La discriminación racial en España, un problema invisible con vacíos legales

Hace dos semanas, un grupo de jóvenes asaltó un centro de menores extranjeros no acompañados en Castelldefels, Cataluña. Fue un ataque violento en el que fueron agredidos menores, educadores y se destrozó el mobiliario del centro. No es un hecho aislado porque solo en este territorio se han registrado incidentes similares contra niños migrantes en las últimas semanas: el pasado 28 de febrero un grupo del Centro Can Xatrac, Canet de Mar, fue acosado a través de una protesta contra su presencia en la localidad y el pasado cinco de marzo un hombre armado con un machete ingresó a un centro donde viven medio centenar de menores, aunque nadie resultó herido.

Este tipo de incidentes “sin precedentes” que han tenido lugar en las últimas semanas preocupan a organizaciones como Amnistía Internacional, que denuncian “la falta de prioridad para la adopción de medidas políticas y de otro tipo para prevenir y combatir el racismo y la xenofobia, especialmente contra la población migrante y grupos vulnerables como en el caso de menores no acompañados”, ha indicado el director de AI en España, Esteban Beltrán, con motivo del Día de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se celebra este jueves.

Una de las señales de que nos encontramos ante un problema desatendido es que apenas existen datos fiables sobre la discriminación racial. El Consejo español para la eliminación de la discriminación racial o étnica, que empezó a funcionar en 2010 con el objetivo de dar asistencia a las víctimas de incidentes discriminatorios, recogió en 646 casos en 2017, de los cuales 370 son individuales y 276 colectivos. Según la Red Acoge, estas cifras demuestran “la infradenuncia” ya que, por ejemplo, en solo dos meses, junio y julio de 2018, la policía británica registró un total de 6.293 denuncias por delitos de odio.

Aunque tendemos a creer que España es un país poco xenófobo y racista, basta con echar un vistazo al CIS. Una encuesta en España de 2014 indica que el 49,1% de las personas extranjeras, casi la mitad, señalan haber sido víctima de discriminación a lo largo de su vida. En el lado opuesto, el sondeo de 2015 Actitudes hacia la inmigración recoge que el 62% de las personas preguntadas considera que el número de inmigrantes que hay en España en la actualidad es elevado o excesivo, mientras que un 29,6% piensa que la inmigración es negativa o muy negativa.

Las organizaciones que trabajan con personas racializadas o migrantes conocen de cerca la realidad de la discriminación racial. Sos Racismo Madrid atiende casos de todo tipo como racismo en el trabajo, niños que reciben comentarios discriminatorios en el colegio o clubes de fútbol infantiles que rechazan a menores migrantes. “Tenemos a una familia que es la única familia negra de un pueblo. Les insultan, se ríen de ellos y el niño tiene problemas de ansiedad por su situación en el colegio. Cuando la gente acude a a nuestra oficina es porque ya se encuentra desesperada”, relata la presidenta de la organización en Madrid, Paula Guerra.

Según indica la Red Acoge, la gran mayoría de personas que han sufrido un delito de odio por discriminación racial no denuncia en España. Otras veces, según las organizaciones que trabajan sobre el terreno con personas afectadas, las víctimas se quejan de no haber recibido un trato correcto en las comisarías. “Si una persona se acerca y asegura ser víctima de delito de odio, debería constar así en denuncia, aunque no siempre sucede. Tenemos el caso de una chica a la que un policía ni siquiera le quiso registrar la denuncia”, explica Guerra.

El delito de odio, ¿suficiente para juzgar la discriminación en España?

El delito de odio está incluido en el Código Penal con pena de uno a cuatro años de prisión o multa de seis a doce meses. Se basa en “incitar” al odio de una o varias personas por motivos racistas, ideológicos, religiosos etc. El problema, denuncian desde Sos Racismo Madrid, es que es “limitado” para juzgar la discriminación racial porque no recoge todas las formas que existen. Es difícil que sea calificado como delito de odio que nieguen a un niño el acceso a un colegio por ser migrante o que a alguien no le permitan pasar a una discoteca por ser “panchito”. Sin embargo, explica Guerra, estos son ejemplos de cómo se van construyendo los discursos del odio que propagan el racismo.

Según Amnistía Internacional, “el Código Penal debería expresamente incluir en la definición de los delitos de odio, los motivados por la raza, el color, el idioma, la nacionalidad y la identidad de género”. La organización también pide que los sujetos sospechosos de estos crímenes sean puestos a disposición de la justicia mediante una investigación “pronta e imparcial”, que sea realizada de oficio, independientemente de que la persona quiera denunciar.

Otro de los deberes urgentes, según Sos Racismo, es combatir la desinformación. Se debería explicar a la población qué es un delito de odio y por qué se debe denunciar. Al contrario, Amnistía denuncia que la propia clase política es muchas veces la que propaga este tipo de mensajes. “Las autoridades públicas deben condenar públicamente cualquier ataque racista y dejar claro que no se tolerará ningún ataque basado en la discriminación”, ha exigido la organización.