Una casualidad muy real
Hay algunas circunstancias, tras la detención y posterior encarcelamiento de Miguel Bernad y Luis Pineda, jefes supremos del pseudosindicato Manos Limpias y de la asociación supuestamente sin ánimo de lucro de usuarios de banca Ausbanc, que no he visto reflejadas en los medios de comunicación. Sí que he leído que lo del chantaje a bancos, banqueros, empresas y empresarios era un secreto a voces, y tengo que reconocer que a mí ya me habían contado —aunque sin aportarme pruebas— la existencia de una mecánica de extorsión similar en 1994, cuando la fiscalía de la Audiencia Nacional se querelló contra la cúpula de Banesto, con Mario Conde a la cabeza.
Pero de lo que nadie ha hablado es de que si esta operativa propia de matones tenía un éxito floreciente era porque los chantajeados (no todos, pero sí una buena parte de ellos) tenía cadáveres en el armario o cuando menos, cosas que ocultar. No tiene ningún sentido amenazar con revelar algún secreto infame si el amenazado se ríe de la supuesta amenaza. No solo no va a pagar la cantidad reclamada, sino que puede intentar ejercitar acciones legales.
La otra parte en la que nadie parece haber caído es la razón por la que la UDEF se ha lanzado ahora con uñas y dientes contra ellos, cuando la mayor parte de bancos y cajas de ahorros, además de empresarios de fuste, llevaban lustros tratando de desactivarlos, e incluso, los jefes de prensa de esas entidades abogaban por que se les pudiera meter en prisión hasta el fin de sus días. Seguramente será casualidad, pero no deja de ser curioso, que estas acciones de la UDEF hayan culminado durante el juicio del caso Noos, en el que se enjuicia a la infanta Cristina de Borbón por unos delitos fiscales de los que solo le acusa precisamente Manos Limpias. Los aparatos del Estado, desde el fiscal Pedro Horrach, la abogacía del Estado y hasta el Ejecutivo, se han dejado las pestañas en la defensa de la hermana de Felipe VI, para la que han reclamado en numerosas ocasiones que le levantaran la imputación por aplicación de la doctrina Botín. Pero, ¡ay!, no habían dado resultado.
El auto del juez Santiago Pedraz deja claro que los encarcelados habían tratado de negociar la retirada de la acusación de Manos Limpias contra la Infanta primero con la Fundación La Caixa y luego con el Banco Sabadell, del que Miquel Roca —defensor de la hermana del Rey— es consejero. Inicialmente la propuesta era de dos millones, que luego, Luis Pineda elevó a tres millones de euros. Los extorsionados aseguran que nunca tuvieron intención de pagar, pero que se reunieron con Pineda para comprobar el verdadero alcance de la propuesta.
El caso es que en la primera sesión del juicio tras el encarcelamiento del secretario general de Manos Limpias, el abogado Manuel González Peeters, defensor de Diego Torres, apoyado por Dolores Ripoll, la abogada del Estado que para defender a la Infanta sostuvo que Hacienda ya no éramos todos, ha exigido la expulsión del proceso de Manos Limpias, lo que supondría la inmediata absolución de la ex duquesa de Palma.
Sin embargo, el proceso penal contra Pineda y Bernad apenas está empezando, y aunque existan indicios muy racionales de extorsión, esto deberá probarse en otro juicio. El tribunal de Palma, presidido por Samantha Romero, ha resuelto, con acertado criterio, que no existe ningún cauce procesal para introducir en el juicio nada relativo a Manos Limpias, por lo que lo que tengan que decir al respecto lo harán cuando se dicte la sentencia.
No deja de ser gracioso que ahora que se ha levantado la veda contra Ausbanc y Manos Limpias, algún medio de los llamados serios señale como dardo acusatorio, que muchos magistrados del Tribunal Supremo cobraron por participar como ponentes en cursos sobre derecho financiados por Ausbanc. Lo cual es cierto. Lo que no dice este medio es que la inmensa mayoría de los cursos en los que los magistrados del Supremo participan están patrocinados por el Banco Santander (que forma parte del consejo de administración del medio) y que los magistrados de la Sala Segunda no tuvieron ningún problema en elaborar la conocida doctrina Botín, por la que se absolvió al presidente de la entidad. Seguro que algún malpensado creerá que fue prevaricación (dictar a sabiendas resolución injusta) para no cargarse la gallina de los huevos de oro, pero concedamos a los excelentísimos señores de la toga el beneficio de la duda, aunque la citada doctrina sea jurídicamente una auténtica basura.
Ya saben, hay quien sostiene que algunos de los mejores momentos de la vida son errores.
