Marea Granate denuncia las expulsiones de españoles de países de la UE

BRUSELAS.– Miles de españoles han abandonado el país en busca de una oportunidad laboral en el extranjero desde que comenzó la crisis. Ven amenazados sus derechos en España y se enfrentan a situaciones laborales difíciles en el país de acogida. Para dar respuesta a las necesidades de estos emigrantes nació Marea Granate, que ha llevado sus reivindicaciones al Parlamento Europeo esta semana.

Irene tiene 34 años. Estudió en España, Shanghái y París, y, desde hace dos años y (casi) seis meses, vive y trabaja como abogada en la capital francesa. Lleva la cuenta del tiempo que hace que se marchó casi como si se tratase de una condena. Es feliz pero no es fácil. Durante meses tuvo que recurrir a sus padres para seguir adelante y aún hoy, sus condiciones laborales son peores que las de sus compañeros franceses. Irene canalizó la frustración y la rabia del emigrante por obligación en forma de activismo. Irene hoy es miembro de Marea Granate y coordina en París la ‘Oficina Precaria.’

Esta joven murciana no es la única que abandonó España en busca de una oportunidad laboral. Según el INE, alrededor de 20.000 españoles abandonaron el país solo en 2014. Como la hermana de Irene que también se marchó a Londres; o Javi, que cambió Madrid por Canadá; Pepa, que es ingeniera en Bélgica; Helena, que se busca la vida en Austria… Porque esos 20.000 españoles y otros tantos que se fueron antes, tienen nombre, apellidos y una historia.

Abandonar el país de origen por razones laborales debería ser tan solo una opción y, sin embargo, para muchas personas en España, se ha convertido en la única. Las posibilidades laborales escasas, nulas o en condiciones deplorables provocan el denominado exilio económico, que no es otra cosa que la emigración. La 'fuga de cerebros', el goteo incesante de personas que guardan lo que cabe de una vida en la maleta y se marchan.

El activismo no entiende de distancias

Marea Granate nació para dar respuesta a las necesidades de estas personas. Se constituyó como una red de apoyo y solidaridad, pero también de protesta. Protesta contra un sistema que, entienden, les expulsó de sus casas hacia el exilio. “¡No nos vamos, nos echan!”, es su principal consigna.

Escogieron el granate por ser el color del pasaporte. Ese billete de ida hacia una nueva vida en cualquier parte y a veces, a cualquier precio. Porque no es fácil. Denuncian el olvido de las instituciones, la explotación laboral a la que en muchos de los países de acogida les someten y la pérdida de derechos en su país de origen: España.

Todo esto han denunciado los miembros del colectivo en el Parlamento Europeo esta semana invitados por la eurodiputada de Izquierda Unida Marina Albiol. “No solo nos quejamos, proponemos,” defendía Faustina González, miembro de Marea Granate, que destacó la proactividad del movimiento. Lo han demostrado durante dos jornadas de intenso trabajo que han tenido como resultado un documento de denuncia y reivindicación. Piden recuperar el derecho a la sanidad, la paralización de las expulsiones de personas migrantes en los Estados miembros de la UE, garantizar el derecho al sufragio desde el extranjero y combatir la precariedad laboral en los países de la Unión.

Para Albiol, europarlamentaria, uno de los aspectos más preocupantes es la dificultad en el ejercicio del derecho al voto: “Es la cuadratura del círculo,” denuncia, “las políticas de determinados gobiernos los echan del país y luego les impiden que voten para cambiar esas políticas.” La eurodiputada de IU entiende que es importante llevar esta problemática ante la UE, ya que es, en parte, responsable. Además, insiste, se trata de un fenómeno que se repite en otros Estados miembros. Es una responsabilidad compartida.

Entre las denuncias, destaca un fenómeno desconocido: las expulsiones dentro del espacio Schengen. En Bélgica, solo en 2014, 112 españoles perdieron su permiso de residencia por ser considerados “una carga excesiva” para el Estado. Pero ocurre lo mismo en Francia, en Alemania… Este fenómeno fue denunciado ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que aún no ha examinado la demanda (lleva un retraso tremendo). También la Comisión Europea fue cuestionada al respecto y confirmó que dichas expulsiones se ajustan a la legalidad. Sin embargo, Marina Albiol entiende que la directiva a la que la Comisión hace referencia en su justificación (2014/38) “incumple uno de los principios fundamentales de la Unión Europea, que es la libre circulación de personas.” Tal vez sea legal, pero cabe cuestionarse hasta qué punto entra en la lógica de la construcción europea.

Los derechos laborales: principal batalla

Peores condiciones que los nacionales de los países de acogida, multas por la rescisión de los contratos, dificultad en la organización sindical… Cada sistema es un mundo. Muchos inmigrantes se encuentran completamente perdidos al llegar al país de acogida y precisan de apoyo jurídico. Con ese objetivo nacieron las Oficinas precarias y los Grupos de Acción Sindical.

“Ya que la inmigración tenía un componente marcadamente laboral, también la respuesta tenía que ser laboral”, destaca Carlos, del Grupo de Acción Sindical de Berlín. Tras advertir que los problemas que los inmigrantes encontraban no eran individuales sino colectivos, decidieron organizarse para dar respuesta. Una respuesta que no encontraron en los sindicatos españoles y a la que las organizaciones laborales locales no llegaban. Hoy, trabajan codo con codo. Se apoyan.

Irene, de la Oficina Precaria de París, destaca la necesidad de facilitar información en un primer momento y garantizar en apoyo jurídico-laboral en caso de ser necesario. Además de colaborar con sindicatos locales, también cooperan con organizaciones de inmigrantes españoles, que aportan un componente socio-laboral del que ellos carecen.

En definitiva, estos colectivos buscan dar el soporte a los migrantes que sienten que las instituciones les niegan o cuya labor les resulta insuficiente. Se han convertido en su propia alternativa.

Derecho a volver

Emigrar no fue una opción, fue la única salida pero muchos quieren regresar. También es una de sus demandas. Piden el cambio de un sistema que les hizo buscarse la vida al otro lado del mundo. Reclaman el derecho más sencillo, más básico y a veces casi inalcanzable. Reclaman su derecho inalienable a volver a casa.

(*) Beatriz Ríos es periodista