Enrique Santiago: «La izquierda tiene que solucionar problemas cotidianos del pueblo»

Enrique Santiago (Madrid, 1964) es el nuevo secretario general del PCE. El pasado domingo fue elegido para tal cargo por el Comité Central del partido por 82 votos a favor y uno en contra. Tiene una larga trayectoria política. Fue secretario general de las Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE) desde el año 1990 al 1992. En 2004 disputó a Gaspar Llamazares las primarias para coordinador federal de IU, cargo que finalmente desempeñó el asturiano. Desde entonces, forma parte de los órganos de dirección de IU y del PCE. A partir del 2008, ya con Cayo Lara como coordinador federal, fue el responsable de la Secretaría para la Refundación de IU.

Como abogado tiene también una extensa trayectoria. Fue el secretario general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) hasta 2006; integrante del equipo jurídico que en representación de IU formó parte de la acusación popular contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet por crímenes contra la humanidad; participó en el equipo jurídico en Argentina en el Caso Scilingo en 1996, en la querella del caso Couso en 2004, en la querella por los vuelos secretos de la CIA en el año 2006, en la querella contra George Bush y otros dirigentes norteamericanos por situación presos Guantánamo en el 2007, en la querella por Flotilla por la Libertad a Gaza en el 2010, y en la querella al extesorero del PP, Luis Barcenas, como miembro de la acusación popular de IU, en 2013. Ha desempeñado un papel importante como mediador en el proceso de paz de Colombia.

El pasado lunes, la celebración del 41 aniversario de la legalización del PCE que tuvo lugar en Madrid se convirtió en la fiesta de bienvenida al nuevo secretario general. Allí estuvieron el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, su antecesor al frente del PCE, José Luis Centella, coordinador general de EUiA, Josep Nuet, y numerosas personas del mundo político, cultural e intelectual de la izquierda. Antes de que Santiago tomara la palabra sobre el escenario, le presentaron dos personas bien distintas. En primer lugar, Federico Mayor Zaragoza, ex ministro de Educación y Ciencia con la UCD y ex director general de la UNESCO, y por Yayo Herrero, prestigiosa activista e investigadora del ecosocialismo y el ecofeminismo. Conversamos con el nuevo líder del PCE.

— Llamó la atención que en su presentación, le introdujeran dos personas de perfiles tan distintos como Yayo Herrero y Federico Mayor Zaragoza. Es difícil encontrar en la política perfiles que generen amplios consensos por sus trayectorias. ¿Qué talante debe tener un líder político, un secretario general del PCE?

— Tiene que ser una persona capaz de entenderse con todas las representaciones de la sociedad civil y política española si queremos que el PCE ocupe un papel importante en la política de este país, tal y como lo ha hecho desde que nació a principios del siglo XX hasta la actualidad. Especialmente, para un partido como el nuestro que cree en la necesidad de la unidad popular, es fundamental tener relaciones con todo lo que se mueve en la sociedad con la intención de mejorarla. Quizás todo el mundo no aspire a transformar la sociedad como los comunistas, pero nos tenemos que entender con toda la gente que aspira a mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo.

— Yayo Herrero le hizo una recomendación desde el escenario: que el PCE ponga en el centro las luchas ecologista y feminista. ¿Serán centrales estas luchas?

— Son luchas inherentes a la lucha de clases. En nuestro último congreso, el PCE incorporó a sus definiciones ideológicas conceptos como el ecosocialismo y el feminismo. Está claro que el sistema capitalista es incompatible con el mantenimiento de los ecosistemas de este planeta, devora los recursos del planeta y es incapaz de preservarlo para futuras generaciones. El feminismo es la expresión, hoy en día, de la lucha contra una determinada explotación que también genera el capitalismo, una sociedad con unas características patriarcales que relega a las mujeres a un papel meramente reproductor y de cuidados y, además, sin darles las suficientes condiciones para ello.

— Dada su larga trayectoria como jurista, quería preguntarle por la cuestión catalana. ¿Cómo valora la respuesta judicial del Estado, llegando a procesar a los líderes independentistas de rebelión y de sedición?

— La Justicia se ha visto ante la coyuntura de dar respuesta a una situación que el Gobierno español ha sido incapaz. Es más, no sólo no ha dado respuesta, también ha agudizado el problema tomando medidas discriminatorias hacia el pueblo catalán y los derechos de otros pueblos del Estado. Haber impugnado ante el Tribunal Constitucional artículos del Estatut que están recogidos en el Estatuto de Andalucía literalmente, y que nadie los ha recurrido, es un ejemplo de que la derecha española es incapaz de comprender nuestra realidad histórica plurinacional.

A partir de ahí, la labor de los tribunales en el plano estrictamente jurídico es muy cuestionable por dos motivos. En primer lugar, porque técnicamente dudo mucho que haya rebelión. Cuando en el año 1995 se incorporó la actual definición, en el Código Penal, del delito de rebelión, tal y como han resaltado los tribunales alemanes, requiere de una violencia suficiente para obligar al Estado a actuar de una determinada forma. Cosa que no ha habido, por mucho que se pretenda convertir la movilización política en un hecho violento.

La doctrina que se está creando trasciende el ámbito del independentismo, puede ser aplicada a cualquier movilización social, sindical, a cualquier protesta. La lógica del Supremo es la siguiente: cualquier movilización que resulte masiva y reivindique algo contrario al ordenamiento, por ejemplo la derogación del artículo 135 de la Constitución, por el hecho de ser masiva se convierte en coactiva al Estado y la coacción es una violencia. Es decir, convierten el apoyo popular a una determinada reivindicación en un acto de violencia contra el Estado. Desde mi punto de vista, esto excede los límites de cualquier constitución democrática y convierte la libre expresión y la protesta social en actos de disidencia y en actos de sedición y rebeldía. Es un grandísimo error, es criminalizar la protesta y la disidencia.

— También hemos visto un intento por parte de la Fiscalía de relacionar a los CDR, nada más y nada menos, que con terrorismo…

— Eso ya es cómico. La propia Audiencia Nacional, que no se caracteriza por ser muy permisiva con el terrorismo, se ha encargado de descartarlo. Esta espiral que se abre de intentar solucionar represivamente problemas políticos lleva a situaciones de esperpento que no ayudan nada a mejorar la imagen de España hacia el exterior como país democrático. Los países de la Unión Europea están cada vez más espeluznados con la deriva autoritaria española. Si a eso se le suma que nuestros tribunales procesan más delitos de enaltecimiento del terrorismo, un 75%, que delitos de terrorismo, un 25%, la deriva está clara. Hay una limitación de la libertad de expresión, opinión, manifestación… Cada vez vamos a un Estado más autoritario incapaz de establecer diálogo con la ciudadanía y eso es una estrategia torpe para cualquier poder porque acaba provocando estallidos sociales y políticos.

— Se pone en evidencia que no existe la independencia del Poder Judicial en el Estado español…

— Es obvio que en algunos aparatos del Poder Judicial no existe ninguna independencia, como en el Ministerio Fiscal. En otros países se garantiza una libertad de actuación por parte de fiscales. El hecho de ser un cuerpo jerárquico en nuestro país y que el Fiscal General sea puesto por el Gobierno merma la independencia. Para mí el mayor problema del Poder Judicial es otro, no se ha adaptado a los valores de la Constitución de 1978. Es el único poder que no se ha alterado su composición.

El Poder Judicial, como todos los poderes democráticos, debe ser un reflejo de la sociedad española, una sociedad en la que las opiniones de derechas y de izquierdas están prácticamente equilibradas, pero en el Judicial no es así. Hay una mayoría muy dominante de posiciones conservadoras que se expresa en las votaciones a representantes a las organizaciones profesionales de la Judicatura. Hay que modificar los sistemas de acceso, no sólo hay que valorar la memoria y la capacidad económica del opositor. Para que una persona pueda dedicar años a memorizar los códigos, evidentemente, alguien le tiene que mantener. Hay sistemas en la Unión Europea en los que el acceso a la carrera judicial descansa en una formación continua: una selección de los mejores estudiantes de las universidades para un posterior ingreso en escuelas judiciales donde se valora, además de la memoria, el equilibrio, los valores democráticos y otros factores que aquí no se valoran. Que forme parte del sistema judicial solo quien más memoria tiene, no me parece un buen sistema.

— Vemos cómo el PSOE está apoyando cada uno de los pasos que da el Poder Judicial en relación al conflicto de Catalunya. Se ha alineado, en este sentido, claramente con PP y Ciudadanos. ¿Cómo ve al PSOE? ¿Cree que puede ser un compañero de viaje y de futuros gobiernos para el PCE?

— Nos encantaría que cualquier fuerza que se llama de izquierdas se sumara a los procesos de reivindicación de más derechos para la ciudadanía. Lo cierto es que el PSOE siempre acaba apoyando políticas neoliberales o de restricción de derechos. El PP ha aprobado una Ley de Seguridad Ciudadana muy dura, pero la solución no es que el PSOE reivindique la patada en la puerta de Corcuera. El PP ha puesto en práctica una reforma que termina con la Justicia Universal en materia de Derechos Humanos, pero es que ya el PSOE hizo una reforma que limitaba este ejercicio sensiblemente. Las pensiones públicas, ya hubo una reforma del PSOE que las limitaba.

Quien impulsó la supeditación del gasto público al techo de gasto fue el PSOE mediante la reforma del 135 de la Constitución, que es lo que ha provocado situaciones tan kafkianas como que el Ayuntamiento de Madrid, habiendo reducido la deuda heredada del PP a más de un 10% anual y teniendo superávit, no pueda hacer políticas sociales expansivas ni impulsar el empleo. Eso son consecuencias de las políticas económicas de un partido que pretende ser socialista y de izquierdas. No vale llenarse la boca de palabras, hay que ponerlo en la práctica. Al PSOE no se le puede olvidar que tras las elecciones de junio del 2016 renunciara a sacar al PP, un partido corrupto, del gobierno.

— Volviendo a Catalunya y aprovechando que ayer fue 14 de abril, hablemos del rey. Para mucha gente, el discurso de Felipe VI del 3 de octubre supuso una dejación de su función arbitral en un conflicto y un pistoletazo de salida para la consolidación del “bloque monárquico” de PP, PSOE y Ciudadanos…

— La Monarquía, por definición, es una institución absolutamente antidemocrática e ilógica. Que por derecho de sangre haya una familia que tenga un derecho natural para gobernarnos a todos es insoportable. No es cierto que el rey no gobierne y sólo reine, el rey es el jefe de las Fuerzas Armadas. En cualquier país democrático, este cargo debería ser elegido democráticamente. Además, en la Transición, la oligarquía pretendió atribuir la legitimidad de la democracia al origen dictatorial, es decir, hubo un tránsito y no una ruptura y quien designó al rey fue el dictador. Al margen de esta consideración histórica, las monarquías son una minoría en el mundo, desde el Siglo de las Luces han ido desapareciendo pues exigen espacios no democratizados.

— Y concretamente, ¿cómo valora la actuación del rey en su discurso del 3 de octubre?

— Tenemos una posición clara respecto al modelo territorial del Estado. El PCE entiende que todo el mundo tiene derecho a manifestarse en una democracia sobre su futuro y el del pueblo al que pertenece, creemos que este país es una realidad plurinacional, pero defendemos la unidad de todos los pueblos del Estado en un proyecto de libertad y democracia profunda, una república.

El discurso del 3 de octubre fue de una absoluta torpeza política, si de lo que se trata es de que la Jefatura del Estado haga un equilibrio entre los distintos poderes, es obvio que el rey no hizo ningún esfuerzo en este sentido. Si el rey pretende ser el rey de toda la ciudadanía, también debería intentar serlo de aquella gente con puntos de vista distintos. El rey perdió una oportunidad de oro de cumplir una función política para resolver el conflicto catalán que el Gobierno español es incapaz de darle. Desde ese discurso, la Monarquía está inhabilitada para ser parte de una solución. Además, teniendo en cuenta que los borbones tienen un especial señalamiento en Catalunya, hay que señalar que la fiesta nacional de Catalunya recuerda cuando las tropas borbónicas entraron y arrasaron con Barcelona, me parece absurdo que tres siglos después la dinastía borbónica siga sin mostrar la más mínima empatía con Catalunya.

— Me hablaba de la importancia de la unidad popular en el proyecto del PCE. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, asistió a su presentación la semana pasada. ¿Cómo se debe construir esa relación entre el PCE y una fuerza como Podemos?

— Los comunistas, a lo largo de nuestra historia y a lo ancho del mundo, siempre no hemos destacado por la búsqueda de la unidad popular y de amplias alianzas que permitan mejoras en las condiciones de vida de nuestro pueblo. Por eso, para el PCE es una excelente noticia que en el mapa político español en los últimos años hayan surgido otras opciones políticas que claramente aspiran a mejorar las condiciones de vida y los derechos humanos. Ahí, menciono todo lo que significó el nacimiento de las mareas, los comunes, Podemos… Son fuerzas que han sabido canalizar un determinado ánimo que hizo estallar el 15M, movilizaciones protagonizadas en su mayoría por gente joven. Creo que IU tendría que haber estado en condiciones de canalizar aquel descontento, lo intentó y no lo consiguió, surgió otra fuerza política, es necesario que surgiera y que se establezcan formas de trabajo concretas.

— ¿En qué medida esta forma de solucionar problemas internos, concretamente en Podemos, a través de los medios de comunicación puede afectar al proceso de convergencia y castigar electoralmente a la izquierda?

— Creo que todas las fuerzas políticas tienen esa mala costumbre de airear sus conflictos internos en los medios de comunicación. Hay personas que creen que airear las discrepancias en los medios puede beneficiarles para ganar posiciones. Yo creo que no beneficia, no sé si individualmente puede beneficiar, pero, desde luego, no a los proyectos políticos. No quiero inmiscuirme en los asuntos internos de ninguna fuerza política, hago una consideración general.

— Hablaba de que IU no supo canalizar el descontento que se manifestaba en el 15M. Usted, en aquel momento, era el responsable de la refundación de IU…  Pasado el tiempo, ¿qué no supo leer bien IU en aquel momento?

— Creo que IU sí supo leer el momento, pero no supo poner los medios para satisfacer las demandas de ese sector tan importante de la sociedad española que mostraba un descontento muy amplio con el sistema, con el orden establecido, con el funcionamiento del sistema democrático en España. Creo que el principal fallo de IU fue no entender la diversidad de expresiones y manifestaciones de aquel estallido y no saber poner en marcha con ese movimiento un programa de acción que diera confianza a todas esas personas. No fuimos capaces de hacerlo y no porque no nos esforzáramos, asumo buena parte de esa responsabilidad porque yo era el responsable de la tarea de refundación y de convergencia.

— Fue secretario general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en un momento en el que todavía no había estallado la actual crisis que afecta a las personas refugiadas. La Unión Europea incumple sus obligaciones en esta materia. ¿Cómo valora la actual situación?

— Hay una vulneración absoluta por parte del Primer Mundo de derechos reconocidos internacionalmente. Hay una falta de comprensión de la realidad por parte de los países ricos, no se pueden crear fortalezas de bienestar aisladas del resto del planeta, máxime cuando esas fortalezas aisladas consiguen su bienestar a raíz de unas relaciones económicas y comerciales desiguales. A principios del siglo XX, la diferencia entre la riqueza real de los países del Primer Mundo y los del Tercer Mundo era de tres a uno; hoy es de 300 a uno. Es una cuestión que debería hacer pensar. Obviamente no hay muros capaces de contener a la inmensa mayoría de la población cuando se le priva de sus derechos fundamentales. Es una situación de ceguera política, esa incapacidad que tienen las personas del mundo rico de compartir lo que les sobra. Todo el mundo debería hacer un esfuerzo por compartir y eso atañe a las instituciones de los países desarrollados.

Para solucionar esta situación, si la Unión Europea no quiere que estas personas lleguen a sus fronteras, hay dos mecanismos: modificar el intercambio económico desigual y dejar que parte de las riquezas que se produce en los países del Tercer Mundo se aplique en esos países y, por otro lado, dejar de crear conflictos armados en esos países para controlar sus recursos naturales.

— En estos momentos vemos cómo EEUU, Francia y Reino Unido han llevado a cabo nuevos bombardeos en Siria…

— Lo que se ha hecho con Siria no tiene nombre. Siria era el país que garantizaba una cierta estabilidad en el mundo árabe. Evidentemente no es un sistema político que pueda homologarse a los de Europa, pero era un país laico, con un cierto nivel de bienestar, con una educación y atención sanitaria garantizadas, con unos derechos reconocidos a las mujeres… Que todo eso se pretenda desmantelar con el argumento de que el presidente representa a un partido mayoritario y es la cabeza de un régimen totalitario… Esto puede ser así, pero la Carta de Naciones Unidas obliga al respeto de la soberanía nacional de cada pueblo. Esto sólo ha servido para generar más integrismo, el surgimiento del ISIS surge por la desmembración de este estado.

— Hay un debate en la izquierda transformadora acerca del papel de la Unión Europea y qué se debe hacer con respecto a este proyecto. ¿Cuál es su visión y qué defenderá el PCE con respecto a la UE?

— Creemos que ya no es posible transformar la Unión Europea. Desde Maastrich, es tal la sustracción de la soberanía popular por parte de los centros de decisión europeos que sus políticas dependen de grandes grupos económicos y de determinados países que tienen un nivel económico mayor. Se ha obviado garantizar un disfrute de los derechos sociales y laborales a la ciudadanía europea. Creemos que es imposible reformarla, y mira que durante años hemos estado clamando por un cambio en las formas de funcionamiento y en las rutas políticas de la Unión Europea.

Por ello, apostamos por un modelo alternativo de relación entre los pueblos de Europa. Como somos conscientes que eso no lo puede conseguir un país solo, apostamos por iniciar una discusión para construir una alternativa que en primer lugar pase por los pueblos del sur de Europa, que cambie la forma de relacionarnos, que hagan a avanzar hacia una unidad política que garantice los derechos de todas las personas y en especial de los más débiles. Es necesario que los países del sur de Europa, los más desfavorecidos por el actual modelo, impulsen un modelo alternativo.

— Hablando de Europa, vemos cómo aumenta el voto a la extrema derecha que gobierna en algunos países. Estos votos llegan, en gran medida, de las clases populares. Vemos este debate en la izquierda. ¿Por qué las opciones políticas de izquierdas no seducen, en muchas ocasiones, a barrios y clases populares?

— Tenemos que tener un discurso muy claro que identifique a las fuerzas de izquierdas como capaces de solucionar los problemas cotidianos, hay que bajar al nivel de la cotidianeidad. Además, hay que explicar que los problemas de las clases populares no vienen por una competición con otros sectores populares, vienen de un sistema que no está basado en la redistribución, sino en la acumulación en pocas manos. Además, a los sectores más desfarorecidos hay que garantizarles mecanismos de disfrute de los derechos que no dependan de su capacidad económica, formativa o de su condición social. Si eso no lo hacemos, será una competición entre clases populares por lo poco que el sistema pone a disposición del pueblo. Competiciones que no se corresponden con el origen de los problemas.