Rajoy castiga con más impuestos a los trabajadores y pega el primer tijeretazo

Con una supresión de gastos por valor de 8.900 millones de euros y un aumento de impuestos sobre los asalariados, propietarios de viviendas y ahorradores, estimado en 6.275 millones de euros, el nuevo presidente Mariano Rajoy ha infligido el mayor tijeretazo a los españoles desde la “crisis del petróleo”, en los años setenta del siglo pasado. Y esto “es solo el inicio del inicio”, dijo la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. La oposición socialista, por boca de Inmaculada Rodríguez Piñero en nombre de Rubalcaba, denunció el cinismo y la falsedad de Rajoy por escamotear el tijeretazo en el debate de investidura. Rubalcaba y su equipo desbrozarán hoy las medidas para ofrecer alternativas. Cayo Lara, de IU, afirmó que las decisiones van acentuar la crisis y el paro, y además son inútiles e ineficaces.

Rajoy sacó a la palestra a la portavoz y a los tres ministros del área económica, Luis de Guindos, Cristobal Montoro y Fátima Báñez, para que expusieran el severo ajuste contra los asalariados y la “arrugada clase media española”, en palabras el escritor italiano Emilio Cecchi. “A ustedes les han traicionado siempre”, repetiría hoy el inglés Grahan Green si pudiera comprobar que un presidente que se compromete a llamar al pan pan y al vino vino, evita nueve días después dar la cara y encomienda a la portavoz la tarea de bautizar la subida de impuestos a los trabajadores como “recargo temporal de solidaridad”. Hasta ocho veces repitió Rajoy en el debate de investidura que no subiría los impuestos y que incentivaría la creación de empleo. ¿Prevariación electoral urgente o más rápida que su antecesor? ¿Fidelidad al refrán de que se acabó lo que se daba, lo que se quitaba, no? ¿Respeto a la tradición de que los programas se hacen para incumplirlos?

Los socialistas bufaban. Piñero acusó a Rajoy de cometer “un gran fraude democrático a sus electores” y de “engañar a todos los españoles”. El Presidente sabía que el déficit del conjunto de las administraciones públicas frisaría el 8%, debido a las desviaciones de las autonomías gobernadas por su partido –la Administración General del Estado ha cumplido la previsión del 6%--; disponía de datos y documentos que avalaban el incumplimiento –incluido un informe del comisario europeo Olli Rent que cuantifica el déficit en 41.000 millones de euros hasta 2013--, pero en vez de acordarse de los banqueros y de las grandes fortunas, como propugnaba el PSOE en su programa, ha cargado contra los asalariados y los más necesitados.

Más impuestos al salario

Los 15.175 millones de la subida de impuestos y el primer tijeretazo del mandato de Rajoy --ya marcado por el crecimiento cero, la recesión en puertas, con más paro y más pobreza-- ni siquiera cubren ese 2% de desfase entre ingresos y gastos. Si tenemos en cuenta que cada punto de déficit son 10.000 millones y añadimos el compromiso de reducirlo al 4,4% del PIB en 2012,  las palabras de la portavoz –“esto es el inicio del inicio”-- significan en términos contables que el segundo tijeretazo ascenderá a 21.000 millones de euros y se concretará en los nuevos Presupuestos del Estado, anunciados para el mes de marzo.

De momento, con el “recargo solidario” del IRPF, los asalariados van a pagar 4.100 millones de euros más, del conjunto de los 6.275 previstos. Un trabajador con un sueldo bruto de 16.000 euros anuales tendrá que aportar un 2% más. Las rentas superiores a 300.000 euros aportarán un 7% más. Ni siquiera los submileuristas se librarán de pagar el 0,75% sobre sus ingresos. Y tampoco la mayor parte de los pensionistas, a los que el Gobierno ha decidido subir la paga un 1%, porcentaje que no cubre ni la mitad de la inflación real. Los 2.175 millones restantes llegarán, según explicó el titular de Hacienda, Montoro, de las rentas del capital, a las que se incrementa el gravamen un 2% por un rendimiento hasta 6.000 euros y un 6% a partir de 24.000 anuales. El resto lo recaudarán de la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Congelación y recortes

Junto a estas subidas, decretadas “con carácter temporal” para 2012 y 2013, el Ejecutivo ha decidido mantener, por segundo año consecutivo, la congelación de los sueldos de los funcionarios en 2012 e incrementar su jornada laboral de 35 a 37,5 horas semanales con el fin de que hagan el trabajo de las vacantes que no se van a cubrir. Si no aceptan el aumento de jornada tendrán un descuento salarial proporcional a 10 horas al mes. No se cubrirán las plazas de los que se jubilen o causen baja, salvo el 10% en las Fuerzas de Seguridad del Estado y en los Cuerpos de lucha contra el fraude.

El Gobierno congela asimismo el salario mínimo interprofesional en los actuales 641,40 euros mensuales, lo que perjudica a los que menos ganan y suprime el interés económico en la revisión de los convenios provinciales. También carga contra los más necesitados al decretar el aplazamiento hasta el 1 de enero de 2013 de la aplicación de la ley de dependencia y eliminar las ayudas de 210 euros a los jóvenes para el alquiler viviendas, con lo que desaparece la llamada “renta básica de emancipación” que benefició a unos 300.000 menores de 30 años con empleo. Además, aplaza hasta el 1 de enero la ampliación del permiso de paternidad de dos a cuatro semanas.

La poda continúa con la supresión de 200 millones del presupuesto de RENFE, otros 200 de RTVE, 600 millones en subvenciones y créditos a la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i), la supresión de 400 millones en préstamos participativos a los concesionarios de autopistas y una “reducción de las subvenciones de ayuda al desarrollo” que no ha sido cuantificada, con lo que desaparecen las donaciones no finalistas o sin retorno contra el hambre y las enfermedades en los países empobrecidos, tal como anticipó al cronista la exsecretaria de Estado de Cooperación, Soraya Rodríguez. También se elimina la financiación de las ayudas para infraestructuras en compensación por el cese de la actividad de la minería del carbón.

En la referencia del Consejo de Ministros, y dentro de las medidas de reducción de gasto, el Gobierno incluyó textualmente: “Eliminación de la financiación prevista en los Estatutos de Autonomía de Andalucía, Castilla y León, Illes Balears y Cataluña”. Pero este párrafo fue suprimido poco después. Según el presidente andaluz, José Antonio Griñán, “quizá fue un error y han descubierto que no pueden modificar los Estatutos por decreto”. De momento, según Griñán, “se han cargado el Fondo de Compensación Interterritorial, que para Andalucía supone la pérdida de 100 millones de  euros”. En todo caso, la estulticia legislativa es dudosa si se tiene en cuenta que para reducir el 20% la financiación de los partidos políticos –los sindicatos y la patronal sufrirán la misma dieta de adelgazamiento--, el Gobierno no olvidó la referencia expresa a la modificación de la ley orgánica correspondiente.

Vuelta al ladrillo

En contraste con la subida de impuestos a los asalariados y con un tijeretazo que tendrá un impacto inmediato en todos los servicios sociales a partir del lunes próximo, Rajoy ha decidido recuperar la desgravación por compra de vivienda con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2011 y prorrogar el IVA reducido con el fin de reactivar el mercado inmobiliario y retomar la senda del ladrillo como fuente inversión, especulación y empleo precario. Por esta vía, con salarios exiguos, un ejército de reserva a las puertas de las empresas, los derechos sociales en retroceso y las privatizaciones de bienes y servicios públicos económicamente rentables en marcha, la derecha intenta regresar a una época de la que nunca quiso separarse.