IU-ICV-ERC proponen acabar con los sueldos públicos dobles y suprimir las pensiones vitalicias de los ex presidentes

Si el Congreso de los Diputados aprobase el martes la tramitación de la proposición de ley de incompatibilidades que ha presentado IU-IC-ERC por segunda vez en esta legislatura, y saliese aprobado en los términos en que ha sido redactado, Mariano Rajoy no podría cobrar dos sueldos de las arcas públicas, como presidente del PP y como diputado; los ex presidentes de Gobierno José María Aznar y Felipe González, y los de las altas instituciones del Estado perderían sus pagas vitalicias y, por ejemplo, los ex ministros Miguel Ángel Moratinos y Elena Espinosa, no podrían compatibilizar su paga por dos años como ex ministros con la retribución como diputados.

El proyecto de incompatibilidades recibió el miércoles el visto bueno de la Diputación Permanente y viene a reformar tres leyes de Gobierno y de las Administraciones Públicas, la ley electoral y los reglamentos del Congreso y del Senado. En un Parlamento en el que sólo el 12% de sus miembros declara no tener actividades privadas, el texto propone que “el mandato de los Diputados y Senadores se ejercerá en régimen de dedicación exclusiva en los términos previstos en la Constitución y en la presente Ley y será incompatible con el desempeño por si o mediante sustitución de cualquier otro puesto, cargo o actividad pública o privada retribuida mediante sueldo, arancel o cualquier otra forma.”

El texto propugna la incompatibilidad absoluta de los parlamentarios con “las actividades de dirección, representación, asesoría o prestación de servicios de cualquier tipo a empresas u otro tipo de entidades privadas que impliquen la colisión entre las funciones legislativas, presupuestarias y de control de los Diputados y Senadores y los intereses propios de las entidades privadas receptoras de dichos servicios o funciones, con independencia del carácter retribuido o no de los mismos.” También considera incompatible con la función parlamentaria la participación con más de un 10% en sociedades o en empresas familiares que obtengan contratos, subcontratos, subvenciones o ayudas de entidades públicas o privadas de sectores regulados por el Estado o de empresas privatizadas hace menos de diez años.

Si la propuesta progresa, los “fichajes” millonarios de Aznar por Endesa y de González por Gas Natural no serían incompatibles con sus pagas vitalicias de 80.000 euros anuales como ex presidentes. Sencillamente, perderían esa paga a la que ninguno de ambos está dispuesto a renunciar. El texto propone la supresión de todas las pagas vitalicias y equipara a los ex presidentes con el trato que reciben los ex ministros y ex secretarios de Estado, que actualmente cobran el 80% de su sueldo durante dos años tras el cese con el fin de que no incurran en tráfico de influencias. La proposición rebaja ese porcentaje al 60%.

Aunque según Gaspar Llamazares “el sistema de incompatibilidades es transparente y austero, necesita de una clara actualización y mejora” para “despejar cualquier duda y evitar duplicidades en las que se puede confundir lo público con lo privado”. El portavoz de IU-ICV-ERC no niega la “legalidad técnica” de los fichajes de González y Aznar por empresas del sector energético, aunque la considera “éticamente reprobable”, pues ambos “tuvieron mucho que ver desde sus importantes cargos públicos con el rosario de privatizaciones que enajenaron el patrimonio público, a veces en condiciones muy oscuras”. Para el diputado de IU resulta evidente que las compañías fichan a políticos por su nombre e influencia para obtener tratos de favor.

Por esa y otras razones, la iniciativa anima al Gobierno a regular en seis meses el funcionamiento de los grupos de presión o lobbies en su relación con los poderes ejecutivo y legislativo “Es necesario –dice-- que los representantes públicos y todos los grupos de presión muestren sus relaciones con transparencia para que la ciudadanía tenga pleno conocimiento de en qué grupos de interés se apoyan determinados partidos políticos”.

Con independencia de que algunos actores políticos del pasado prefieran la mala prensa a la renuncia a las canonjías, resulta curioso que ni siquiera la portavoz socialista en la Comisión del Pacto de Toledo, Isabel López Chamosa, conociera que los ex presidentes tienen pensión vitalicia. Cuando se enteró por la radio dijo: “Si es así, me parece muy mal”. El martes fue sustituida por el ex ministro y presidente de la Fundación Ideas, Jesús Caldera, más capacitado, dicen, para negociar con la oposición la reforma de las pensiones que el Gobierno aprobará el 28 de enero.