El PSOE quiere transparencia y ajusta las cuentas a diputados y senadores

Desde que Mariano Rajoy anunció en la convención sevillana de su partido la intención de eliminar los privilegios de los parlamentarios en materia de pensiones y “cualquier cosa” que suponga un privilegio, el PP no ha movido ficha, pero el PSOE se ha anticipado a pedir la supresión de los complementos de pensiones, la publicación del patrimonio y las rentas que poseen como unidad familiar, la ordenación de la remuneración por cese y el endurecimiento de las compatibilidades de modo que los diputados y senadores ejerzan su función con “dedicación absoluta”.

El catálogo de medidas aportado por el portavoz socialista, José Antonio Alonso, a la Mesa del Congreso para que los ciudadanos no les “demonicen” y recuperar “la dignidad del trabajo parlamentario” incluye la “transparencia absoluta” sobre sus rentas y situación patrimonial. Para ello proponen la publicación de los ingresos por cualquier concepto y del patrimonio y las participaciones en sociedades o personas jurídicas de cualquier tipo, tanto del parlamentario como de su unidad familiar (cónyuges e hijos).

En materia de incompatibilidades, los socialistas apuestan por un endurecimiento que les obligue a ejercer con “dedicación absoluta”, tal y como establece la ley. Según Alonso, “la Comisión Estatuto Diputado debe aplicar el régimen de incompatibilidades del modo más estricto y exigente, teniendo en cuenta, a la hora de declarar eventuales compatibilidades, las rentas y el tiempo de dedicación a otras actividades”.

El PSOE propone la supresión de los complementos de pensiones que ahora reciben de las Cortes Generales –salvo en el caso de que se vean perjudicados respecto a su situación anterior-- y también plantea la modificación de la prestación por cesantía. “Esta prestación por cese se debe pagar sólo a quienes no se puedan reintegrar en la vida laboral”, aclaró Alonso. En vez de pagar a tanto alzado, como ahora ocurre, se pagará mes a mes, 2 meses de prestación por cada año de parlamentario, tan solo mientras estén en paro y con un límite máximo de 24 mensualidades.