El negro futuro de las ‘tarjetas black’

El futuro pinta de color gris oscuro tirando a negro para Rodrigo Rato, Miguel Blesa y aquellos otros 79 amiguitos que dilapidaron 15,5 millones en gastos personales por medio de las denominadas tarjetas black de Bankia (antes Caja Madrid). El Tribunal Supremo ha fijado estos días su doctrina sobre el uso de tarjetas de empresa excluyendo los gastos personales y acto seguido, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha aplicado esos criterios al caso de las tarjetas black y ha imputado a 79 directivos y miembros del consejo de la caja madrileña reconvertida en banco en 2011 y les ha citado a declarar. El uso de esas tarjetas, fiscalmente opacas, fue generalizado en la entidad entre 2003 y 2012.

El Supremo, en una sentencia de la que ha sido ponente Cándido Conde-Pumpido, señala que "el más elemental sentido común impone al titular de una tarjeta de empresa excluir su utilización para gastos personales —aquellos  que no puedan revestir la naturaleza de gastos de representación y que sean ajenos al ámbito de la empresa que la sufraga—, sin necesidad de limitación expresa de quien haya autorizado su uso. Leer sentencia del Supremo sobre uso de tarjeta de empresa para gastos particulares

El alto tribunal considera que el uso de la tarjeta de empresa para gastos particulares puede constituir delito de apropiación indebida o de administración desleal, dependiendo de si el gasto se realizó para quedarse de forma permanente con ese dinero. En el caso concreto que el Supremo enjuiciaba entendió que había apropiación indebida y no administración desleal al haber pagado el acusado la instalación de aire acondicionado de su domicilio con la tarjeta. Según la sentencia, "la distracción hacia el patrimonio privado de los fondos confiados al administrador para gastos de representación u otros relacionados con la empresa, se realizó con vocación de apropiación permanente, como se deduce de la naturaleza del gasto y de la inexistencia de gestión alguna para liquidar o devolver los fondos destinados a usos manifiestamente ajenos a los que corresponden en la práctica mercantil a una tarjeta de empresa".

Por el contrario, hay administración desleal cuando el administrador realiza actos de disposición abusivos sobre los bienes sociales que no implican apropiación, es decir, la voluntad definitiva de quedárselos. Tanto si se ejecutan en beneficio propio como si se hacen en favor de un tercero no constituyen apropiación indebida sino administración desleal.

Parece, por tanto, que las disposiciones de fondos o los pagos con las tarjetas black por parte de los consejeros y directivos de Bankia y Caja Madrid tenían esa vocación de permanencia, y por tanto, indiciariamente constituyen un delito de apropiación indebida, puesto que ninguno de ellos pensaba devolverlo ni realizó ningún acto tendente a la devolución, salvo después de iniciado el procedimiento judicial. Especialmente, porque desde 1995 disponían de otra tarjeta visa para hacer frente "exclusivamente a los gastos de representación".

El juez Andreu, que ya tomó declaración como imputados a Rato, Blesa y al director financiero Ildefonso Sánchez Barcoj, ha imputado a otros 79 directivos y consejeros y, en una primera fase, ha citado a declarar a 27 de ellos. También ha citado como testigos a los tres consejeros que no utilizaron las tarjetas. De modo que el desfile no ha hecho más que empezar.

Lea el auto de imputaciones de las 'tarjetas black' de Bankia

Como ven, el panorama para esos directivos, entre los que están el ex secretario de Estado de Hacienda en el Gobierno de José María Aznar, Estanislao Rodríguez Ponga; el ex ministro socialista Virgilio Zapatero; el ex vicepresidente de la Caja a propuesta de IU, José Antonio Moral Santín; el ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, ya condenado por otros delitos; el ex presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández; el ex secretario de organización del PSOE de Madrid, Antonio Romero; así como varios sindicalistas, se presenta ominoso. Está bastante claro que vivían muy por encima de nuestras posibilidades y, por lo que parece ahora, también de las suyas, mientras los de las preferentes perdían sus ahorros. O sea, unas alegrías para el cuerpo que pueden salirles muy caras.

No deja de ser curioso que el Supremo tenga que recordar ahora la doctrina general sobre apropiación indebida, aunque, por otra parte, no está tan mal. O si no que alguien me explique por qué, en junio de 2012 y por 11 votos contra 4, el Supremo no apreció que los más de 30 viajes de placer a Marbella y otros destinos turísticos del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del propio Supremo, Carlos Dívar, donde invitaba a su jefe de escoltas a restaurantes de lujo y que luego cargaba a los presupuestos del organismo, no constituía apropiación indebida.

Y seguro que no tenía intención de devolver lo gastado indebidamente en su propio beneficio, porque tuvo que ser el Tribunal de Cuentas el que le obligara a hacerlo.