicos. Lo que el gobierno y los jueces niegan a unos, lo aplican con generosidad a los otros, vivos, muertos o vivillos. !Sigue habiendo dos españas en todos los sentidos!!
Estimado señor Yoldi: efectivamente, no hace falta que vd saque del armario aquella bola de cristal que ya usó en su momento: España será condenada por el TEDH por trasponer una Decisión Marco en sentido exactamente contrario al sentido de la misma, introduciendo una vomitiva «Adicional Única» en la LO 7/2014 diciendo que «en ningún caso» el contenido de lo traspuesto será aplicable a condenas dictadas con anterioridad al 15 de agosto de 2010 «, olvidando que , precisamente por la inacción del legislador, la norma ya había entrado en vigor aplicando todos sus efectos desde esa fecha, por lo que desde entonces todos los condenados en otro país que cumplieran los requisitos pudieron beneficiarse sin limitación alguna, conculcándose así el principio, de rango constitucional, de intangibilidad de las resoluciones firmes, y conculcando de paso el principio proclamado en el art. 2 CP, que garantiza la retroactividad de cualquier disposición favorable al reo y que realmente es un principio que informa toda nuestra legislación penal. Parece obvio que , si la banda era la misma (ETA), no pueden cumplirse dos condenas porque se viviera al tiempo a uno y otro lado de la muga.
Hubo seis Magistrados del TS que dijeron que lo procedente era, o bien inaplicar la reciente LO 7/2014 para los casos en los que la Marco ya había entrado en vigor plenamente (todos los etarras afectados) o elevar consulta prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (órgano competente) , a fin de no orillar directamente al legislador español, acerca si España había traspuesto bien (esta última solución era la más sensata, por supuesto mientras los condenados debían estar en la calle, más que nada porque si el Tribunal contesta que, desde que la Decisión entró en vigor lo hizo con pleno efecto y que ahora el Reino de España no puede, más de cuatro años después, alterar sus efectos).
Pero la mayoría ( 9), no escarmienta: ni con la condena a España por la doctrina Parot; ni cuando el TEDH sacó los colores a Granados y demás compañeros mártires por meter un año de prisión a Otegui por aquello de «jefe de los torturadores», razón por la que hubimos de apoquinar entre todos al señor este 24.000 euros. Les da por donde amarga los pepinos todo: lo único que no quieren los altos ropones es salir señalados por las sacrosantas organizaciones de víctimas como participes de la hoja de ruta de ZP para la paz. Y si , de paso, hacen un favor al Gobierno, acogotado por sus propias bases , pues miel sobre hojuelas. Ya se nos agredecerá tantos desvelos.
De la esencial responsabilidad que asumieron de garantizar el imperio de una Ley y la vigencia de un Estado de Derecho que, como el sol todos los días, sale para justos y para injustos, hablaremos otro día.