Una descoordinación en el Gobierno obliga a cambiar tres proyectos legislativos

El 35 % de los diputados que han pasado por el Congreso son licenciados en Derecho; incluso ha habido 24 abogados del Estado y, además, un 6,28 % de los diputados han sido o son catedráticos en distintas materias. Sin embargo, pese a este elevado porcentaje de expertos en leyes, en las Cortes Generales se siguen realizando auténticas 'chapuzas' de leguleyos: se aprueban 'de rondón' disposiciones de gran calado social o laboral utilizando la reforma de otras leyes que nada tienen que ver con el asunto que se está cambiando. Pero no sólo es una descoordinación entre el Legislativo y el Ejecutivo: también lo es entre los distintos Ministerios del Gobierno de Rajoy.

La última "chapuza legislativa", según revela el Grupo Socialista a cuartopoder.es, es la realizada por el Gobierno en torno al Proyecto de Ley de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa. Se trata de uno de esos 'proyectos estrella' que fueron anunciados a bombo y platillo por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría tras su aprobación por el Consejo de Ministros como si fueran de trascendental importancia para la disminución del gasto público, aunque luego sus efectos reales en este ámbito queden muy reducidos.

Ahora bien, con este Proyecto de Ley (actualmente en tramitación en el Senado) ha ocurrido, además, que el Grupo Popular, mayoritario en ambas Cámaras, ha tenido que utilizar el trámite de enmiendas para introducir reformas que no sólo versan sobre materias ajenas al contenido de la iniciativa legislativa en discusión, sino que suponen graves contradicciones entre distintas normas legislativas que afectan a diversos Ministerios. Según fuentes socialistas, "se trata de una actitud de maltrato del procedimiento y de la técnica legislativa y de claro incumplimiento de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional".

Resulta que mediante una enmienda planteada por el PP en el Congreso (la número 104 en concreto) se incluyó en ese Proyecto de Ley de reforma de la administración una nueva Disposición final para la modificación de la Ley 39/2003 del... ¡Sector Ferroviario! algo que, evidentemente, no tiene nada que ver con la iniciativa sobre el sector público que se estaba discutiendo.

Es un conocido 'truco' parlamentario usado para 'colar de rondón' preceptos de otras leyes en proyectos ajenos a las mismas y que no tienen nada que ver la una con la otra; pero en este caso es aún peor, porque esa enmienda sobre el sector ferroviario introducida de extranjis por el PP en el Proyecto de Ley de racionalización del sector público ya estaba contenida en el Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y transporte y otras medidas económicas (publicado en el BOE el 25 de enero de 2014). "¿Es que los legisladores han perdido el juicio?", se preguntan en el grupo socialista.

Pero lo cierto es que no se trata de una enmienda innecesaria ni de un error del Partido Popular. La explicación es mucho peor: es una auténtica chapuza legislativa que se estaba engendrando cuando se aprobó ese Decreto-Ley de infraestructuras y transporte de enero de 2014, porque esos mismos artículos de la Ley del Sector Ferroviario estaban siendo ya modificados, en ese mismo momento, por un proyecto que se encontraba en tramitación en el Senado: el Proyecto de Ley para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social.

Ese proyecto del Senado, cuya aprobación definitiva como Ley 1/2014 se produjo en el Congreso una semana después del debate de convalidación del Decreto-Ley comentado, vino a modificar en su artículo 2 la redacción que se había dado a esos artículos, por lo que la enmienda presentada por el PP de forma tan inusual en el Proyecto de Ley de racionalización del sector público resultaba imprescindible para recuperar la redacción aprobada por el Consejo de Ministros en el mes de enero.

Una auténtica locura que se sólo puede explicar de la siguiente forma: es una chapuza legislativa de tal calibre, que los populares han tenido que enmendarse a sí mismos hasta en tres ocasiones para corregir tres errores legales distintos... en otros tantos textos legales que se han ido tramitando paralelamente.

Llegados a este punto, hay que preguntarse por qué una ley cuyo título se refiere a la protección de los trabajadores a tiempo parcial entraba a modificar en el segundo de sus artículos la Ley del Sector Ferroviario, cosa realmente increíble. Es una gran chapuza de leguleyo que, según el Grupo Socialista, "lo que ha venido a demostrar es una asombrosa incapacidad de los ministros responsables de las iniciativas contradictorias que se tramitaron, pero especialmente de la Vicepresidencia del Gobierno para ejercer las funciones que el ordenamiento jurídico le atribuye, como son la coordinación del Ejecutivo, la preparación, desarrollo y seguimiento del programa legislativo y las relaciones con las Cortes Generales".

Tanto el diputado Rafael Simancas, portavoz socialista en el debate de convalidación del Decreto-Ley, como la diputada Concepción Gutiérrez, representante del mismo grupo en la aprobación definitiva de la Ley 1/2014, ya advirtieron del disparate que se estaba ejecutando, pero no les hicieron ni caso. Ambos avisaron de que el Grupo Popular había aprobado en el Senado una modificación de los artículos 77 y 81 de la Ley del Sector Ferroviario introduciendo una serie de modificaciones sobre los trámites a llevar a cabo por ADIF para establecer los cánones, pero que un día después el PP llevaba al Congreso en un Real Decreto-Ley unas modificaciones de la misma ley en los mismos artículos pero en sentido contrario.

Es decir, para que se vea de forma gráfica esta 'locura legislativa': que el Proyecto de Ley aprobado en el Senado derogaba de hecho el decreto que la ministra de Fomento, Ana Pastor, presentaba un día después en el Congreso. "¿Esto qué es, una tomadura de pelo?", llegó a preguntar Simancas. En ese momento los representantes del Gobierno y del Grupo Popular hicieron caso omiso de las advertencias; pero, después, los populares han tenido que justificar la inclusión de una enmienda sobre el sector ferroviario en un Proyecto de Ley de racionalización del Sector Público... Es decir, rizar el rizo. Y eso que la mayor parte de los diputados son abogados.