El futuro político de Otegi, en manos del Tribunal Constitucional

Iñigo Corral *

La última palabra sobre si Arnaldo Otegi puede ser o no el candidato de Bildu a las próximas elecciones autonómicas o figurar en sus listas la tendrá el Tribunal Constitucional. El órgano que presidente Francisco Pérez de los Cobos deberá resolver la cuestión antes de que empiece la campaña electoral para unos comicios que aún no tienen fecha pero que todo apunta a que se celebrarán el próximo otoño. Eso no es una buena noticia para quien aspira ser el candidato a lehendakari de la izquierda abertzale porque, en su caso, los precedentes no son nada halagüeños. El Pleno del Tribunal Constitucional ya tumbó por unanimidad su recurso contra sentencia de seis años de prisión por el caso Bateragune y lo mismo hizo cuando el Tribunal Supremo le condenó a un año de prisión por llamar al Rey “jefe de los torturadores”, sólo que en esa ocasión el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) sí le dio la razón. Tal vez haya sido la prudencia u otros motivos los que justifiquen su ausencia el domingo en la celebración del Aberri Eguna (Día de la patria vasca) en Pamplona, después de haber permanecido seis años en prisión. Un par de mensajes en su cuenta de  Twitter en clave política apostando por empezar a construir “un estado vasco decente” junto a una foto exhibiendo la ikurriña y la bandera de Navarra, y nada más. 

Hasta ahora lo que es seguro es que Otegi está inhabilitado hasta el 2021, según precisó la Audiencia Nacional, que es justo cuando se cumplen los diez años de cárcel en la sentencia que le fue impuesta. Lo que no está claro son los efectos de dicha inhabilitación. En su primera condena la sentencia establecía una pena de “diez años de prisión y a una inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por igual tiempo e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un tiempo de diez años”. El recurso posterior interpuesto ante el Tribunal Supremo redujo la pena a seis años “con la inhabilitación especial acordada por la Audiencia por el tiempo de la condena”. Aquí empieza todo el embrollo. Unos piensan que si el fallo le inhabilita del derecho al sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena, una vez cumplido el castigo la inhabilitación se daría también por finiquitada. Y si se alude a la inhabilitación especial para empleo o cargo público por un tiempo diez años se entiende que se hace referencia a trabajos relacionados con la administración, lo que le impediría ser funcionario de un Ayuntamiento pero no candidato en unas elecciones.

De todos modos, antes de oficializar su candidatura Otegi tendrá que tener el respaldo de sus bases. Ese trámite no presenta a priori grandes dificultades y lo podría tener solventado para la primera quincena de abril. Los problemas vendrán cuando la Junta Electoral correspondiente examine la candidatura de Bildu y compruebe que en el cabeza de lista concurre una causa de “inelegibilidad” como es la inhabilitación por lo que no podrá proclamar la candidatura, según establece el artículo 47 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral Central, y la izquierda abertzale dispondrá de 48 horas para pensárselo mejor o insistir con Otegi.

Si en el trámite de subsanación Bildu sigue en sus trece, le queda la oportunidad de acudir ante el juzgado de lo contencioso-administrativo cuya decisión será firme. La otra posibilidad es que la Junta Electoral valide la presencia de Otegi, lo que a buen seguro provocará un buen número de recursos con un recorrido judicial idéntico por parte de otras formaciones políticas, de la Fiscalía o de la Abogacía del Estado. Como se da por hecho que va a ocurrir cualquiera de estas dos circunstancias, las partes disponen de dos días para interponer un recurso de amparo electoral ante la sala del Tribunal Constitucional que le corresponda (si en las pasadas elecciones generales le tocó a la Primera ahora le corresponderá a la Segunda, o viceversa) que tendrá que resolver el fondo de la cuestión en un plazo máximo de tres días. Lo mire por donde lo mire, Otegi no lo tiene nada fácil puesto que en cualquiera de las dos Salas hay mayoría de magistrados conservadores.

La defensa del secretario general de Sortu se basará en la interpretación jurídica de lo que se entiende por inhabilitación especial y en varios precedentes. La norma es que cuando se impone una inhabilitación especial, como en este caso concreto, se ha de concretar a qué supuestos no puede acceder la persona condenada. Como en la sentencia no se precisó esta circunstancia algunos lo interpretan como un descuido o defecto de forma que posibilita a Otegi encabezar o formar parte de las listas de Bildu. El precedente es el de Iker Casanova, condenado a siete años por un delito de terrorismo. La sentencia contemplaba una inhabilitación especial hasta 2016 y, pese a ello, pudo tomar posesión de su escaño como parlamentario de Bildu en Vitoria dos años antes. Si la Fiscalía se opone a que Otegi pueda figurar en una lista electoral va a tener que hilar muy fino porque en el caso de Casanova fue muy explícita al afirmar que el Código Penal establece que en las sentencias “habrán de especificarse los empleos, cargos y honores sobre el que recae la inhabilitación”.

Fuentes de la izquierda abertzale se remontan también al sumario 35/02, el de las herriko tabernas, donde recayeron penas de cárcel e inhabilitación a un veintena de militantes de la izquierda aberzale. Como en caso Bategurne, los fallos dictados por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Supremo no precisaban para qué cargos estaban inhabilitados. El matiz para que Otegi y los otros condenados por el caso Bateragune puedan presentarse a unas elecciones y los otros no, es que la asociación Dignidad y Justicia, dentro de los plazos previstos solicitó una aclaración de la sentencia en el caso de las herriko tabernas para confirmar el alcance de la misma. Fue entonces cuando el Alto Tribunal lo puso por escrito: “la inhabilitación es extensible a cualquier puesto de naturaleza política por elección ciudadana a nivel local, autonómico, estatal o supranacional”. Dicho de otro modo, si los ex parlamentarios Rufi Extebarria, Karmelo Landa, Joseba Permach u otros quisieran volver al Parlamento, sólo lo podrían hacer como público.

Está también el sumario 04/08 donde fueron imputadas 35 personas. A nivel mediático y político lo más relevante fue que fiscal, acusación particular y defensa alcanzaron un acuerdo tras admitir los acusados su instrumentalización por parte de ETA y comprometerse tanto a  renunciar “a cualquier actividad relacionada con la violencia como a reconocer el “daño” causado. Este acuerdo llevaba aparejado penas que oscilaban entre año y medio y dos años de cárcel con lo que, además, eludían su ingreso en prisión. A nivel jurídico resulta ahora también relevante que en el fallo se contemplaba en qué supuestos estaban inhabilitados.

Sea como fuere, Otegi tendrá que lidiar con una situación política que no se asemeja en casi nada a la que había cuando ingresó en prisión. El último Euskobarómetro situaba a Bildu como la tercera fuerza política  a a 10 escaños del PNV y a 8 Podemos. El número de vascos que apuestan por la independencia, siempre según distintos sondeos, es cada vez menor y los adeptos apenas representan a  un tercio de la población. Si quiere gobernar su mejor aliado ideológico, en teoría, sería Podemos pero con quien se sentiría más a gusto por afinidad con la causa nacionalista sería con el PNV. A falta de constatar si Bildu puede ser la bisagra en la formación del nuevo gobierno en el País Vasco, aún no está claro si Otegi querrá ser un actor protagonista. El tiempo lo dirá. Mientras tanto se dedica a estrechar lazos con el Sinn Fein y la formación que tiene a Gerry Adams como su presidente honorífico no los rechaza. De hecho acudirá como invitado de honor a su convención nacional que se celebrará en Dublín entre los días 22 y 25 de abril.

(*)  Íñigo Corral es periodista.