La jueza Alaya y la ‘caja de Pandora’

Aunque se libra en silencio, los movimientos que se suceden desde hace semanas en torno al control del sumario que investiga los ERE gestionados de manera irregular por la Junta de Andalucía constituyen una auténtica batalla, sorda pero campal, en la que contienden jueces, instituciones judiciales y políticas y los dos partidos más interesados en influir en la marcha de ese proceso, PP y PSOE. Algunas escaramuzas ya han dejado vencedores y vencidos, pero nadie se atreve a pronosticar quién ganará la contienda. Esta vez, la jueza Mercedes Alaya no las tiene todas consigo. El concurso de traslado convocado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado diciembre afectó a 364 plazas vacantes, de las cuales 41 estaban cubiertas por magistrados en comisión de servicios. Era el caso de Pablo Ruz, titular suplente del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional. Casi todo el mundo entendió que aquello fue una maniobra para apartarle del caso Gürtel, que se ha convertido en un pozo sin fondo de problemas para el PP y el Gobierno de Mariano Rajoy, algo de consecuencias imprevisibles en un año tan electoral como 2015.

El problema de abrir la caja de Pandora es que nadie sabe lo que esconde en su interior. El concurso dio nuevo destino a 236 magistrados, entre ellos la juez de Instrucción 6 de Sevilla. Para sorpresa de muchos, Alaya solicitó una de las cuatro nuevas plazas creadas en la audiencia hispalense incluidas en el concurso. Por antigüedad, la obtuvo sin problemas, lo que dejaba el caso ERE y las pesquisas que de él se derivan sin su temida instructora. O no, porque a fecha de hoy es todavía muy difícil precisar quién controlará esos sumarios.

Que Alaya dejase el juzgado no despertó excesiva expectación. Las 190 vacantes provocadas por los magistrados que cambiaron de destino fueron de inmediato ofertadas a la carrera judicial. Como si de una estrategia prefijada se tratase, en Sevilla todo el mundo dio por descontado que el Juzgado de Instrucción 6 de la capital sería para el magistrado Álvaro Martín, allí destinado como refuerzo desde septiembre de 2013. Presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Andalucía Occidental, se le considera de la absoluta confianza de la instructora del caso ERE.

Para evitar el vacío, la jueza pidió y obtuvo del CGPJ permiso para retrasar su salida hasta la incorporación del nuevo titular de su juzgado. Mientras, en la Audiencia Provincial de Sevilla su presidente, Damián Álvarez, invocaba el criterio de la antigüedad para asignar a Alaya a la Sección Séptima, precisamente la encargada de resolver las apelaciones presentadas en el sumario de los ERE fraudulentos. Todo parecía atado y bien atado.

Por los aires

Todo saltó por los aires hace dos semanas, cuando se supo que la nueva titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla sería María Ángeles Núñez Bolaños, hasta el momento al frente del Juzgado de Primera Instancia 17 de la capital andaluza y con mayor antigüedad que Martín. En 21 años de carrera judicial, esta magistrada nunca antes había solicitado un destino en la jurisdicción penal. Hubiera podido pedir también el Juzgado de Instrucción 17, pero sólo pidió el 6, lo que levantó no pocas suspicacias. Ciertos sectores judiciales y políticos conservadores creen que todo se reduce a una maniobra del consejero andaluz de Justicia, Emilio Llera, para colocar a una instructora “menos hostil” al frente de los sumarios que afectan a la Junta de Andalucía.

Además, un día antes de que la Comisión Permanente del CGPJ confirmase a Núñez Bolaños al frente del Juzgado de Instrucción 6, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aprobó un plan de refuerzo para ese órgano con dos jueces destinados en comisión de servicio y un tercero en adscripción territorial, llamados a ayudar a la titular de la plaza a reducir la carga de trabajo pendiente. Ese diseño deja el control de los sumarios que afectan a la Junta de Andalucía en manos de la titular del juzgado porque en el reparto del trabajo con los jueces de apoyo ella lleva la voz cantante y si decide asumir la instrucción del caso ERE nadie puede impedirlo.

La adscripción de Alaya a la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla está además en el aire después de que los cuatro magistrados que la integran mostrasen “su profunda preocupación por la imagen" que percibirá la ciudadanía del funcionamiento de la justicia si pasa a compartir despacho y tribunal con ellos, que son los encargados de resolver las apelaciones presentadas contra sus decisiones en el caso ERE. Esa posibilidad crea una situación preocupante "por su repercusión política [del caso ERE], del todo inaudita en el ámbito judicial andaluz”. Sus argumentos convencieron al presidente del TSJA, Lorenzo del Río, que reclamó al presidente de la audiencia que se repensase su propuesta.

La única opción

En esa tesitura, la jueza Alaya optó por arriesgar y solicitó al CGPJ seguir en el Juzgado 6 de Sevilla en comisión de servicio, pero sólo para instruir tres sumarios concretos: el que investiga los ERE irregulares y dos que nacieron como investigaciones colaterales del anterior, el fraude en las ayudas a la formación de parados y los avales y subvenciones concedidos a empresas por la agencia Idea. Su propuesta se enfrenta al TSJA, porque obvia el plan de refuerzo, y pone en un duro brete a su Sala de Gobierno y al CGPJ.

Esos tres sumarios componen una completa inquisición sobre toda la política de subvenciones a empresas y ayudas a la formación para el empleo de la Junta de Andalucía en la última década. El Gobierno autonómico no deja de recordar en las últimas semanas que la investigación sobre la agencia Idea llevaba un año dormida hasta que la jueza Alaya la reactivó con la imputación de cuatro exaltos cargos de la Consejería de Innovación… apenas a un mes vista de las elecciones andaluzas.

En una posterior resolución, la jueza defendió que atribuirle la intención de interferir en los comicios es “una interpretación sesgada y alejada de la realidad”. Pero recuerda la Junta que apenas 48 horas después de las votaciones, cuando se iniciaban los contactos para la sesión de investidura, desencadenó la operación Barrado, en la que fueron arrestados 16 exaltos cargos de la Consejería de Trabajo y el Servicio Andaluz de Empleo por el fraude en los cursos de formación. Hasta el decano del colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, calificó de “desproporcionadas” e “innecesarias” esas detenciones “masivas” y acompañadas “de difusión mediática”.

Esos son los episodios que explican por qué la Junta andaluza y el PSOE quieren a la jueza Alaya lo más lejos posible de esos sumarios y por qué el PP maniobra para que mantenga el control sobre ellos. La decisión última corresponde a la Comisión Permanente del CGPJ, que antes debe recabar la opinión no vinculante de la Sala de Gobierno del TSJA. El sector más conservador del consejo cree posible integrar la petición de Alaya en el plan de refuerzo del juzgado. Algunos vocales progresistas denuncian que nada justifica que la jueza deje vacante la plaza de la audiencia a la que optó de manera voluntaria para volver al juzgado del que salió también motu proprio.

El enigma, según vocales del órgano de gobierno de los jueces, no se resolverá antes del próximo 24 de mayo, fecha de las elecciones municipales y autonómicas, y ninguno se atreve a hacer un pronóstico, aunque la mayoría se barrunta que, sea cual sea la decisión final, visto lo ocurrido hasta ahora no cabe esperar nada bueno. Como de la caja de Pandora.