Adiós al “timo” del canon digital: ¿y ahora qué?

Desde 2012 se estaba produciendo una situación atípica en España: todos los usuarios, realizaran copias privadas de archivos u obras con derechos de autor, supieran encender un ordenador o conectarse a Internet o no, estaban pagando el denominado canon digital. 

Con este nombre se conoce al sistema de financiación por el que se compensa a los autores por las copias privadas que se realicen de sus obras. El sistema fue diseñado por el Partido Popular hace cuatro años, cuando modificó el modo de cobro de una tasa que viene aplicándose desde 2006.

Desde 2012 el canon ya no se aplica únicamente a los consumidores que adquieren un bien susceptible de albergar una copia digital, como un CD, por ejemplo, incrementando ligeramente el precio del producto, sino que recae sobre los Presupuestos Generales del Estado. Es decir lo pagamos todos, tanto usuarios como empresas.

La forma de financiar esta tasa parecía poco equitativa desde el primer momento pero el Tribunal de Justicia europeo ha tardado cuatro años en manifestar su descontento y declararla ilegal. Lo hace ahora señalando que no se ajusta al derecho comunitario: se estaba aplicando de manera indiscriminada y tanto a personas físicas como a jurídicas, que no tenían forma de evadir el canon en el impuesto de sociedades.

Entonces… si el canon digital ya no se podrá cargar a los Presupuestos Generales del Estado, ¿quién lo abonará? La sentencia comunitaria obliga al Partido Popular a modificar la ley, pero no se establece cómo. Será el gobierno el que tenga que buscar un sistema de cobro legal a ojos de Europa.

Hay quienes defienden que podría volverse a un modelo similar al anterior de la reforma impulsada por José Ignacio Wert en 2012. Hasta entonces, eran las compañías fabricantes de dispositivos con los que se pueden realizar copias privadas las que tenían que soportar el canon. Entre quienes apoyan esta postura se encuentran las entidades que defienden a los autores de obras intelectuales.

Según su solicitud, los fabricantes de telefonía móvil e informática de consumo –CD, DVD, reproductores Mp3…- tendrían que sufragar más de 100 millones de euros al año, la cantidad que las sociedades que gestionan los derechos de autor reparten entre sus socios. Esto podría implicar que las compañías llevaran a cabo una subida de los precios de los productos para contrarrestar el efecto del canon, lo que repercutiría directamente en el bolsillo del consumidor.

Sin embargo, como denuncian varias asociaciones de consumidores, también conviene recordar que desde que en 2012 se les eximió del pago de la tasa (pasando a ser abonada ésta por los Presupuestos Generales del Estado) la mayor parte de las compañías tecnológicas no ha bajado el precio de sus productos, por lo que finalmente el perjudicado vuelve a ser el usuario final.

En un universo digital como el actual, en el que la mayor parte de los internautas ya utiliza servicios de almacenamiento en la nube y sistemas de reproducción de archivos en streaming, como puede ser Spotify para música o Netflix para películas y series, el impacto de la copia privada es mucho menor que hace unos años. Además, es difícil determinar el número de copias privadas que se realizan cada año en nuestro país o si éste ha bajado o subido a lo largo del tiempo.

También hay quien solicita que sean las operadoras de telefonía, en calidad de proveedores de servicios de Internet, y las grandes compañías de la red, como Microsoft o Google, las que asuman el pago del canon digital. La medida podría enfrentar a los gigantes online con el gobierno y llevar a situaciones delicadas, como la que ocurrió con la denominada “tasa Google” y que acabó con el cierre del servicio Google News por parte de la compañía del buscador.

Sea como sea, resolver la situación no es fácil y la principal preocupación ahora debe ser que la medida adoptada por la Unión Europea no repercuta nuevamente sobre el consumidor, aunque sea de manera indirecta. Además, que no lo haga de forma indiscriminada y que no penalice a aquellos que no estén llevando a cabo copias privadas a pesar de que el dispositivo que han adquirido permita llevarlas a cabo.

Es precisamente este punto el que ha llevado al Tribunal de Justicia europeo a tumbar el canon digital actual: el sistema no garantiza que sean los usuarios de copias privadas los que soporten la compensación por derechos de autor. Finalmente, la están pagando todos.