Podemos, dispuesto a apoyar la investidura de Susana Díaz si cumple sus 4 condiciones

Daniel Cela *

SEVILLA.– Apenas tres días después de las elecciones andaluzas, la presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, ha abierto una ronda de consultas con los líderes del resto de formaciones para intentar amarrar su investidura y formar gobierno cuanto antes. La candidata socialista recibió este jueves en San Telmo –sede del gobierno andaluz- al presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno, al líder de Ciudadanos, Juan Marín, a la candidata de Podemos, Teresa Rodríguez y al coordinador regional de IU, Antonio Maíllo. Estas primeras reuniones le han servido a Díaz para saber que su investidura no es un objetivo alcanzable en este momento, y que dependerá de una negociación dura y compleja con el resto de partidos, que han acudido a San Telmo con un puñado de exigencias y condicionantes.

De todos ellos, quizá el mayor órdago lo lanzaron el PP y Podemos: Moreno condicionó su apoyo a la investidura de Díaz a la firma anterior de “un gran acuerdo PP-PSOE para que en las municipales del próximo 24 de mayo se respete la lista más votada”.

Podemos exige la dimisión de los expresidentes andaluces Manuel Chaves (diputado en el Congreso) y José Antonio Griñán (senador), salpicados por el fraude de los ERE. Ambos comparecerán como imputados ante el Tribunal Supremo la semana que viene. Tras prestar declaración ante el juez, éste podría dar por sobreseído su implicación en el caso, pero Podemos reclama que abandonen sus escaños aunque sean absueltos, porque entiende que “más allá de una responsabilidad judicial, hay una responsabilidad política, y los ciudadanos sólo entenderían su dimisión inmediata”.

Pero incluso si esta se cumpliera, habría tres condiciones concretas más: la primera, que los partidos políticos sean responsables subsidiarios de los fondos públicos sustraídos por sus cargos, es decir, que las formaciones reintegren a la administración el dinero defraudado; la segunda, que la Junta no tenga convenios ni cuenta corriente con una entidad bancaria que ejecuta desahucios a familias en riesgo de exclusión, y que se establezcan cláusulas sociales con los bancos con los que trabaja la administración; y tercera, una “reducción drástica” del número de altos cargos y asesores de la Junta, que serán sustituidos por personal funcionario. El ahorro en el sueldo de los directivos se invertiría en reponer la plantilla de profesores y sanitarios, mermada por los recortes ejecutados durante la crisis. “Si esto se cumple de forma contrastable y con fecha, votaremos a favor de Díaz”, dijo Rodríguez.

Ciudadanos también reclama la dimisión de Chaves y Griñán, pero el partido que lidera Albert Rivera, al contrario que Podemos, abandonaría esta exigencia si el Supremo archiva la causa contra los expresidentes de la Junta.

La única formación que anunció su voto en contra de la investidura, ocurra lo que ocurra, fue Izquierda Unida, condenada a tener un papel muy secundario tras obtener solo 5 escaños.

Díaz tiene intención de gobernar en solitario, llegando a acuerdos puntuales con los demás grupos. El resultado de las elecciones ha dejado el Parlamento andaluz fragmentado en cinco partidos y con una correlación de fuerzas muy equilibrada y difícil de manejar: los votos contrarios de dos formaciones opuestas –PP y Podemos- pueden tumbar cualquier iniciativa de la socialista, dificultar la gobernabilidad de la Cámara o incluso impedir que sea investida presidenta. El PSOE obtuvo 47 escaños, se quedó lejos de los 55 que conforman la mayoría absoluta. El PP logró 33 diputados, seguido de Podemos (15), Ciudadanos (9) e IU (5). El Parlamento debe constituirse el 16 de abril, hasta entonces los partidos negociarán el nombre del presidente de la Cámara, que posteriormente abrirá una ronda de consultas con los candidatos para tantear sus opciones de ser investidos. Díaz se someterá a su primera sesión de investidura el 30 de abril, pero para salir elegida en ésta, necesitaría una mayoría absoluta que no tendrá, ya que los demás ya han anunciado que votarán en contra. 48 horas después habrá una segunda votación, en la que ya sólo precisará mayoría simple, para lo cual tendrían que abstenerse el PP o Podemos. Si en el plazo de dos meses desde la primera votación, Díaz no ha sido investida presidenta, tendrá que disolver la Cámara y volver a convocar elecciones, como muy pronto para el mes de septiembre. Ninguno de los líderes que se reunieron con la socialista quiere llegar a ese extremo, pero avisan de que si ocurre, será responsabilidad “exclusiva” de Susana Díaz, que fue quien disolvió el Parlamento anterior y adelantó las elecciones para garantizarse una “estabilidad” en el gobierno que ahora se antoja difícil.

Estos primeros movimientos de los partidos ya revelan estrategias muy planificadas de cara a los siguientes comicios, las municipales y autonómicas de mayo, y las generales de final de año. Cualquier alianza de partidos que se fragüe en Andalucía puede encarrilar o descarrilar futuros pactos a nivel nacional, de ahí que las estrategias que se están tejiendo aquí ahora estén siendo tuteladas o monitorizadas desde Madrid (Mariano Rajoy, Pablo Iglesias) o desde Barcelona (Albert Rivera). En el caso del PP-A, éste ha vinculado su apoyo a la investidura de Susana Díaz al futuro incierto de sus alcaldes. Moreno se pasó la campaña persiguiendo a la socialista para que se comprometiera a dejar gobernar a la lista más votada. El propio Rajoy machacó con ese mensaje cada vez que participó en un mitin en Andalucía. Pero pasados los comicios, los populares anunciaron sin ambages que votarían en contra de la investidura de la socialista en todas las consultas. En la letra pequeña estaban las municipales. “No apoyaremos gratuitamente la investidura de Díaz cuando en siete semanas vamos a ver cómo los pactos entre otras formaciones desalojan al PP de los ayuntamientos”, dijo Moreno. El líder popular exige extrapolar el compromiso de que gobierne el más votado, y reclama al PSOE “un principio común y bidireccional”.

Tras la derrota electoral, el PP se ha concentrado en conservar el poder que ostentan en los 267 ayuntamientos que gobiernan. Tienen las alcaldías de todas las capitales de provincia, 22 de las 29 ciudades de más de 50.000 habitantes, y en el cómputo global, representan al 65% de la población andaluza desde los consistorios. En las elecciones locales de 2011, los populares ganaron con mayoría relativa en 70 municipios, de los que hoy sólo gobiernan 31 (el resto quedó en manos de una coalición entre la segunda y tercera fuerza más votada). En las autonómicas del domingo, el PSOE ganó en 15 de los 29 municipios de más de 50.000 habitantes, el PP en 13 y Podemos en uno (Cádiz). Si se extrapolan estos datos a las municipales, los socialistas arrebatarían el poder local al PP, donde reside su último bastión. Pero el temor de Rajoy, de Moreno y de los principales alcaldes andaluces del PP no está en los municipios que han perdido sino en los que pueden perder si los resultados de las andaluzas se extrapolan a las próximas municipales. Si los populares pierden la mayoría absoluta en los 176 municipios que ahora gobiernan en solitario, los pactos postelectorales de los partidos de izquierda podrían barrer a la derecha de cientos de ayuntamientos, incluido Sevilla, Jaén, Huelva, Málaga y Córdoba. El pacto para que gobierne la lista más votada, al menos permitiría al PP conservar el poder de Sevilla, Málaga y Huelva, admiten fuentes populares.

(*)  Daniel Cela es periodista.