El nuevo Irak no da miedo, "aterra"

Entre tanta revolución y represión árabe, la situación en Irak pasa desapercibida. Retirados los soldados norteamericanos, el Gobierno de Bagdad se desvela incapaz, como todos temían, de controlar la seguridad del país. Los atentados sectarios se multiplican y amenazan con hacer explotar la fragilísima convivencia de la que disfrutaba el país. Y el comportamiento irresponsable de sus gobernantes, en especial el primer ministro chií Nuri al Maliki, que pretende arrestar a su vicepresidente suní Tareq al Hashimi por su presunta vinculación con grupos terroristas –el mismo primer ministro al mando de fuerzas especiales que operan instalaciones secretas donde se tortura, según las ONG internacionales- empuja a la antigua Mesopotamia a reanudar un conflicto civil que nunca terminó.

No sólo hay que ser pesimistas por lo que espera al Irak de Maliki, que se confirma rápidamente como una autocracia bendecida por la comunidad occidental en otra burla global al respeto por el juego democrático y los Derechos Humanos. El presente de Irak no da motivos para la esperanza. La máxima responsable de la oficina de Derechos Humanos de la ONU, la jueza Navi Pillay, lamentaba estos días el sobrecogedor aumento de ejecuciones que está viviendo el país árabe, donde la pasada semana se llegaron a ejecutar a 34 presos en un solo día. Una cifra escalofriante teniendo en cuenta la corrupción que rodea al sistema judicial iraquí, donde las confesiones se arrancan a golpes, las sentencias pueden ser ignoradas por los carceleros y un soborno puede absolver a cualquiera.

“Incluso si se trata de procesos acordes a los estándares más justos, se trataría de un número aterrador de ejecuciones en un solo día”, denunció Pillay en referencia a las sentencias aplicadas el 19 de enero. “Dada la falta de transparencia en los procedimientos del tribunal, las grandes preocupaciones sobre la equidad de los juicios y el amplio rango de delitos por los cuales se puede aplicar la pena de muerte en Irak es una cifra realmente chocante”.

Desde mediados de noviembre se estima que 63 personas han sido ejecutadas en Irak. Existen 48 delitos por los que se puede aplicar la sentencia capital incluido los daños contra la propiedad pública en determinadas circunstancias. El 24 de noviembre, 12 personas fueron ejecutadas por su implicación en la muerte de 70 personas en una boda en el año 2006, algo que según el general Hamid al Mousawi, responsable en el Ministerio de Justicia, “está encaminado a actuar como disuasión para prevenir la repetición de crímenes semejantes en el futuro”.

Desde 2004, el número de presos condenados a muerte sobrepasa los 1.200 según estima la ONU, aunque se desconoce el número exacto. “Lo más preocupante es que no tenemos un solo informe que hable de alguien condenado que haya sido indultado, pese a que existen casos comprobados de confesiones extraídas bajo coacción”. Pillay ha pedido a Irak que implante una moratoria de la pena de muerte, sumándose a los otros 150 países que o bien lo han hecho o bien han abolido la pena capital. Irak “debe parar todas las ejecuciones y revisar con urgencia los casos de los condenados en el corredor de la muerte”, ha afirmado la jueza.

Mientras, en su informe anual presentado estos días en Egipto y centrado en promover la defensa de los Derechos Humanos en lugar de los regímenes que los socavan, Human Rights Watch también hacía un sombrío balance del nuevo Irak. Su directora para Oriente Próximo, Sarah Leah Whitson, aseguraba que “está deslizándose rápidamente hacia el autoritarismo” y lamentaba que “a pesar de las garantías norteamericanas de que había ayudado a crear una democracia estable, la realidad es que lo que ha quedado es un Estado policial en ciernes”.

HRW criticó severamente la represión de las manifestaciones populares que vivió Irak el pasado febrero, coincidiendo con las revoluciones regionales, y en las que los ciudadanos exigían transparencia administrativa y el final de la corrupción. Al menos 14 personas murieron en la operación militar lanzada por Maliki para disolver las protestas. Además, el informe de la ONG constata que las fuerzas de Seguridad iraquíes abusan de forma rutinaria de los manifestantes, acosan a los periodistas, torturan a los detenidos e intimidan a los activistas por los Derechos Humanos.

Y si el nuevo Irak no es un ejemplo de nada, su tutor tampoco. El máximo responsable de la matanza de Haditha, sargento Frank Wuterich, donde 24 civiles iraquíes, entre ellos cinco niños, fueron asesinados a tiros como venganza a un ataque con bomba contra una patrulla norteamericana, no pagará los 24 asesinatos con cárcel. Los 90 días de confinamiento que le han sido impuestos no serán necesarios por motivos administrativos. Los otros siete miembros de la patrulla que dispararon bajo las órdenes de Wuterich -"primero disparad y luego preguntad", fue la consigna- ya fueron absueltos. Las dos justicias aterran.