El botín de Granados

Frente a la narración oficial de que el Gobierno de Esperanza Aguirre modernizó la Comunidad de Madrid con la construcción de siete nuevos hospitales y decenas de kilómetros de Metro, emerge años después, gracias al trabajo de jueces, fiscales y agentes de la Guardia Civil, un relato judicial que pone en evidencia que durante la década en la que el aguirrismo campó a sus anchas también se produjo el saqueo indiscriminado de varias empresas públicas autonómicas. Lo que revelan los sumarios de los casos Lezo y Púnica es que el número dos de Aguirre, Ignacio González, expolió presuntamente el Canal de Isabel II, joya de la corona de la Administración regional, y el tres, Francisco Granados, tomó al asaltó la sociedad del suelo Arpegio para controlar el urbanismo desbocado de la región.

En junio pasado agentes de la UCO entraron en esta sociedad, rebautizada ahora con el nombre de Nuevo Arpegio para distanciarse de un pasado no tan lejano, al objeto de solicitar documentación que acreditara el reparto del “botín”, como lo define la Fiscalía Anticorrupción en un informe que forma parte del sumario del caso Púnica, al que ha tenido acceso cuartopoder. Ese botín con el que se habrían hecho Granados y sus próximos entre los años 2004 y 2011 provendría de las “dádivas concertadas” que “contratistas e intermediarios” le habrían hecho llegar a cambio de la “adjudicación amañada de obra civil”.

Tras pasar un año por la Consejería de Transportes e Infraestructuras, Granados se hizo el 20 de diciembre de 2004 con el control de la Consejería de Presidencia, gracias al reparto de competencias establecido por el Consejo de Gobierno regional, presidido por Esperanza Aguirre. De este departamento dependía la Dirección General de Cooperación con la Administración Local, dirigida entonces por el actual número tres de Cristina Cifuentes, Jaime González Taboada, y encargada de las inversiones en los municipios, y a él se incorporó la empresa pública Arpegio, hasta entonces dependiente de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

A esta consejería también había pertenecido tradicionalmente el Canal de Isabel II, gestor de las instalaciones hidráulicas de la región, pero otra decisión política del Gobierno de Aguirre asignó la empresa a la Vicepresidencia Primera, que dirigía Ignacio González. Hoy, Granados y González, los enemigos íntimos que se repartieron el pastel mientras se disputaban el favor de la jefa, tienen muchas más cosas en común de las que nunca sospecharon: están acusados de liderar sendas organizaciones criminales acusadas del apropiarse de varios millones procedentes del erario público y como respuesta, al unísono, lo niegan todo.

Con la asunción de competencias en Arpegio, Granados pasó a tener el control de un negocio de 3.000 millones de euros, según Anticorrupción: 2.000 por el reparto de parcelas a través de los consorcios urbanísticos y 1.000 más por la gestión de los planes regionales de inversión entre 2006 y 2011. A juicio de la Fiscalía, “esto le permitió conseguir, a través de comisiones entregadas por los empresarios beneficiados con las adjudicaciones, ingentes cantidades de dinero público”. Además, la investigación revela que el capital defraudado sirvió para “engrosar patrimonios particulares de todos los participantes en los hechos y presuntamente las arcas del Partido Popular, Izquierda Unida y PSOE”. Los tres partidos, que fueron salpicados por el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid, contaban con ediles que eran miembros de los consejos de administración de los respectivos consorcios urbanísticos, que designaban a los miembros de la mesa de contratación que hacía las adjudicaciones. Al tener la Comunidad de Madrid la participación mayoritaria en los consorcios, los ayuntamientos carecían de poder de decisión.

El sumario también deja al descubierto que, a pesar de que únicamente fue presidente de Arpegio entre los años 2005 y 2007, año en el que la empresa volvió a formar parte por la Consejería de Medio Ambiente, Granados se aseguró la presidencia de las mesas de contratación durante los años del boom inmobiliario colocando en este órgano a su jefe de gabinete y presunto testaferro, Ignacio Palacios. Para controlar los planes Prisma, la Consejería aprobó dos encomiendas de gestión por las que Arpegio asumió todas las adjudicaciones de obras “de forma abusiva y fraudulenta”.

Al ser una empresa pública, sometida a reglas distintas a las del resto de la Administración, Arpegio se hizo con la competencia para aprobar los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas, “por naturaleza indelegables” en una sociedad regional “por ser facultades de la Comunidad de Madrid como administración responsable”, sorteó la obligación de que los miembros de la mesa de contratación fueran funcionarios públicos, privilegiando el nombramiento a dedo de cargos públicos, y eludió el control previo de legalidad de la Intervención General.

Además de Ignacio Palacios, entre quienes colaboraron en estos desmanes se encuentra presuntamente el consejero delegado de Arpegio, Eduardo Larraz, que transfirió en 2008, junto a su mujer, 1,6 millones de euros a una cuenta de un banco en Suiza. Además, el matrimonio declaró a Hacienda la posesión de 90 lingotes de oro de medio kilo de peso y 56 lingotes de un kilo, valorados en 1,9 millones de euros, de los que que se sospecha que podrían seguir situados en el extranjero o bien permanecer ocultos en el territorio nacional.

El tercer pilar de Granados en Arpegio es designado en los escritos de Anticorrupción con el eufemismo de “otros consejeros en vías de identificación”. El número tres del Gobierno madrileño, Jaime González Taboada, exdirector general de Cooperación Local y miembro de las mesas de contrataciones de Arpegio, ha sido señalado por dos testigos que declararon ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, uno de ellos funcionario de la Comunidad de Madrid, y por el constructor David Marjaliza, quien durante las 13 horas de confesión que realizó en junio de 2015 apuntó que el actual consejero de Medio Ambiente era la persona que “mangoneaba” en las adjudicaciones a los municipios del Prisma. Según su testimonio, González Taboada, “con su gente”, decidía sobre un tercio de las adjudicaciones, mientras que las otras dos partes se las repartían “los técnicos y los que estaban allí” y “Paco (Granados) y la Consejería”.

En el entramado mercantil que se habría beneficiado de esta operativa estaban empresas como la sociedad de Adolfo Maestre, en cuyo domicilio se hallaron 100.000 euros y una pistola, o la empresa Dusa, cuyos contratos con Arpegio “no se han encontrado”, porque, según una comunicación recibida en el juzgado, “las carpetas que contenían los originales se encontraban vacías”. La empresa Nuevo Arpegio forma parte de la Consejería de Medio Ambiente, que a día de hoy sigue dirigiendo González Taboada.