Corrupción generalizada en las antiguas Cajas de Ahorro

El caso de las 'tarjetas negras' de Caja Madrid (actual Bankia) no es más que la punta del iceberg de lo que ha ocurrido en los últimos años en España. En otras tres cajas intervenidas por el Estado ha habido novedades judiciales: las dietas supuestamente cobradas en la Caja de Ahorros del Mediterráneo han sido de tal envergadura y complejidad, que la Audiencia Nacional ha decidido abrir una pieza separada sólo para investigar las dietas cobradas por el presidente de la entidad. En ese sentido, el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha dado el primer paso para juzgar a los máximos ex dirigentes de la Caja de Castilla-La Mancha, acusados de concesión irregular de importantes créditos y tratos de favor. Paralelamente, la Audiencia acaba de desestimar el recurso de la Xunta de Galicia contra el FROB por la fijación del valor económico de Novacaixagalicia Banco S. A., que tuvo ser rescatada por el Estado y donde se cometieron supuestamente también grandes desmanes. La corrupción, por lo que se ve, era generalizada.

No hemos salido aún del estupor producido tras conocerse lo que los consejeros de Caja Madrid se han distribuido en 'secreto' con las tarjetas Visa opacas que se repartieron entre ellos cuando acaban de surgir novedades en otras tres antiguas cajas de ahorro, intervenidas también por el Estado a través del Fondo de Ordenación Estructurada Bancaria (FROB). En estas tres cajas con novedades judiciales se han dado parecidos 'ingredientes' a los que hemos conocido estos días en Bankia, gracias al escrito de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizado.

Pieza separada sólo para las "dietas" en la Caja del Mediterráneo

En el primero de los sumarios, el magistrado del Juzgado de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, que sigue el caso del saqueo y quiebra de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (actual Banco CAM, S.A.) ha decidido abrir una pieza separada del sumario central cuyo único objeto será la instrucción y enjuiciamiento de todo lo relativo a la presunta comisión de un delito de apropiación indebida por parte de Modesto Crespo Martínez, a quien imputa una "indebida percepción de dietas" como presidente del Consejo de Administración de la sociedad Tinser Cartera, S. L., participada de CAM. Gómez Bermúdez ha tomado esta decisión de abrir una pieza especial a la vista de los nuevos datos, "dado el número de imputados y la complejidad de la investigación" y después de analizar el informe emitido por el fiscal sobre la presunta comisión de un delito de apropiación indebida por Crespo por la percepción de dietas.

A corto plazo, el tema promete ser también de escándalo, porque la Caja de Ahorros del Mediterráneo (Banco CAM S. A.), intervenida por el del Banco de España y el FROB, tiene un sumario abierto en la Audiencia Nacional por el supuesto saqueo de sus fondos por sus propios directivos. Es decir, algo muy similar a lo ocurrido en Caja Madrid.

El primero de los escándalos por dietas, gastos o indemnizaciones astronómicas estalló en esta Caja en septiembre de 2011, cuando el Banco de España despidió disciplinariamente a María Dolores Amorós, directora general de CAM, por lo que no tendría derecho a indemnización ni a la renta vitalicia anual de 370.000 euros que la ex directora demandaba. Amorós no se conformó y acudió a los tribunales, que no le han dado la razón.

Pero no fue la única: la justicia inició investigación también contra Roberto López Abad, ex director general de la CAM y otros altos ejecutivos (Joaquín Meseguer, ex director general de Participaciones; Vicente Soriano, ex director de Recursos Humanos, y Agustín Llorca, ex director general adjunto); Gabriel Sagristá, ex director de la zona norte de la CAM en Alicante, y Aniceto Benito, ex consejero de la CAM, que se autoconcedieron prejubilaciones por un valor total de 12,8 millones de euros.

En este caso no se trata de tarjetas Visa opacas, pero el montante del dinero gastado fue muy similar, y además se lo repartieron menos personas que en Caja Madrid. Estos y otros directivos habrían llevado a la CAM a la quiebra, como recuerda el juez de la Audiencia Nacional: entre otras cosas, el agujero de la CAM sólo por las inversiones inmobiliarias turísticas en México se ha estimado en unos 4.000 millones de euros según el Banco de España (en Caja Madrid fue la compra de un banco en Miami).

Juicio contra Hernández Moltó: 'volaron' 9.000 millones de euros

La segunda novedad judicial es la relativa a la Caja Castilla-La Mancha, que también tuvo que ser rescatada por el FROB por 9.000 millones de euros. El titular del juzgado número 5 de Instrucción de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha hecho público un Auto en el que lanza duras y graves acusaciones contra el ex presidente y el ex director general de Caja Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó e Ildefonso Ortega, respectivamente. En ese contundente auto judicial, Ruz acaba de dar el primer paso para juzgar a ambos ex dirigentes de la CCM y les acusa de concesión irregular de importantes créditos 'irregulares' -como supuestamente ocurrió también en Caja Madrid- y tratos de favor, entre otros detalles de gran relieve.

Ruz ha dado ahora traslado a las partes para la apertura de juicio oral con dos imputados: Hernández Moltó e Ildefonso Ortega Rodríguez-Arias. Después de años de investigación sumarial, el juez de la Audiencia Nacional acusa a ambos de los delitos de falseamiento de las cuentas anuales y de administración desleal: se 'perdieron' por el camino sobre 9.000 millones de euros. El juez Ruz ha documentado ya contra Moltó muchas y graves acusaciones, aunque ha dejado fuera a otros imputados que tuvieron también cargos directivos en esta caja castellano-manchega, como Federico Andrés Rodríguez Morata, Tomás Martín-Peñato Alonso, Florencio Fernández Gutiérrez, José María Fresneda Fresneda, Emilio Sanz Sánchez y Carlos Jiménez Morante (antiguos miembros de la Comisión Ejecutiva de CCM), y el secretario José Fernando Sánchez Bódalo.

Según el Auto por el que se piden las calificaciones de las partes para la apertura de juicio oral, se atribuye a los dos imputados los delitos societarios de falseamiento de las cuentas anuales y de administración desleal; además, Ruz considera acreditada la existencia de una serie de operaciones de crédito con una "notoria desproporción entre los riesgos concedidos y su probabilidad de recuperación" (algo similar a lo ocurrido en Caja Madrid, con Gerardo Díaz Ferrán, entre otros).

En su Auto, el juez Ruz aprecia "actuaciones contrarias a la normativa bancaria y mercantil" en relación con créditos como los concedidos a Luis Portillo-Inmobiliaria Colonial, Kopan Cartera, T-Solar Global, Renovalia, Residencial Picón, Sersan Integral o Grupo Lábaro, entre otros, por 253,8 millones de euros. De todas las operaciones investigadas, la de mayor volumen es la de un crédito de 60 millones a Zent Inversiones.

Pablo Ruz dice también en su Auto que se concedieron préstamos "sin observar las reglas de la práctica habitual y de la propia normativa interna de la entidad respecto de las garantías exigibles para autorizar dichas operaciones, lo que se tradujo en un trato de favor hacia la parte deudora". Es decir, que los créditos se otorgaron sin las adecuadas garantías, con "importantes ventajas en las renegociaciones posteriores", como la liberación de obligaciones o la pérdida de avalistas sin contrapartida, la aceptación de daciones en pago. Y añade que esa actuación "supuso un claro perjuicio económico a CCM, ya que los préstamos resultaron total o parcialmente impagados y las garantías prestadas resultaron insuficientes para su recuperación".

Novacaixagalicia Banco SA: la Audiencia 'corrige' a la Xunta

El tercero de los escándalos de las Cajas con novedades judiciales es el relativo a Novacaixagalicia Banco S. A., en el que la Audiencia Nacional acaba de desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Xunta de Galicia contra el Acuerdo del FROB por el que se fijaba su valor económico a los efectos de determinar el precio de adquisición de las acciones de dicha entidad por parte del propio FROB.

La Audiencia ha quitado la razón a la Xunta que, en definitiva, quería una valoración mayor de la antigua Caja gallega. Pero la Xunta de Galicia no habla de los escándalos por indemnizaciones, jubilaciones y contratos blindados del equipo directivo de la antigua caja que se siguen investigando judicialmente en la actualidad. Antes de la creación de la nueva entidad - Novacaixagalicia Banco S. A.- se produjo la jubilación anticipada de varios de sus directivos, que abandonaron la misma con cuantiosas prejubilaciones pese a su mala gestión.

Este caso es muy similar al de Caja Mediterráneo y, en definitiva, también en parte al de Caja Madrid. Por ejemplo, José Luis Méndez, ex director general de Caixa Galicia cobró por jubilación 16,5 millones de euros. Aunque en teoría estaba jubilado, Méndez mantuvo la presidencia de la Fundación Claudio San Martín, vinculada a Caixa Galicia, que le proporcionaba coche oficial y secretaria, y estuvo representando a Novacaixagalicia en varias empresas. Hay que recordar que al realizarse la fusión para crear Novacaixagalicia, Méndez fue apartado de su puesto en el consejo de administración por el Banco de España por su gestión al frente de Caixa Galicia.

No fue el único caso: espectacular -aunque aparentemente legal- fue el de José Luis Pego, procedente de Caixanova, que en diciembre de 2010 fue puesto por el Banco de España al frente de Novacaixagalicia a la vista de la mala gestión desarrollada por el equipo directivo de Caixa Galicia. Pero, en septiembre de 2011, después de nueve meses en su cargo, el nombramiento impulsado por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de José María Castellano como nuevo presidente ejecutivo le obligó a abandonar su puesto acogiéndose a la jubilación anticipada. Esta decisión, tomada por la nueva dirección y bajo conocimiento del Banco de España, supuso la liquidación de su contrato firmado en el año 2005 que reconocía el pago íntegro de su salario hasta la edad de jubilación, cantidad que asciende hasta los 4,3 millones de euros netos (7,7 brutos).

Y, en fin, en junio de 2012 la Audiencia Nacional admitió a trámite una querella contra los ex directivos Javier García de Paredes, Julio Fernández, José Luis Pego, Óscar Rodríguez y Gregorio Gorriarán a los que se les atribuía delitos por "administración desleal" por, presuntamente, mejorar sus contratos justo antes de abandonar la compañía, infracción por la que la fiscalía reclamó inicialmente la devolución de 7.875.474 euros.