IU propone una ley para expropiar bienes adquiridos "mediante prácticas corruptas"

IU-Unidad Popular continúa desgranando sus medidas electorales de cara a los comicios del próximo 20 de diciembre. Tras la presentación de otras como su plan de emergencia social o sobre el laicismo, en esta ocasión toca hablar de la corrupción, definida por la coalición como un “cáncer para la democracia y causa de desprestigio de la política y lo público”. Alberto Garzón presenta esta misma tarde las 45 medidas que el partido propone para acabar con este problema. Están divididas en 8 bloques que van desde propuestas para perseguir los delitos relacionados con corrupción, medidas contra el fraude fiscal, contra el transfuguismo o para las campañas electorales, entre otras. Destacan algunas leyes que pretende implantar IU como una 'ley expropiatoria de bienes adquiridos mediante prácticas corruptas'. También se contempla ampliar las penas establecidas en el Código Penal para corruptos y corruptores públicos y privados.

Entre las medidas relativas a perseguir los delitos relacionados con la corrupción IU incluye aprobar una “ley integral y severa anti-corrupción”. En ella se incorporaría el delito de enriquecimiento ilícito o imponer medidas cautelares que impongan el cese de políticos imputados y el abandono del cargo. En este punto se incluiría también la mencionada ley expropiatoria y la intención de que “los corruptos tengan que asumir los costes directos e indirectos que reportan de sus acciones delictivas". A la ampliación y endurecimiento de las penas en el Código Penal, se le sumaría la inclusión del delito de 'soborno impropio' y la financiación ilegal de los partidos políticos. IU también pretende endurecer la penas por delitos fiscales, que los delitos de corrupción no prescriban e imponer medidas efectivas para recuperar las cantidades sustraídas. La ampliación de hasta 30 años de la inhabilitación para ocupar cualquier cargo público electo es otra de las medidas.

Para agilizar la justicia, la propuesta es el establecimiento de procedimientos de urgencia en los expedientes judiciales en los que se encuentren imputados cargos públicos. Y también la derogación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que limita a entre 6 y 18 meses el plazo de investigación en un caso por corrupción. Además, se pone en valor las acusaciones populares en casos de este tipo y la intención es potenciarlas. “Sin las acusaciones populares la mayor parte de los grandes casos de corrupción no se conocerían o, al menos, no estarían judicializados. La corrupción no se combate con dichos sino con hechos e IU lleva años personándose y acusando en casos de corrupción”, señala la organización.

Respecto a las medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, IU propone el desarrollo de la Ley General Tributaria y del Reglamento de Gestión e Inspección Tributaria “para conseguir una mayor eficacia en la prevención y lucha contra el fraude fiscal”. También se contempla atribuir a la Agencia Tributaria la función de investigar el fraude fiscal organizado y el blanqueo de capitales para auxiliar a la Justicia. La dotación de más medios a la Agencia Tributaria y a todos los organismos competentes es otro de los objetivos marcados. Como también lo es reforzar la coordinación entre la Agencia Tributaria y las administraciones autonómicas.

Una novedad es la creación de una Policía Fiscal dentro de la Agencia Tributaria. En ella se integrarían unidades especializadas de la policía Nacional y de la Guardia Civil, junto a las Unidades Operativas de Vigilancia Aduanera, manteniendo todas ellas su dependencia orgánica respectiva, bajo la dependencia funcional de la Oficina Nacional Antifraude. Sobre las instituciones financieras que colaboren en operaciones de blanqueo de capitales u ocultación de bienes, IU pretende que tengan una responsabilidad económica subsidiaria. Además plantea la prohibición de que las entidades bancarias españolas tengan filiales o sucursales en paraísos fiscales y que todo movimiento de fondos que tenga como origen o destino un territorio calificado como paraíso fiscal tribute al 24%. Las filiales y sucursales de multinacionales y entidades financieras estarán obligadas a informar sobre sus operaciones financieras en paraísos fiscales. Otras propuestas en este apartado consisten en publicar y debatir en las instituciones un análisis anual oficial sobre la economía sumergida y el fraude para debatir, un plan de lucha contra el fraude en el IVA y un registro de personas que poseen billetes de 500 euros.

IU también propone medidas de control en los procesos de contratación de las administraciones públicas. Para ello plantean la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, una ley de transparencia e información pública o la posibilidad de que todos los documentos relativos a los procedimientos y decisiones de contratación y de urbanismo deben poder consultarse en tiempo real. La limitación en el número de asesores y de cargos de confianza política es otra propuesta así como “limitar los puestos de libre designación a los estrictamente necesarios” y “acabar con el clientelismo”.

Respecto al control interno y externo de la contratación pública y de los procedimientos urbanísticos, IU propone otras 5 medidas. En primer lugar, una reforma de las leyes municipales “para que todos los alcaldes y concejales tengan la obligación de depositar su declaración de bienes e intereses en un registro público”, para que algunos contratos sean aprobados por el Pleno municipal y no sólo por la comisión de Gobierno o para que todos los grupos municipales estén representados en las empresas públicas. IU propone también una nueva ley de financiación local. La creación de un Registro público de recalificaciones de suelo realizadas en los diez años anteriores, un Cuerpo de Inspectores, ajenos a los Ayuntamientos, que vigilen la legalidad de los planeamientos urbanísticos y una unidad dentro de la AEAT para comprobar los datos fiscales declarados y los datos registrados como plusvalías de convenios urbanísticos y recalificaciones son otras de las medidas.

Para los cargos públicos IU determina que los salarios de los representantes electos no puedan exceder al del funcionario de rango más alto de la administración en la que ejerce su labor. También quieren que se eliminen los planes de pensiones privados u otras prestaciones otorgadas por el hecho de ser cargo público. Sobre los regalos e invitaciones propone realizar una regulación formal y que los obsequios con valor superior a 200 euros sean rechazados o entregados a la institución. Otra regulación propuesta es sobre la incompatibilidades para evitar la simultaneidad con la participación en entidades privadas. Las llamadas “puertas giratorias” también pretenden ser impedidas mediante una medida que propone que en los tres años siguientes al cese de las funciones de un cargo público no se pueda ejercer en “empresas privadas o prestar servicios remunerados en las mismas que desarrollen actividades en los sectores en que desplegaron directamente responsabilidades en el ejercicio de su cargo, cuando las empresas hayan sido objeto de privatización o se beneficien de contratos públicos de servicios externalizados”.

IU también pide renunciar al aforo de diputados, senadores, presidente y miembros del gobierno de forma que sólo quede restringido a hechos relacionados con las actuaciones en órganos de representación política. La revocabilidad de cargos públicos por parte de la ciudadanía se incluirá en la Constitución y se podrá poner en marcha desde la mitad de la legislatura. Otra medida consiste en reforzar la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas sobre el sector público.

Sobre las campañas electorales, IU propone una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral “con el fin de garantizar la representación de los electores en condiciones de proporcionalidad y de limitar drásticamente los gastos de las candidaturas presentadas por los Partidos Políticos”. En este sentido quieren fijación un tope máximo para la cantidad de gasto en campaña, que sea de conocimiento público y se sancione si se incumple.

La financiación de los partidos es precisamente otro punto a reformar por ley, según IU. El fin sería “prohibir las donaciones a los partidos, fundaciones y asociaciones ligadas a éstos, por parte de empresas contratadas, en el momento de la donación o con anterioridad, por las Administraciones Públicas, organismos y empresas públicas”. Además, todas las aportaciones económicas a los partidos deben ser públicas y de libre acceso. Se prohibirían también las donaciones anónimas y las realizadas por parte de personas jurídicas.

Por último, IU establece la necesidad de un Código Ético del cargo público. En él se firmarían los compromisos de denunciar los datos de corrupción, asumir las responsabilidades políticas, solicitar la dimisión de los corruptos o abstenerse de solidarizarse con los imputados. Respecto a las medidas contra el transfuguismo se pretende convertir en ley el pacto ya firmado. De este modo se obligaría a los diputados tránsfugas a devolver su escaño así como se impediría formar gobiernos locales o autonómicos con aquellos que hubiesen desertado o que los tránsfugas puedan formar grupo parlamentario propio.