PSOE y PP laminan a las minorías e imponen la reforma sin referendo

(Actualización a las 15.00 horas del 30/8/2011)

En el marcador electrónico del Congreso de los Diputados apareció un solo punto rojo entre las motas de color verde alfalfa de la bancada socialista. Era el voto de Antonio Gutiérrez, contrario a la reforma expres de la Constitución en lectura única y sin consulta a los ciudadanos, que después de dos horas de debate ha sido tomada en consideración por 318 votos favorables (PSOE, PP y UPN) frente a 16 contrarios (PNV, IU-ICV-ERC, BNG, UPyD, NABAI y Gutiérrez) y dos abstenciones de Coalición Canaria. Los 10 diputados de CiU decidieron no votar. Se registraron 14 ausencias de diputados de todos los grupos.

Los llamamientos de Gaspar Llamazares a la “rebelión” contra una reforma perpetrada “con agosticidad y alevosía” que, según dijo, rompe el consenso constitucional, es un Pavía moderno, sustituye la soberanía de los ciudadanos por la de los mercados y no reconoce a los diputados como dignos parlamentarios, sino como un rebaño de ovejas”, no conmovieron a los socialistas.

Las apelaciones de Rosa Díez al voto en conciencia –“¿Qué tiene que ocurrir para que 35 diputados voten en conciencia y exijan un referéndum?”, preguntó antes de afirmar que el PSOE y el PP “tienen miedo a la democracia y a la transparencia”-- tampoco sirvieron para romper la disciplina de voto de los grupos mayoritarios. Ni siquiera Joan Ridao, de ERC, arrancó un solo voto a las grandes formaciones con su argumentación más templada contra una reforma que “sigue la pauta neoliberal, petrifica un mecanismo rígido y aniquila las políticas neokeinesianas”.

La necesidad y conveniencia de la reforma urgente fue presentada por los portavoces del PSOE y el PP, José Antonio Alonso y Soraya Sáenz de Santamaría, respectivamente, para dar credibilidad al esfuerzo de contención del déficit publico, confianza a los mercados financieros y preservar así el Estado del bienestar. Era digno de ver el gesto sonriente del presidente José Luis Rodríguez Zapatero ante la intervención, con tono solemne, de la portavoz popular. “Esta reforma es producto de un pacto económico y político”, dijo Soraya, entre las dos fuerzas que representan al 90% de la ciudadanía. “Es una reforma necesaria, oportuna y responsable”, añadió antes de reforzar su trípode conceptual con el argumento de que “no se puede gastar lo que no tenemos ni es responsable dejar las deudas a las generaciones futuras”. En términos parecidos se pronunció Alonso.

Los argumentos en contra del portavoz de CiU, Josep Antoni Durán i Lleida, fueron la “ruptura del consenso constitucional” y la “laminación de la autonomía financiera y política” de las comunidades autónomas. Si hasta ahora se contaba con los parlamentos autonómicos para fijar el techo de déficit, a partir de ahora se impondrá mediante ley orgánica, se quejó. También recordó que en la reforma alemana participaron los lander y que el proceso de estudio y debate se prolongó durante dos años. Nada que ver con la reforma expres pactada entre Zapatero y Rajoy.

El portavoz del PNV, Josu Erkoreka asumió la “estabilidad presupuestaria” como un concepto de sentido común que vale para todos, incluso para “los clubes de futbol”, y esgrimió cinco razones para votar en contra de la consagración constitucional: “es un atropello a los procedimientos democráticos, es desleal con las autonomías, es ineficaz, es innecesario y es antieuropeo, sí, antieropeo porque viene a decir que los tratados y directivas de la UE no se cumplen si no están en la Constitución. Flaco favor le hacen a la UE”. Erkoreka incidió en la petición de referéndum, denunció que “algo empieza a fallar en el sistema democrático” y se reservó el derecho a presentar enmiendas. La diputada de Nabai, Uxue Barkos, que lucha contra un cáncer de mama, recibió el aplauso unánime cuando subió a la tribuna. Pero sus palabras, calificando de “inadmisible” la negativa a una consulta, fueron escuchadas con indiferencia.

Los socialistas cierran filas

Los dirigentes del PSOE dedicaron la jornada del lunes a unificar el mensaje y conjurar el riesgo de un referéndum sobre la reforma. Los parlamentarios del PSC, imprescindibles para forzar la consulta, garantizaron que no la pedirán, y los barones regionales aparcaron sus dudas y diferencias. Dos senadores del PSE-PSOE se sumaron a la posición de Antonio Gutiérrez, el ex dirigente de Comisiones Obreras, y anunciaron que votarán en contra. Los sindicatos UGT y CC.OO anunciaron protestas y convocaron para el 6 de septiembre, víspera de la aprobación de la modificación en el Senado, una manifestación masiva con el movimiento del 15M y con los sectores sociales que reclaman la consulta.

En la reunión de la dirección del PSOE se escuchó este argumento: “Un referendo sería una calamidad porque crearía incertidumbre y mayor desconfianza de los mercados, así que cuanto menos se mencione esa palabra, mucho mejor”. Todos, menos la madrileña Maru Menéndez estuvieron de acuerdo. Luego, el responsable de organización, Marcelino Iglesias, aseguró que durante el tiempo que él estuvo en la reunión no oyó la palabra “referéndum”. Pero lo cierto es que el candidato Alfredo Pérez Rubalcaba tuvo que emplearse afondo para acallar la disidencia.

Hubo tensión en la reunión de la Ejecutiva del PSOE. ¿Cómo no la iba a haber si el presidente Rodríguez Zapatero actuó de espaldas al partido, presentó su acuerdo cerrado con Rajoy al candidato Rubalcaba y no sondeó al resto de las formaciones políticas? Rubalcaba criticó el procedimiento. “Yo no lo hubiera hecho así”, le dijo a Zapatero. Además de consultar al partido, habría deseado una extensión del acuerdo a CiU y al PNV, las formaciones que en mayo de 2010 facilitaron la continuidad del Gobierno con su abstención a los recortes sociales ante el mandato de Bruselas y la amenaza de los mercados. Eso sin contar el respaldo de CiU a la reforma de las pensiones y del PNV a los Presupuestos en esta legislatura.

Un Rubalcaba bastante quemado porque la decisión unilateral de Zapatero de anteponer los mercados al electorado deja sin credibilidad su compromiso de “escuchar” y contar con los ciudadanos, tuvo que dedicar la jornada a pedir el cierre de filas de los suyos, los barones y los parlamentarios. Algunos, como el presidente del grupo de eurodiputados, Juan Fernando López Aguilar, contemplaron la posibilidad de un referéndum. Otros, como el extremeño Guillermo Fernández Vara, lo apoyaron firmemente. Como la memoria es lo primero que huye de la política, Rubalcaba confía en que la reforma, presentada como una cuestión meramente técnica, se haya olvidado cuando empiece la campaña electoral.

La mayoría de los barones regionales que habían expresado sus “dudas” y pedían información –Tomás Gómez, Patxi López, José Antonio Griñán y Fernández Vara-- se comprometieron a actuar con prudencia y a explicar el tema a los ciudadanos para ayudar al candidato. El mensaje no es el corsé de la reforma sino las bondades del equilibrio de las cuentas públicas y la estabilidad financiera. El lehendakari no asistió a la reunión “por motivos de agenda”. Tampoco lo hizo el ex presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, que antes y después de su derrota electoral de mayo pasado descolló como auspice de Zapatero. En cambio, el ex president Josep Montilla llegó a Ferraz con la renuncia del PSC a pedir el referéndum y con el acuerdo de respaldar la reforma en el bien entendido que no era un apoyo al pacto Zapatero-Rajoy, sino un respaldo a la rápida intervención de Rubalcaba que ha evitado que se constitucionalice el “déficit cero” y ha logrado una “flexibilidad” del Gobierno en el manejo de ese parámetro.

Con esta decisión del comité de dirección del PSC, en el que se registraron bastantes críticas, incluidas las de la ministra Carme Chacon, formalmente partidaria de la consulta, Montilla zanjó las especulaciones sobre si los 25 diputados del subgrupo socialista catalán o los 10 senadores encuadrados en la Entesa pedirían el referéndum. La consulta no es necesaria, no la exige la Constitución y además crearía incertidumbre e inestabilidad hasta noviembre, pues en caso de que se solicitase en los quince días posteriores a la aprobación de la reforma por el Parlamento, no se podría realizar hasta pasados 55 días, es decir, coincidiendo con las elecciones. Esos fueron sus argumentos superiores, en línea con los de la dirección del PSOE, para rechazar la consulta.

Después de la reunión con los barones, Rubalcaba se trasladó al Congreso. Los parlamentarios habían sido citados a las ocho de la noche. Nunca en los tres años y medio de la IX legislatura sus señorías habían sido convocados a una hora tan intempestiva. Pero la petición de que se consulte a los ciudadanos y el desacuerdo de bastantes parlamentarios con la constitucionalización de las obligaciones con los acreedores --como si el Estado español fuera insolvente o delincuente y se negara a pagar la deuda-- así como la petrificación del déficit –como si el nivel de desempleo en España fuera el mismo de Francia y Alemania--, obligó al candidato a emplearse a fondo para conjurar la disidencia. En la reunión, que duró hasta las doce de la noche, estuvo asistido por José María Benegas y Francisco Fernández Marugán, autores, con el PP, de la redacción del proyecto de nuevo artículo 135 de la Constitución y del contenido de la futura ley orgánica con los porcentajes del techo de gasto.

Los senadores vascos Roberto Lertxundi e Iñaki Zubero aprovecharon la reunión, a puerta cerrada, para anunciar que votarán en contra. El presidente de la Comisión de Economía del Congreso y ex dirigente de CC.OO, Gutiérrez Vergara, mantuvo el voto contrario que proclamó días atrás. Otros diputados criticaron con gran énfasis lo que el que consideraron un trágala de Zapatero. La ausencia en rebeldía de algunos de ellos en las votaciones tendría un efecto legislativo nulo, pues el PSOE y el PP suman 321 diputados y los dos tercios necesarios para aprobar la reforma están en 234 votos. Al final, los disconformes aceptaron la premisa del obispo Talleyrand de estar en contra tan hábilmente que luego pudieran votar a favor. Ya lo dijo Iglesias (Marcelino): “El Grupo Socialista es rocoso, sólido y cohesionado”. Faltaría más, cuando las listas electorales --el gran instrumento para "renovar" al disidente-- están pendientes de hacer.