Catalá provoca el hastío de la judicatura

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, gusta de arriesgar el tono que imprime a sus intervenciones públicas, con las que procura desviar el foco de atención de asuntos que le resultan espinosos. Es ese un grave inconveniente para un miembro del Gobierno que tras siete meses en el cargo ha sido noticia por la enmienda a la totalidad que ha planteado a la gestión de su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, pero que no ha impulsado una producción legislativa propia digna de ese nombre. No queda legislatura suficiente para hacerlo, así que la judicatura le considera ya un inane paréntesis, un ocupante fugaz de un departamento en el que deja como herencias frivolidades como su apuesta por modernizar la administración de Justicia a golpe de SMS o sancionar a los medios de comunicación que informen sobre investigaciones judiciales protegidas por un secreto del sumario que sigue sin disponer de una adecuada regulación.

El pasado miércoles, en un coloquio celebrado en el Círculo Ecuestre de Barcelona, Catalá defendió que es necesario “sancionar con firmeza” a quienes filtren a la prensa datos procedentes de sumarios judiciales y apuntó que "un buen debate sería trasladar la sanción al medio e imponer la obligación de la no publicación de la información, no estaría de más que pudiésemos debatir sobre esto si de verdad nos creemos que es bueno no vulnerar el principio de presunción de inocencia".

La reacción de la prensa fue la esperada. La Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), su asociación más poderosa, la de Madrid (APM), además del Colegio de Periodistas de Barcelona, la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR) y la Plataforma para la Defensa de la Libertad de Información contestaron con sendos comunicados muy críticos con la postura del ministro.

Catalá tuvo que matizarse a sí mismo para calmar las aguas: su ministerio no tiene sobre la mesa "ningún proyecto" para sancionar a los medios, sus palabras quisieron ser una "reflexión" sobre la necesidad de que la sociedad y los poderes públicos analicen si es necesario reforzar la protección de la presunción de inocencia y mejorar la “confidencialidad” de las actuaciones judiciales.

Más grave que la reacción corporativa de la prensa debiera parecerle a Catalá el mudo malestar despertado en la judicatura, atravesada por una sensación a medio camino entre la decepción y el hastío. Porque los jueces reclaman desde hace años un nuevo proceso penal que supere las graves lagunas de que adolece el actual –aprobado en 1882-, entre ellas la normativa sobre el secreto del sumario y los mecanismos de protección de la investigación judicial frente a factores externos, entre los cuales los medios de comunicación gozan de alto protagonismo.

Fallido Código Procesal Penal

Las palabras del ministro no provocaron una respuesta oficial de los jueces a través de sus organizaciones corporativas. Pero son muchos los magistrados que no callan su cansancio ante una manera de entender la gestión pública, en lo que a la administración de Justicia se refiere, que consiste en llenar los periódicos de declaraciones altisonantes sin que ello se traduzca en iniciativas reales que ayuden a mejorar la actividad judicial.

Malestar acrecentado porque el mismo ministro que lanza a debate público un asunto que les ocupa y les preocupa es el que ha enterrado en el cajón del olvido un proyecto legislativo que contenía una propuesta para abordar ese asunto. Se trata del proyecto de nuevo Código Penal Procesal que una comisión de expertos dirigida por el hoy presidente de la  Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, elaboró a impulso del  anterior titular de Justicia.

El artículo 132 de aquel código nonato habilitaba a los tribunales a vetar la publicación de datos procedentes de causas judiciales cuando su difusión pudiera “comprometer gravemente el derecho a un proceso justo o los derechos fundamentales de los afectados”. Cuando aquel texto fue presentado en sociedad, la prensa bramó escandalizada. Pero a los jueces les gustó la música, que recoge en parte el modelo establecido en la mayoría de los países de la Unión Europea.

El 'Code de Procédure Pénale' implantado en Francia en 1958 establece en su artículo 11 que, “salvo en los casos en que la ley disponga otra cosa y sin perjuicio de los derechos de defensa, el proceso durante el curso de la ‘enquête’ y de la ‘instruction’ es secreto”. Y la Ley 2000-515 considera delito filtrar información procesal que pudiera perjudicar intereses de las partes, y responsabiliza a los medios por difundirla. El italiano Codice di Procedura Penale de 1989 recoge un modelo similar. En Alemania, el parágrafo 353 d) del Código Penal (Strafgesetzbuch, StGB) penaliza la violación del secreto cuando se difunden ciertas informaciones prohibidas antes de que los autos sean elevados a vista pública.

El Reino Unido dispone del ‘contempt of court’, una especie de desacato al tribunal que permite prohibir la difusión de noticias y comentarios sobre un proceso judicial para preservar la independencia e imparcialidad del juzgador. El modelo británico se ha convertido en un estándar avalado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en varias sentencias ha admitido que tanto el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 como el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 permiten derogaciones justificadas del principio general de publicidad de las actuaciones judiciales en la fase de investigación penal cuando responden a un fin legítimo, reforzar la autoridad del poder judicial, aunque el predominio de la libertad de información obliga a realizar una interpretación restrictiva.

Cortina de humo

¿Peligra la libertad de información en la UE? No. ¿Es habitual que los periodistas europeos sean condenados por informar sobre la actuación de los tribunales? No. Estas normas, y hay muchos más ejemplos, están incluidas en más extensas y complejas leyes que regulan la actuación judicial y la labor periodística. Discutibles todas ellas, ofrecen a jueces y periodistas un cauce mejor que el español para cumplir sus respectivas obligaciones sin perjudicar la investigación y sin afectar los derechos de las partes afectadas por el proceso penal.

Eso es lo que reclaman los jueces españoles y ya saben que tampoco lo conseguirán esta legislatura porque así lo ha decidido el actual ministro. Por eso les han molestado sobremanera sus declaraciones, que provocaron el humo suficiente para que la prensa obviase que, apenas 24 horas después, la mayoría del PP en el Congreso rechazó todas las enmiendas a la totalidad presentadas contra la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Un proyecto condenado a devenir inútil porque limita a seis meses –prorrogables bajo determinadas condiciones- el periodo de instrucción de los sumarios, medida que de cumplirse impediría casi cualquier investigación penal.

Claro que a lo peor esa era la intención del ministro. El ruido de su apuesta por sancionar a la prensa apagó el debate parlamentario de la reforma de la LECrim y ayudó a olvidar el avispero en el que se ha convertido el futuro del Registro Civil, otra herencia que le ardía en las manos sin que haya sabido darle solución adecuada.

Si ese era el objetivo, puede considerarse fallido, porque Catalá apenas consiguió extender la sospecha que lo que le movió fue la preocupación que en el Gobierno  y su partido levanta la marcha del caso Gürtel, o el desarrollo de la operación Púnica, o el futuro del affaire Rodrigo Rato. El ministro ya sorprendió a propios y extraños cuando criticó la presencia de la prensa en la puerta del domicilio del exvicepresidente el día de su arresto. Intentar en ese contexto abrir un debate social sobre la conveniencia de impedir que los medios de comunicación informen de ese tipo de asuntos incluye un componente de sarcasmo poco edificante.