El día después del condenado Baltasar Garzón

Condenado a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, la vida del todavía juez, Baltasar Garzón, va a dar, necesariamente un vuelco. En primer lugar, un vuelco profesional, porque, de cumplirse la condena en su totalidad, Garzón no podrá reincorporarse a la carrera judicial hasta pocos meses antes de cumplir los 67 años. Esto significa que estará a poco más de tres años de llegar a los 70, edad en la que los magistrados deben jubilarse forzosamente, de acuerdo con el Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial. Hasta entonces, quienes le conocen y algunos de sus compañeros de la carrera judicial, aseguran que Garzón podrá dedicarse a la asesoría, la docencia, a impartir clases magistrales y dar conferencias o a trabajar en un bufete, pero lo que tienen claro que va a hacer Garzón es seguir defendiéndose con las pocas vías que le quedan a su alcance.

Fuentes próximas al magistrado de la Audiencia Nacional dan por seguro que Garzón recurrirá en amparo al Tribunal Constitucional, argumentando que la Sentencia dictada ayer por el Tribunal Supremo vulnera un derecho fundamental, recogido en el Artículo 24 de la Constitución Española: la tutela judicial efectiva y que, en definitiva, establece el derecho a la defensa de los derechos del reo ante un juez independiente e imparcial, así como el derecho a obtener una resolución justa y motivada en defensa de sus intereses legítimos. En este punto, subrayan el hecho de que ha habido varias recusaciones de magistrados y que, para condenar por prevaricación tiene que estar probado que hubo dolo, negligencia grave o imprudencia temeraria, tal como establecen los artículos 446, 447,448 y 449 del Código Penal. Por ello, Garzón y sus abogados trabajan ahora con la sentencia y, especialmente, con la motivación y la argumentación de la misma.

Además, vista la repercusión internacional que están teniendo los juicios contra Baltasar Garzón, algunos de los compañeros de carrera que le han acompañado y apoyado en esta peripecia judicial apuntan que Garzón tiene en mente recurrir también su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Son las únicas vías que tiene Garzón para tratar de revertir la sentencia dictada ayer por el Tribunal Supremo. Y está dispuesto a recurrir a ambas. Sin embargo, tanto el Tribunal Constitucional, como el Tribunal de Estrasburgo no se caracterizan por la celeridad con que resuelven las cuestiones de las que entienden. Pueden pasar años hasta que Garzón obtenga respuesta a sus recursos.

Mientras, en España, la justicia seguirá su curso y, en las próximas semanas, conoceremos la sentencia del juicio por la investigación de los crímenes del franquismo, que, de confirmarse las tesis que numerosos expertos han compartido con cuartopoder.es, podría ser absolutoria. Pero el último caso que tiene pendiente con la justicia Garzón, los supuestos cobros irregulares del Banco de Santander, dejaría de ser instruído por el Tribunal Supremo, puesto que, además de perder su puesto de trabajo, Garzón perderá su condición de aforado en cuanto el Consejo General del Poder Judicial dé salida a su inhabilitación, algo que podría ocurrir en el pleno que se celebrará el próximo martes o la semana siguiente.

El caso que se refiere a los pagos que el magistrado recibió del Banco Santander pasará pues a manos de un juzgado ordinario de Madrid y a él tendrá que dirigirse Garzón cuando sea requerido.

Desde el entorno del Garzón e incluso algunos compañeros de carrera que confiesan abiertamente que no forman parte de su núcleo de amistades hacen hincapié en el hecho de que, con esta sentencia se ha abierto una vía peligrosa, que permite que, a partir de ahora, un error en la instrucción de un caso pueda desembocar en una larga inhabilitación del juez en cuestión y subrayan que, hasta la fecha, lo que se acostumbraba a hacer cuando se estimaba que una diligencia no era correcta era anularla y apartarla del sumario, pero no apartar al juez de la carrera.

Para algunos, Garzón ha sido chivo expiatorio, para otros, víctima de sí mismo, pero todos sus compañeros de carrera coinciden en señalar la dureza de la sentencia, solamente superada recientemente por el juez Francisco Javier de Urquía, a quien el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía condenó a dos años de prisión y 17 de inhabilitación, por prevaricación y cohecho. El TSJA consideró probado que el juez había recibido sobornos del que fuera Gerente de Urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca y que ello le llevó a tomar decisiones injustas en su juzgado, como por ejemplo, la prohibición de un programa de televisión que trataba la corrupción en Marbella y en el que se trataba ampliamente de la figura de Roca. Pero, ironías de la vida, fue el mismo Tribunal Supremo que ayer condenaba a Garzón, el que ha anulado la condena por prevaricación, por considerar que no estaba probado que se diesen estrictamente los supuestos que contempla el Código Penal en sus artículos 446, 447, 448 y 449.