El Gobierno ha promovido 121 recursos judiciales contra el urbanismo insostenible de Camps

Antes de que Greempeace diese a conocer su último informe sobre la destrucción de la costa que sitúa a la Comunidad Valenciana en lo más alto del podio del desarrollo urbanístico del litoral, seguida de Asturias y de Cantabria, el diputado de ICV Joan Herrera recabó unos datos del Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino que revelan que el 34% de la longitud de la costa valenciana, que tiene 518 kilómetros, se encuentra ya urbanizado en la franja del primer kilómetro entre el mar y la tierra. Quiere decirse que cuando Cristina Narbona logró sacar adelante la ley de costas y de protección del litoral era ya bastante tarde.

Puesto que la primera línea de playa en esos 176 kilómetros de arenales quedó pronto saturada de construcciones, las autoridades competentes siguieron trazando líneas hasta que se cansaron de escuadras y cartabones y, por no perjudicar a nadie ni renunciar a forrarse, declararon todo el territorio urbanizable. Ocurrió aquello bajo el mandato de Eduardo Zaplana. Y donde crecían hortalizas, naranjos y viñedos empezaron a brotar pilastras de hormigón armado, ladrillo y pavimento.

La propagación de los urbanicios alarmó tanto a los agricultores que, sintiendo en el cogote el aliento de los urbanicidas y temiendo la plaga de planeadores autonómicos y consistoriales sobre sus cultivos y tierras de labor, pidieron ayuda a los distintos organismos europeos con sede en Bruselas. El Gobierno central carecía de competencias urbanísticas y era además del mismo color que el valenciano.

Cuando el PSOE volvió al Gobierno en 2004 echó un vistazo al urbanismo en la Comunidad Valenciana, y su delegado, Ricard Peralta, comenzó a recurrir los planes insostenibles, aprobados por la Generalitat. Desde 2004 ha formulado 121 recursos contra los planeamientos en más de cien municipios. En 33 casos, los tribunales no han admitido los recursos y Peralta ha apelado en súplica y casación. En seis casos, la justicia ha dictado sentencia: tres a favor del ladrillo y tres anulando los planes. Los demás recursos siguen pendientes de resolución desde hace un lustro. Son datos que la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, ha enviado por escrito a la asesora del gabinete del presidente Francisco Camps y diputada Maria Teresa García Serna.

No es que el Gobierno de Zapatero exija el cumplimiento de  la ley de costas que prohíbe construir en primera línea de playa –que también, aunque ya no hay donde--, ni que quiera hacer valer unas competencias urbanísticas que ya no tiene. Es que la mayor parte de los planes urbanísticos se han aprobado sin los informes previos y preceptivos de esos organismos estatales llamados Confederaciones Hidrográficas que han de acreditar la existencia de recursos hídricos suficientes y su disponibilidad. Por eso se han recurrido.