¿Democracia en la eurozona?

Héctor Illueca, Manolo Monereo y Julio Anguita

La anécdota la ha contado Varoufakis y no tiene desperdicio. Corría el año 2015 y el Gobierno de Syriza, elegido en las elecciones del 25 de enero, se estrenaba en los foros europeos. El flamante ministro de Finanzas de Grecia acudió a la primera reunión del Eurogrupo el día 11 de febrero, con la intención de exponer ante sus colegas el programa económico de su gobierno. Allí estaban, entre otros, Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), y Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE). Varoufakis transmitió al Eurogrupo el compromiso de Grecia con la divisa europea y explicó el programa de reformas que se disponían a implementar, subrayando el mandato democrático surgido de las urnas el 25 de enero: renegociar los términos del rescate financiero acordado por el gobierno de Samarás. Cuando hubo terminado su intervención, pidió la palabra el entonces ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, que empezó su alocución con una frase lapidaria: "unas elecciones no pueden cambiar la política económica".

Algunos años más tarde, otro gobierno europeo elegido en las urnas ha recibido la misma respuesta por parte de las instituciones comunitarias. Lo anunciaba este martes Pierre Moscovici en una atribulada rueda de prensa: la Comisión Europea ha rechazado el borrador presupuestario presentado por Italia y ha instado a las autoridades del país transalpino a modificarlo en el plazo máximo de tres semanas. Poco importa que su economía esté sumida en la recesión y el estancamiento desde hace casi diez años debido a las políticas de austeridad europeas. O que su renta per cápita sea hoy más baja que antes de la introducción del euro. O que el desempleo juvenil se haya disparado con la crisis, superando ampliamente el 40 por ciento en algunas zonas del sur del país. Nada de esto parece importarle a las instituciones europeas. La Comisión considera que el proyecto de presupuesto de Italia para 2019 supone un incumplimiento grave de los objetivos económicos fijados por la Unión Europea (UE), especialmente en materia de déficit público, y conmina a su gobierno a ajustarse a las obligaciones que establece el Pacto de Estabilidad.

Ahora bien, las palabras de Schäuble y Moscovici no bastan para doblegar la voluntad de países como Grecia o Italia. Ni siquiera los tratados europeos permiten asegurar el cumplimiento de objetivos que, en última instancia, siguen dependiendo de la voluntad soberana de los Estados. Hace falta algo más para explicar la arrogancia que exhibe el poder de Bruselas. Es imprescindible una instancia superior que, en ausencia de un auténtico Estado europeo, sea capaz de imponer los parámetros neoliberales y domeñar a los países que osan desafiar al statu quo. Pues bien, esa instancia son los mercados financieros internacionales y su consagración se produjo con el Tratado de Maastricht de 1992. La clave era asegurar la independencia del BCE y prohibir la financiación de los déficits públicos por parte de la autoridad monetaria, obligando a los Estados miembros a acudir a los mercados para proveerse de fondos. Hoy sabemos que Alemania condicionó su entrada en la moneda única al cumplimiento de esta exigencia, que ha transformado la relación entre el capitalismo y la democracia en Europa.

En efecto, el Tratado de Maastricht dio entrada en el contrato social a una instancia externa que amenaza con devorar la política democrática en el ámbito de los Estados miembros: el poder financiero. Como señala Wolfgang Streeck, el Estado deudor no responde solamente ante los ciudadanos que expresan sus preferencias por medio de elecciones periódicas. Junto a ellos, o mejor dicho, por encima de ellos, se encuentran los acreedores financieros internacionales, que prestan dinero al Estado y reaccionan con virulencia a cualquier exceso que se produzca en el ámbito de las finanzas públicas. Todo el mundo sabe que un ataque especulativo puede provocar el colapso de la deuda pública si los mercados se niegan a seguir financiando al Estado. Por eso conservar su confianza ha devenido una prioridad vital para los gobiernos, que supeditan el bienestar de la ciudadanía a los intereses de los mercados, llegando incluso a modificar las constituciones para satisfacer a los prestamistas. La relación entre el capitalismo y la democracia siempre ha sido conflictiva y contradictoria, pero en esta UE está a punto de terminar con el triunfo definitivo del capitalismo.

La configuración institucional de la UE es estructuralmente antidemocrática y constituye una amenaza para el bienestar de la ciudadanía. Cualquier cuestionamiento de las políticas de austeridad conlleva duras represalias por parte de los mercados, que gozan de la complicidad (y la instigación) de Bruselas. Los pueblos del sur de Europa saben muy bien cómo se las gastan los señores de las finanzas: entre 2010 y 2012, en los momentos más duros de la crisis económica, el BCE alentó feroces ataques especulativos contra la deuda soberana de los países periféricos, forzando a sus gobiernos a emprender reformas durísimas que no habrían podido aplicarse sin la presión de los mercados. La reforma laboral, la privatización de las pensiones públicas y el desmantelamiento del Estado social fueron impuestas por la UE en contra la voluntad de la ciudadanía. Sólo cuando los gobiernos estuvieron de rodillas, elevando las políticas de austeridad al rango de criterio constitucional, Mario Draghi anunció que haría "todo lo necesario para preservar el euro" y el BCE intervino en los mercados de deuda para estabilizar la prima de riesgo.

En este contexto, la vieja pregunta de Carl Schmitt adquiere un nuevo significado: ¿quién es el soberano? El pueblo italiano va a comprobarlo muy pronto. Su gobierno ha elaborado unos presupuestos de estímulo al crecimiento en un país con una economía estancada, lastrado por el desempleo y azotado por la pobreza. Algunos aspectos, como los recortes fiscales, son sin duda criticables, pero ello no debería ocultar la cuestión fundamental: la respuesta de la UE es irracional, carece de base científica y supone un nuevo golpe a la democracia en Europa. La estrategia de la Comisión Europea empieza a surtir efecto: la prima de riesgo italiana ya ha superado los 300 puntos básicos. Si el gobierno italiano no se aviene a las exigencias de la UE, la presión irá en aumento y el conflicto será inevitable. El proceso se prevé largo y complicado, y el desenlace es incierto. No obstante, una cosa es segura: la sinrazón neoliberal acelerará la radicalización nacionalista del electorado en Italia y otros países, y redundará en beneficio de políticos como Matteo Salvini. Ya está ocurriendo. ¿Democracia en la eurozona? Juzguen ustedes mismos.