Asociaciones judiciales critican "el sonoro fiasco" del 'papel cero' en los juzgados

Íñigo Corral *

Cuando se acercan unas elecciones generales, las promesas de los políticos florecen y, sin solución de continuidad, muchas de ellas se difuminan. Su rastro se pierde justo en el momento en que se cierran las urnas. El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha dejado aparcado alguno de sus anuncios como aquel que decía que a partir del 1 de enero de este año se iba a llegar al “papel cero” en los juzgados. Jueces, abogados, procuradores y funcionarios nunca llegaron a compartir tanto optimismo; también es verdad que ninguno de ellos se presentaba a unas elecciones. Cuando fue evidente que aquella promesa era imposible de llevar a cabo, el candidato cunero del PP por Cuenca cesó a su director general de nuevas Tecnologías, Luis Bustamante, por el escaso rendimiento e implantación de esta iniciativa. De este único cese cabe interpretar que ningún superior de Bustamente tuvo responsabilidad alguna en el caos provocado en comunidades como Andalucía, Madrid o Valencia. Ni siquiera se achaca nada a las personas que tenía éste a su mando. Es más, su sustituto José Luis Hernández Carrión, fue su números dos en la dirección general de nuevas tecnologías durante el último año.

La frase aquella de Catalá que aludía a que ya no se volverán a ver carritos de Mercadona trasladando papeles en los juzgados quedó ensombrecida hace dos semanas, tal vez sin pretenderlo, por el fiscal de caso Nóos, Pedro Horrach, que en una entrevista publicada en el diario El Mundo, se dejó fotografiar en su despacho junto a uno de esos carritos que viene a costar unos cien euros, para denunciar la precariedad de medios en la Administración de Justicia. El famoso carrito ya ha sido devuelto pero en algunos juzgados aún se puede ver a funcionarios tirando de un carrito con un montón de documentos que viajan  en cajas de cartón como, por ejemplo, en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid. Catalá ya sabía antes de finalizar el año que comunidades como Cataluña, País Vasco o Cantabria, porque así se lo habían comunicado, no iban a aplicar la reforma del Código Civil que prevé la desaparición del papel en los Juzgados de forma total en el orden penal, aunque sí en el civil, social y mercantil. Caso aparte era el de Valencia que ante falta de infraestructuras para garantizar que la presentación de escritos pueda llevarse a cabo a través de internet, ya anunció por activa y por pasiva su imposibilidad de cumplir con las expectativas generadas por el ministro.

Joaquin Boch, portavoz de jueces para la Democracia (JpD), hace para cuartopoder.es una valoración “muy negativa” de la “caótica” gestión de Catalá al frente del Ministerio: “Anunció en marzo que el papel iba a desaparecer de los juzgados el 1 de enero de 2016 y la realidad evidente para cualquier persona que visite un órgano judicial es que no hay nada de lo prometido.”. En su opinión  la supresión del papel sólo se puede conseguir a través de una planificación adecuada y de la aportación de los instrumentos técnicos necesarios. “Únicamente se ha llevado adelante una aplicación llamada Lexnet, que funciona como un correo electrónico para remitir los documentos y que todavía no está en funcionamiento en varias comunidades autónomas o funciona mal la aplicación a causa de sus limitaciones sobre el volumen de lo que se puede enviar, su capacidad insuficiente que hace que se bloquee a menudo y su incompatibilidad con los programas de reparto de asuntos de los partidos judiciales”, añade.

Bosch subraya que la iniciativa anunciada por el ministro de Justicia se ha mostrado como “meramente propagandística”, en un contexto de proximidad a unas elecciones generales y “ante las dificultades de ofrecerse desde el Ministerio de Justicia una gestión de cambios relevantes en nuestro sistema judicial en toda una legislatura”. De ahí que el portavoz de JpD haga hincapié en que el proyecto papel cero “ha sido un verdadero fiasco, ante la improvisación de las actuaciones, la falta de coordinación con las comunidades autónomas y la insuficiencia de recursos para acometer cambios estructurales de semejante trascendencia”. Añade incluso que “en el ámbito judicial ya ni siquiera nos desilusionamos demasiado, porque estamos acostumbrados a los compromisos políticos de grandes cambios que luego son incumplidos”.

Desde la asociación judicial Francisco de Vitoria, la valoración es bastante similar “ante la no muy feliz implantación del proyecto ministerial publicitado como papel cero”. A pesar de que la iniciativa persigue un “loable” fin, esta asociación entiende que “parece incontestable que a estas alturas nos enfrentamos ante uno de los más sonoros fiascos” porque pretender llevar a una Administración anclada en el siglo XIX a la era digital en unos pocos meses a coste cero y con una precaria preparación “era un evidente dislate para cualquier observador imparcial y poco ha de extrañar que apenas iniciado el programa se haya traducido en un escenario de disparidad (con cada Comunidad Autónoma convertida en un mundo aparte) y escandaloso caos para todos los profesionales implicados”.

Para esta Asociación es evidente que la implantación del expediente digital debiera haberse supeditado a que antes se hubiera dotado a los juzgados y tribunales de los medios adecuados y a la formulación de protocolos homogéneos para toda España, fijando pasos uniformes en el proceso de entrada, y asegurando una interoperabilidad “que ahora mismo es un imposible”. Incluso los responsables de la Francisco de Vitoria denuncian que la “pomposa” campaña que ha llevado a cabo la Administración no cumple con su deber, “que es un deber legal, de aportar medios adecuados. Que es lo que por ahora no está sucediendo. Sólo aporta lastre (que se suma al creado por una legislatura tan generosa en normas como rácana en medios) al nada fácil ejercicio de la labor jurisdiccional que la continuada desatención del Ministerio de Justicia y la inacción y burocratización del CGPJ lleva años dificultando y que el objetivo (si es real y no un burdo eslogan publicitario) quedará lejos”.

Lexnet, la plataforma destinada en un principio al intercambio de información de forma segura ente los órganos judiciales y los operadores jurídicos que permite la transmisión de documentos judiciales, ha pasado a ser un servicio que permite la recogida y gestión de forma telemática de las notificaciones, así como la remisión de escritos y la presentación de demandas en aquellos procedimientos judiciales en los que no sea preceptiva la intervención del procurador. Una de las principales ventajas es que se gana tiempo y se ahorra en desplazamientos puesto que se pueden recoger notificaciones y presentar escritos las 24 horas de los 365 días al año, es posible configurar alertas de correo electrónico y móvil, al tiempo que la automatización en el proceso de notificación e intercambio equivalen a que la Administración de Justicia pueda dar una respuesta más rápida a los ciudadanos.

Pudiera dar la impresión de que el sistema falla justo en las comunidades no gobernadas por el PP como Andalucía, País Vasco o Valencia, pero esa teoría se viene abajo con la comunidad de Madrid. El pasado 14 de enero se reunió la Comisión Mixta de Justicia, integrada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Consejería de Justicia, y a la que también estuvieron invitados otros sectores implicados en el buen funcionamiento del 'papel cero'. Tras el encuentro, se reconoció la existencia de “disfunciones” y se acordó recomendar a los profesionales de la Justicia que, “de forma transitoria y hasta el 1 de marzo”, sólo se presentaran en papel los escritos relacionados con asuntos iniciados antes del pasado 1 de enero. Por no reconocer el escaso éxito de la reforma de la ley se interesó (ni se pidió ni se exigió) “que se establezcan inmediatamente los sistemas técnicos adecuados para la remisión de estos escritos, de asuntos ya iniciados, directamente al juzgado correspondiente, automatizando en su caso la actuación del Decanato respecto d estos escritos”.

Otras tres demandas dejaban bien a las claro el caos organizativo: la distribución a todos los funcionarios de tarjetas criptográficas que les permitan operar con Lexnet, resolver las incidencias técnicas referentes a teclados y configuración de Lexnet y “analizar con urgencia el número de personal adecuado a cada decanato para asumir estas nuevas funciones de registro y reparto y dotar del personal necesario a los decanatos que requieran un incremento de personal, reforzando en este periodo transitorio a los decanatos que lo necesiten”. Otra exigencia que pasó casi inadvertida, a pesar de que la norma había entrado en vigor dos semanas antes, era realizar “con urgencia” cursos de formación “adecuada” a los funcionarios en el uso de las nuevas tecnologías.

En la web del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid se pueden leer varios mensajes como este en la pantalla de inicio de LEXNET: “AVISO IMPORTANTE: se informa de la parada que se llevará a cabo hoy 22 de enero, desde las 19.00 horas hasta las 20.30 horas, con motivo de la instalación del parche 4.3.2.0. Rogamos los molestias que estos trabajos puedan ocasionar”. Días antes también la Subdirección General de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Justicia notificó que “con motivo de no tener disponible la configuración necesaria en la aplicación, no estaba disponible la funcionalidad de escritos indicadores en los órdenes Civil, Social y Contencioso-Administrativo en Decanatos de Madrid, tal y como se listan a continuación, no viéndose afectado el orden Penal”.

En Andalucía las cosas tampoco están mejor. En estas cuatro semanas se han detectado incidencias atribuibles a fallos técnicos porque el sistema no es capaz de asimilar la presentación de los sistemas o a la falta de formación de los usuarios del sistema ya que en algunas ocasiones no completan los campos informáticos de forma correcta. Por este motivo, los juzgados han estado admitiendo demandas y documentos en papel, tal y como se hacía con anterioridad, aunque acompañada de la propia certificación que emite el sistema cuando se produce algún fallo. Las perspectivas de que el sistema funcione con normalidad a muy corto plazo son pocas. De hecho la mayoría se inclina por pensar que tardarán aún unos meses en  que sea realmente efectivo.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, sostiene que en Madrid los programas de gestión no son compatibles con la nueva aplicación por lo que no se produce el volcado de información sobre los expedientes y la documentación se tiene que entregar en papel y registrar. La lista de fallos que denuncia el CSIF no acaba ahí: Lexnet funciona con lentitud y se cuelga continuamente, un gran número de funcionarios carece de tarjetas criptográficas, capacidad limitada del sistema, los escritos presentados telemáticamente no se integran en las aplicaciones y problemas en los criterios de búsqueda. A este malestar se unen las quejas por parte del personal porque la aplicación se ha puesto en marcha con poca información y con escasa formación a los funcionarios.”Las instrucciones de los diferentes tribunales superiores de justicia –añade el sindicato- no son homogéneas en todo el territorio, por lo que se están creando situaciones inseguridad jurídica.”

(*) Íñigo Corral es periodista.