PSOE y PP soslayan el despilfarro autonómico y ocultan el ajuste

Con un endeudamiento de las autonomías por encima de 115.000 millones de euros, unos ayuntamientos que no tienen para comprar toner ni pagan las contratas de limpieza, una banca que sólo les presta al 15% para pagar las nóminas y un pacto por el euro que si se  ratifica en septiembre impedirá endeudarse, subir los salarios, las pensiones y el gasto de los servicios públicos por encima del crecimiento anual del Producto Interior Bruto (PIB), que en el caso español será raquítico, por más que la deprimida Elena Salgado lo haya situado en el 1,3% este año, sería exigible más claridad y menos simulación electoral a los dirigentes políticos sobre los recortes de gastos y aumentos de impuestos que van a acometer después del 22-M y tras las elecciones generales.

Para conocer la radiografía del derroche autonómico resulta muy instructivo el libro del periodista Federico Castaño, El despilfarro. La sangría de la España autonómica que acaba de publicar Espasa.

La megalomanía de unos gobernantes que han gastado cientos de millones de euros en sus sedes palatinas –440 en el cambio del Ayuntamiento de Madrid al Palacio de Comunicaciones, 50 millones en rehabilitar el de San Telmo en Sevilla, por citar sólo dos ejemplos--; la incompetencia de unos gestores que han construido aeropuertos a los que no llegan aviones, auditorios en los que no hay conciertos, universidades que carecen de alumnos; la profusión de defensores del pueblo, de menores, de mayores, de cámaras de cuentas a la medida --duplicando órganos constitucionales del Estado--, de consejos de ex consejeros y ex presidentes, de oficinas de ferias y festejos en el extranjero; la farmolla de 5.000 leyes autonómicas que complican la vida y desaniman cualquier inversión productiva; el clientelismo y sus derivados: la falta de probidad y la abundancia de corrupción, y otras rémoras de tan larga como lamentable enumeración, nos están llevando a considerar el Estado autonómico una especie de monstruo irresponsable, arbitrario y derrochador. El propio Alfonso Guerra, autor de los pactos constitucionales con el desaparecido Fernando Abril, reconocía fechas atrás, como bien refleja el libro de Castaño, que tal vez el Estado de las Autonomías se configuró a la ligera, sin prever sus desvíos y desvaríos.

Sostiene Castaño que después del 22-M y, desde luego, tras las próximas elecciones generales, los dirigentes de las principales formaciones políticas se tendrán que sentar para acotar unas estructuras administrativas duplicadas, costosas y, en muchos casos, perfectamente inútiles. Y opina con fundamento que llegarán medidas hasta ahora impensables como el “copago”, término errático que en realidad quiere decir “sobrepago” de unos servicios públicos como la sanidad y la enseñanza que ya sufragamos con nuestros impuestos directos e indirectos. Y llegarán también las reducciones de empleo público en ayuntamientos y autonomías. En la Administración General del Estado sólo se repone ya una de cada diez vacantes por jubilación. La garantía de estabilidad de los empleados públicos desaparecerá en aras del ajuste,  y el pacto de estabilidad del euro o reducción de lo que Adam Smith llamó “el peso muerto” del Estado, provocará nuevos e irremediables recortes y subidas de tasas y precios de los servicios públicos. Los catalanes ya han comenzado a experimentar el fenómeno tras las elecciones autonómicas del 28 de noviembre que devolvieron a CiU al gobierno de la Generalitat.

De sobra sabemos que las campañas electorales se diseñan para colocar la mercancía y vender al candidato --de “cándido”, “en blanco”, no de imputado o salpicado de corrupción--. Y que en ellas, como en las bélicas, importa más el combate que el debate, y por consiguiente la astucia, la treta, el engaño y los espejismos retóricos. Pero aunque los grandes partidos, PSOE y PP, se esfuercen en escamotear la situación de derroche y deuda insostenible de ayuntamientos y autonomías, y sus dirigentes eludan la cuestión de fondo en sus airados y apasionados monólogos ante los militantes, la realidad se acabará imponiendo después de votar. ¿Por qué entonces no aprovechan los cientos de millones de euros que gastan en el montaje y difusión del mensaje para explicar las medidas que han de decretar tras el 22-M? Si temen perder votos, es muy probable que lleven razón.