Zapatero cede Rota al 'escudo antimisiles' de la US-Navy sin informar al Parlamento

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha reducido a la mínima expresión el papel del Congreso de los Diputados en una materia tan importante como la instalación del “escudo antimisiles” norteamericano en la base naval de Rota. El jefe del Ejecutivo se desplazó el jueves a Bruselas para firmar por sorpresa la autorización con el secretario de Defensa estadounidense, Leon Panetta. El secretario general de la OTAN, Anders Rasmussen, actuó de testigo. Zapatero sólo mantenía informado a Mariano Rajoy de la negociación secreta con el Pentágono y ha esperado a la disolución del Parlamento para rubricar la cesión.

¿Se imaginan una decisión similar por parte de Barack Obama? ¿Es posible que un país democrático acepte, sin información ni debate de sus representantes políticos, el despliegue de misiles de un tercer país en su territorio en tiempo de paz? No resulta imaginable porque no sería posible. Pero en España sí.

La sumisión a las exigencias estadounidenses por parte del Ejecutivo de Zapatero ha llegado al punto de argumentar que se trata de “un acto administrativo” que no modifica el convenio bilateral de defensa, obedece a una decisión de la OTAN y, por otra parte, España no podía demorar la respuesta porque el Congreso norteamericano ha de aprobar el presupuesto militar antes de que termine el mes de noviembre.

Para acoger las plataformas (4 destructores de la Navy) con radares y misiles antimisiles bajo el paraguas de la OTAN y mantener el dominio estadounidense en el Mediterráneo frente a la amenaza de algunos países de Asia y de África, el Ejecutivo español ha utilizado la manga ancha que le permite el convenio bilateral con EE.UU. De hecho, el Consejo de Ministros encajó el viernes por decreto la petición estadounidense en el marco de ese acuerdo.

Ahora se entiende mejor por qué las modificaciones introducidas en enero pasado, cuando el Gobierno prorrogó el convenio, dejaron intacto un volumen de fuerza alejado de la realidad (5.000 militares permanentes y 2.500 en tránsito), eludieron el control parlamentario, no tuvieron en cuenta el riesgo de terrorismo yiadista ni la amenaza bélica para la población civil, no establecieron límites geográficos a las operaciones que pueden realizar desde Rota y Morón --como ocurre en Australia, Japón y Filipinas, donde EEUU tienen bases militares-- ni tampoco rechazaron expresamente las misiones que contravengan la Ley de la Defensa Nacional y el derecho internacional.

Las negociaciones reservadas con el Pentágono empezaron en enero y pasaron de la fase del sondeo al intercambio de documentos ante la inestabilidad provocada por la “primavera árabe”. Los viejos autócratas derrocados en Túnez y Egipto, y la intervención armada contra el dictador libio Muamar Gadafi obligaron a la Administración norteamericana a reactivar el despliegue de misiles balísticos para mantener su liderazgo en el Mediterráneo ante el creciente protagonismo francés, británico y turco en los países árabes.

Si el “escudo antimisiles” dibujado por la OTAN le venía a Obama como anillo al dedo, el convenio bilateral con España le permite utilizar Rota a bajo coste, con la ventaja añadida de que España dispone de fragatas F-100 dotadas con el sistema de combate Aegis (escudo) desarrollado por la empresa española Indra (Dios de la guerra) con la norteamericana Lockheed Martin, y que, en caso de necesidad, pueden reemplazar a los destructores de la US Navy y disparar misiles SM-3 para interceptar los aviones y misiles del enemigo.

Los cuatro destructores estadounidenses con base permanente en Rota supondrán la presencia de 1.200 militares y 100 civiles más en las instalaciones gaditanas, cuyos muelles han sido ampliados recientemente con financiación de la OTAN. Según fuentes gubernamentales, ese incremento de la presencia naval dará empleo directo a unos 300 trabajadores españoles a partir del compromiso de realizar la revisión de los buques en los astilleros gaditanos. Pero ninguno de estos datos es oficial, ya que el Gobierno ha evitado informar al Parlamento.

Gaspar Llamazares, en nombre de IU-ICV-ERC, y Francisco Jorquera, del BNG, han solicitado a la ministra de Defensa que explique el acuerdo en la Diputación Permanente. Para el responsable de política militar de IU, Willy Meyer, esa cesión de Rota nos sitúa “a la cabeza del rearme, en un sentido contrario de lo que debería ser la seguridad compartida que permitiera la eliminación y destrucción ecológica de las armas de destrucción masiva atómicas, biológicas y químicas (ABQ)”. Para Llamazares, el hecho de que el presidente sólo informe a Rajoy demuestra que “estamos asistiendo a un traspaso de poderes entre el PSOE y el PP antes incluso de haber votado el día de las elecciones”.