¿Cuántos desaparecidos hay en España?

Cristina Sanz *

¿Cuántos desaparecidos hay en España a fecha de hoy? No existen cifras exactas. Los familiares sólo pueden agarrarse a los escasos datos que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ofreció el 15 de enero de 2013 a pregunta del diputado socialista, Rafael Burguera. Según el Ministerio, desde el 1 de enero de 2010 al 11 de enero de 2013, se produjeron 29.706 denuncias de las que un 92% fueron resueltas, sin precisar más datos. Del 8% restante nada se sabe, esas 2.427 personas que desaparecieron en estos tres años, 67 cada mes, simplemente han dejado de existir. Del 92% de éxito, Interior no aclara cuántas personas fueron halladas muertas o vivas, y en ambos casos, cuántas fueron halladas gracias a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por ciudadanos implicados en su búsqueda o por simple casualidad.

Estos son algunos de los datos que exigen las asociaciones de desaparecidos en España, entre ellas, SOS Desaparecidos y la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas (Adesepa), para las que existe un tabú en las instituciones que envuelve al drama de los desaparecidos, 2 cada día si atendemos a la cifra de 8% de los casos sin resolver. Para Joaquín Amills, padre de un joven desaparecido y presidente de SOS Desaparecidos, este dato es alarmante. "En la base de SOS, en lo que llevamos de año hasta primeros de septiembre, tuvimos 50 personas desaparecidas mayores de 60 años, de estos 50, en 22 casos apareció su cuerpo sin vida (44%), 20 vivas (40%) y 8 siguen desparecidos, un 16% que representa el doble de la media nacional y además, se encuentran más personas fallecidas que vivas". José Calatayud, policía local, secretario de Adesepa y hermano de un desaparecido, revela que ni siquiera los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tienen una base de datos conjunta para desaparecidos: "Guardia Civil y Policía Nacional tienen bases de datos en común. pero luego otra propia de cada uno. No es compartida con las policías autonómicas y locales, que tiene más presencia en las poblaciones, no tienen acceso a esta documentación. Se ha pedido que se haga común, en Valencia había un proyecto, pero al final no se ha hecho nada".

Las dificultades llegan desde el primer instante en que la persona desaparece. Para Calatayud es necesario cambiar el protocolo de actuación que, para adultos, no permite tramitar una denuncia por desaparición hasta pasadas 48 horas. "Un menor desaparece hace una hora, denuncia, se pone todo en movimiento y se empieza a difundir esa fotografía a los cuerpos de proximidad. Si ese menor no aparece en dos días ya no hay urgencia porque puede haberse ido muy lejos. Si es un adulto habrá que saber si tiene Alzheimer o demencia senil, lo que no puedes hacer es dejar de buscarla o pedir a la persona que denuncia que vuelva en 48 horas; aunque no se haga denuncia deberían tomar esa foto y transmitirla a todos los cuerpos", señala.

Precisamente, los enfermos de Alzheimer son casos especialmente delicados y cada vez más numerosos. "No existen suficientes medios, grupos de rescate organizados y con conocimientos para buscar a esta persona en las primeras horas de la desaparición; cierran Centros de Día y, en las familias que no pueden mantener una persona que los cuide, el mayor cada vez pasa más horas solo", asegura Amills, a lo que añade que "tenemos dispositivos GPS que se pueden dar a un enfermo con precios desde 300 euros hasta 100 ¿tan difícil es para el Estado que personas que han trabajado toda su vida, que han cotizado, asumir en los casos que realmente se necesita, de forma gratuita o con un porcentaje, que estas personas tengan un GPS?".

Una vez que la persona desaparecida no ha sido encontrada durante los primeros días de búsqueda, las familias facilitan muestras de ADN para que la policía pueda cotejarlas con posibles pistas, pero ni siquiera este punto funciona como debería según denuncian desde SOS Desaparecidos y Adesepa, ya que las familias no reciben un código de identificación de su muestra, información sobre si ha sido correctamente registrada ni cuánto tardan las autoridades pertinentes en extraer el ADN de un cadáver sin identificar, "excepto si se trata de casos mediáticos", apunta Amills. Además, pone como ejemplo de este obstáculo el caso de su propio hijo: "cuando llevaba un año desaparecido (2009) recibo una llamada de la Policía Nacional de Cartagena, a 100km de mi casa, para pedir venir a verme porque tenían un cuerpo desde noviembre del año anterior que podía ser el de mi hijo. No coincidía la ropa, la talla y el cuerpo no tenía placas en el femur que sí tenía mi hijo de una operación; cuando pregunté por qué venían a mí en ese momento, porque la madre dejó el ADN y este cuerpo llevaba 10 meses en el depósito y todavía no se le había extraído el ADN, me contestaron que ‘porque lo hemos visto en una noticia de El Mundo’".

Pero este no es el único caso, prosigue Amills. Raúl Casero desapareció un viernes del año 2000, la familia tuvo que esperar al lunes para denunciar bajo la consigna de las 48 horas. Tras 10 años y una falsa alarma, la Guardia Civil de Tráfico se puso en contacto con la madre de Raúl para comunicarle que su hijo había fallecido atropellado el mismo día de su desaparición, en la M-40 a escasos 3 kilómetros de su casa, y que estaba enterrado en el madrileño cementerio de Carabanchel. De nuevo, era un viernes y la familia tuvo que esperar hasta el lunes para ir al Anatómico Forense, donde reconocieron sus efectos personales, y de ahí acudieron al cementerio. En una fosa común, junto a otros tres cadáveres sin identificar estaba el cuerpo de Raúl Casero; a los tres meses sin identificar, le enterraron pese a la denuncia de desaparición. Tras elevar escritos al ministerio del Interior [Escrito en PDF], Justicia y al presidente del Gobierno, "la familia ni siquiera ha recibido una disculpa o una explicación de cómo pudo pasar". SOS Desaparecios ha llevado el asunto a la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Europea.

Pero el caso de Casero no es el único. Paloma Sierra fue atropellada e ingresada en un hospital el mismo día de su desaparición. Fallece al día siguiente y es enterrada. A los 3 años, avisan a la madre de Paloma de que su hija está enterrada en una fosa común. Pero esto "es sólo la punta del iceberg", aseguran desde SOS Desaparecidos.

¿Qué está fallando?

José Calatayud y Joaquín Amills se preguntan cuántos cadáveres hay sin identificar en España y cuántos de ellos están siendo buscados por sus familias. "¿Cuándo caduca un desaparecido?" insiste el presidente de SOS Desaparecidos, "en otros países puedes acceder a los Cuerpos encargados del caso, incluso al agente que lo lleva. Falta voluntad política, no por falta de capacidad sino por falta de escucha; los desaparecidos no votan, es lo primero que pienso como ciudadano para comprenderlo". Sólo si el suceso es mediático, obtiene toda la atención. Preguntados por el 'caso Marta del Castillo', ambos contestan que no critican la ayuda, esfuerzo y presupuesto para encontrar el cuerpo de la joven sevillana, pero sí dicen sentir una 'envidia sana'. "Me gustaría que cuando tenemos un caso mediático aprovecháramos para difundir que detrás de ese caso en ese año hay 800 más, en 10 años, 8.000 casos más con familias que viven lo mismo", pide Amills, a lo que Calatayud añade que "las familias no pueden evitar pensar por qué unas sí y otras no".

Ambos concluyen que se necesitan más medios, más personal especializado y organizado, pero sobre todo, una legislación que proteja al desaparecido y su familia. Una ley que no permita que los sospechosos imputados por una desaparición forzosa, en actos violentos, "puedan mentir una y otra vez y aniquilar los derechos de la víctima y la verdad" con el consiguiente sufrimiento añadido para las familias. Pero sobre todo, en las palabras del presidente de SOS Desaparecidos, "que la Administración se dé cuenta pronto de que lo mejor para atender al ciudadano es saber escuchar y no sólo cada 4 años".

(*) Cristina Sanz es periodista.