De líderes políticos a perseguidos
Ex presidentes, antiguos vicepresidentes, primeros ministros o salientes o depuestos.... En Asia, no hay cargo oficial que proteja de una persecución criminal si hay un interés político detrás. En las últimas semanas, han aumentado los casos de ex altos cargos, hoy en la oposición, perseguidos por la Justicia de sus respectivos países, lo que les deja literalmente fuera del juego para indignación de su electorado, que denuncia maquinaciones políticas detrás de las acusaciones presentadas por los jueces.
El último ejemplo lo constituye Tailandia, donde la ex primera ministra Yingluck Shinawatra podría ser formalmente inculpada por el pago de compensaciones a familias de camisas rojas víctimas de la represión entre 2005 y 2010, en unos pagos que, para sus detractores, fueron motivados políticamente. Nueve jueces se pronunciarán el próximo día 19 al respecto, y si como se espera es incriminada, los cargos se sumarán a los ya presentados por el plan de subsidios de arroz de su mandato que podrían reportarle 10 años de prisión.
Para sus aliados, se trata de una persecución política destinada a apartar a Yingluck y a la dinastía que representa del poder para siempre, después de que maniobras similares contra su hermano, el empresario y ex primer ministro Thaksin –líder de los camisas rojas y con una enorme popularidad entre la clase media y baja de Tailandia– llevase a éste al exilio. La Junta militar que gobierna el país surasiático ha anunciado que impedirá a Yingluck viajar sin autorización expresa para prevenir una situación similar y justifica la persecución de la ex primera ministra en el contexto de su campaña anticorrupción. Una campaña que, sin embargo, no parece verse afectada por las escandalosas revelaciones de estos días, según las cuales, 57 de los 220 diputados designados por la Junta como ejemplo de rectitud han empleado a familiares (esposas, hijos, sobrinos...) como asistentes con sueldos de entre 500 y 700 euros mensuales, pese a carecer de los requisitos exigidos para ocupar los puestos. La decisión ha sido justificada por el Gobierno por la necesidad de “contratar ayudantes en los que se pueda confiar”.
La persecución de Yingluck y de la saga política de los Shinawatra recuerda a la situación en Malasia, donde el líder opositor y antiguo viceprimer ministro Anwar Ibrahim ha vuelto a ser encarcelado tras ser hallado culpable del delito de sodomía. La sentencia le mantendrá cinco años apartado de la política gracias a unos cargos “completamente fabricados, provenientes de una conspiración política destinada a poner fin a mi carrera”, según denunció el mismo líder del Partido de la Justicia Popular en un comunicado hecho público el 10 de febrero, cuando fue anunciada la sentencia.
Tras sus buenos resultados electorales en las elecciones de 2008 y 2013, Anwar Ibrahim es percibido como una amenaza por la coalición en el poder desde hace 50 años. En 1999, tras haber ejercido durante cinco años como vicejefe del Gobierno bajo la dirección de Mahathit bin Mohamad, decidió concurrir a los comicios sin su apoyo: fue encarcelado por la misma acusación de sodomía, en teoría practicada al chófer de su esposa: un año después era condenado y cuatro más tarde, absuelto por la Corte Suprema, que anulaba su condena y ordenaba su puesta en libertad.
En 2008, sus buenos resultados electorales ponían en entredicho el poder absoluto de la Coalición del Frente Nacional: un año después volvía a ser acusado por sodomía, una grave afrenta en los países musulmanes, delito del que sería absuelto en 2012 por la Corte Suprema. En mayo de 2013 mejoraba sus resultados electorales poniendo en peligro la supremacía de la coalición y, menos de un año después, los tribunales revocaban la absolución a petición del Gobierno. El caso se resolvió con una condena de cinco años hace un mes que no parece tener vuelta atrás. “No hay nadie con su habilidad para contener a los tres animales políticos –en referencia a los tres principales partidos de la coalición– en una sola jaula. Te guste o no, sólo está Anwar. Nadie puede reemplazarle”, estima un abogado malasio.
En Sri Lanka, el líder opositor y derrotado candidato a la Presidencia Sarath Fonseka fue recientemente rehabilitado tras años de prisión a costa de su enfrentamiento con el entonces presidente Mahinda Rajapaksa: tras 25 años de colaboración –Fonseka fue jefe del Ejército– su decisión de unirse a la oposición le costó acusaciones de organizar un intento de asesinato del presidente y de una intentona golpista. Tuvo que ser derrotado Rajapaksa en las urnas –el pasado enero, a manos de otro ‘desertor’ del régimen, el ex ministro Maithripala Sirisena– para que el general fuera liberado y recuperase sus derechos. Ahora, el nuevo Ejecutivo investiga al presidente saliente por una intentona golpista: el mismo día que perdió los comicios, aseguran, telefoneó a los cuerpos de Seguridad para que le mantuviesen en el poder.
En Maldivas, el antiguo presidente Mohamed Nasheed (el primero elegido en las urnas de la Historia del país) ha sido arrestado por ordenar la detención de un juez durante su mandato, hace tres años, en lo que su formación considera otro claro ejemplo de persecución política. Los cargos son confusos, dado que se le mantiene en arresto sin fianza amparado por la ley antiterrorista, pero lo cierto es que una semana antes de ser detenido, el ex presidente –que ha pasado más de la mitad de su vida adulta entre rejas, según su propio relato– denunciaba la deriva autoritaria del actual presidente Yameen Abdul Gayyom y pedía a la comunidad internacional que estudiase el uso de sanciones contra su Gobierno.
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En China, la campaña anticorrupción del presidente Xi Jiping es considerada por algunos analistas una maniobra con doble intención: limpiar la imagen del Partido Comunista Chino y, de paso, desembarazarse de enemigos internos. Han sido 70.000 los oficiales investigados y 20.000 aquellos funcionarios apartados de sus cargos, entre quienes se encuentran altos responsables, generales o personas tan significadas como el antiguo zar de la Seguridad, Zhou Yonkang, ex jefe de la Inteligencia interna que fue miembro del Comité Permanente del PCCh. En la isla de Taiwán, estado soberano reclamado por Pekín, el arresto del ex presidente Chen Shui Bian (Partido Democrático Progresista, favorable a la independencia de Taiwán respecto a China, en la oposición) es denunciada como una venganza del Kuomintang, en el poder: fue condenado por corrupción junto a su mujer a 19 años en 2009, y puesto en libertad condicional por razones médicas el pasado 5 de enero.
El escenario de enfrentamiento político y judicial más proclive de trasladarse a las calles es, sin embargo, el de Bangladesh, donde las dos viejas damas de la política, ambas herederas de destacadas figuras y opuestas ideológicamente desde 1991, han escalado su enfrentamiento. La primera ministra Sheikh Hasina lidera la Liga Awami de Bangladesh –considerado pro-indio y socialista– mientras que la ex primera ministra Khaleda Zia preside el Partido Nacionalista, de centro-derecha y fuerte sentimiento anti-indio. Desde principios de año, la Justicia mantiene a la segunda bajo arresto domiciliario acusada de promover la anarquía y entorpecer la ley. El pasado 25 de febrero, un tribunal anticorrupción emitía una orden de arresto contra la opositora por supuesta malversación de fondos: podría ser condenada a cadena perpetua, de ser hallada culpable. Zia no ha comparecido ante el juez. El enconamiento de ambas políticas y el malestar social generado del enfrentamiento hace temer a algunos analistas una intervención militar que ponga fin a la disputa.
