18 países de la UE, entre ellos España, cómplices de la CIA en cientos de casos de detención ilegal
BRUSELAS.– Hasta 18 países miembros de la Unión Europea colaboraron en los más de mil doscientos vuelos secretos de la CIA en territorio europeo; otros tres ayudaron a la agencia a establecer prisiones secretas para sospechosos de terrorismo cuyas condiciones tal y como denunció el Consejo de Europa, eran inhumanas y degradantes. Un informe llevado a cabo por el Senado de Estados Unidos, publicado la semana pasada, relata las torturas a las que los detenidos eran sometidos y de las que podrían ser cómplices los estados europeos.
“La lucha contra el terrorismo no puede ganarse sacrificando o limitando los principios que el terrorismo intenta destruir, especialmente la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, defendía una resolución adoptada por el Parlamento Europeo en 2006. En ella se denunciaba que al menos 12 estados miembros habrían colaborado en los vuelos secretos de la CIA. Estos vuelos, sobre cuyo objetivo el Parlamento se mostraba “seriamente preocupado,” habrían servido para trasladar a sospechosos de terrorismo lejos de la jurisdicción estadounidense.
Los principales países implicados
Según publicó la organización Open Society Foundations, los 18 estados miembros de la Unión Europea que colaboraron en vuelos secretos de la CIA son Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, República Checa, Croacia, Dinamarca, España, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía y Suecia.
Alemania es el país que más vuelos registró con 336 según el Parlamento Europeo. En segundo lugar se sitúa Reino Unido con 170 vuelos, seguido de Irlanda con 147. España registró al menos 68 vuelos que estarían relacionados con los programas de detención ilegal de la CIA.
Pero la colaboración de los países europeos no se limitó exclusivamente a los vuelos. Tres países, Polonia, Rumanía y Lituania, habrían acogido prisiones secretas. Según el Comité Europeo contra la tortura, “las técnicas de interrogatorio que se aplican en las instalaciones de detención de la CIA en el extranjero han violado sin duda la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos y degradantes.” Las autoridades polacas y rumanas reconocieron en un informe del Consejo de Europa haber procurado medios a la CIA para la retención de sospechosos pero niegan haber participado en las mismas. Afirman, además, desconocer las condiciones en las que los interrogatorios se realizaron. El Consejo denuncia, en cualquier caso, la falta de control de las autoridades nacionales sobre las acciones de los oficiales estadounidenses.
El Parlamento denuncia además la pasividad de los gobiernos ante la detención de residentes de diversos estados miembros, colaboraciones en retenciones ilegales o incluso, como en el caso de Italia, indultos a oficiales implicados. Respecto a la falta de compromiso, el Consejo de Europa incide en la responsabilidad de los estados “en no tolerar este tipo de tratamientos (detenciones secretas o fuera de marcos legales) en su territorio o en cualquier otro.”
Además, las resoluciones incidían en las dificultades que la comisión que se constituyó para investigar los hechos encontraba en el trabajo con los países implicados.
El caso español
En el informe presentado por el Senado de Estados Unidos aparecen dos nombres relacionados con los vuelos operados gracias a la colaboración de España: Jamil el-Banna y Binyam Ahmed Mohamed. Ambos presumiblemente fueron torturados. Además, la detención de Binyam Ahmed Mohamed se produjo precisamente gracias a las “técnicas de interrogatorio” empleadas por la CIA con Abu Zubaydah. La inteligencia norteamericana destaca este caso como un ejemplo de la importancia de estas técnicas de interrogatorio, que hacen referencia a la práctica de torturas, ya que Binya Mohamed y otro detenido supuestamente planeaban un atentado.
La Audiencia Nacional investigó las escalas de vuelos de la CIA en España. La acusación popular, constituida por la Asociación Libre de Abogados, Izquierda Unida y la Asociación Pro Derechos Humanos de España, exigía responsabilidades a altos cargos de Defensa, Exteriores y Presidencia por complicidad en delitos de detención ilegal y torturas. Uno de los vuelos transportaba a Khaled el Masri, ciudadano alemán de origen sirio que denunció haber sufrido torturas. Sin embargo, el juez estimó que no había actuación delictiva de los acusados y además, no se podía perseguir a los agentes estadounidenses ya que habían facilitado pasaportes falsos. La Audiencia archivó el caso en septiembre de este mismo año.
¿Ha habido consecuencias?
Polonia fue llevada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por las detenciones ilegales de Muhammad Al Nashiri, ciudadano saudí y Muhammad Husayn, ciudadano palestino. Al Nashiri y Husayn estuvieron retenidos durante 6 y 9 meses respectivamente sin base jurídica alguna. Aunque la sentencia no es definitiva, el tribunal considera que Polonia violó, entre otros, los artículos 3 y 5 de la Convención para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales del Consejo de Europa que hacen referencia a la prohibición de la tortura y el derecho a la libertad y la seguridad.
Pero hay más casos aún pendientes ante el tribunal ya que Al Nashiri y Husayn también denunciaron a Rumanía y Lituania respectivamente por tomar parte en su detención o el caso de Mustafa Hassn Nasr, refugiado egipcio en Italia que fue supuestamente detenido ilegalmente y enviado de vuelta a Egipto poniendo en riesgo su seguridad.
Además, en 2012, el Tribunal Supremo de Italia condenó a 23 ciudadanos estadounidenses por el secuestro de Abu Omar además de varios agentes de la CIA y el Servicio de Seguridad e Inteligencia Militar Italiano. Sin embargo, el coronel estadounidense Joseph Romano que también estaba implicado, fue indultado en abril de 2013.
El único caso de víctimas que recibieron compensaciones es el de Ahmed Agiza y Mohammed Al-Zery, ciudadanos egipcios residentes en Suecia que fueron detenidos y expulsados de vuelta a Egipto por agentes de la CIA. Ambos, que declararon haber sufrido torturas durante su estancia en Egipto, fueron compensados económicamente y recibieron en 2012 el permiso de residencia en Suecia.
Sin embargo, la gran mayoría de las víctimas de detenciones ilegales no han visto como su caso era investigado. Además, muchas de las investigaciones que se llevan a cabo tienen una dudosa independencia tal y como denuncia el Parlamento Europeo en varias de sus resoluciones.
Escasa colaboración de Comisión y Consejo
El pasado miércoles, la Comisión Europea expresaba su “condena ante todo tipo de tortura, tratamiento inhumano o degradante.” Sin embargo, se negaba a condenar la participación de los estados miembros en estos programas de la CIA por no aparecer en el informe del Senado. Además, afirma confiar en el compromiso de Barack Obama de acabar con este tipo de prácticas. Obama que anunció en 2009 el cierre de la prisión de Guantánamo en la que las torturas y los tratamientos inhumanos y degradantes son habituales, no ha cumplido aún con su compromiso.
En cuanto al Consejo Europeo, el Parlamento lamenta que no haya condenado en ninguna ocasión la participación de estados miembros en programas de detención ilegal de la agencia de inteligencia de Estados Unidos.
Hace unos días, Izquierda Unida reclamaba a la Alta Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión, Federica Mogherini, que exigiera la depuración de responsabilidades y el compromiso en la compensación a las víctimas de los casos de detención ilegal y torturas en los que miembros de la UE pudieran estar implicados. Y es que los estados participantes en el programa de “rendición extraordinaria” de la CIA habrían incurrido en graves violaciones de derechos humanos, la convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención contra la tortura de la ONU así como la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, entre otros textos.
“Los peores terroristas, incluso aquellos que merecen los más duros castigos, deben recibir un trato humano y un juicio justo. Esto es lo que nos convierte en una sociedad civilizada,” apuntaba el informe del Consejo de Europa en 2007. Los países europeos implicados tienen por tanto aún mucho que explicar.
