Así araña Hacienda miles de millones

La puerta del granítico edificio de Montalbán 6 (Madrid) registra un trasiego constante de personas con expresión sombría. En este céntrico lugar, a un paso de La Cibeles, detrás del antiguo palacio de Correos y Comunicaciones, convertido en Ayuntamiento de la capital por costosa decisión del exalcalde Alberto Ruiz Galladón, se halla la delegación central de la Agencia Tributaria. Aquí acuden cada día cientos de personas a rendir cuentas al erario. La entrada es gratis. El lugar está debidamente custodiado por varios agentes de seguridad privada que revisan minuciosamente con un scanner y un arco los objetos metálicos. Varias maquinas expenden números con la vez para las tres áreas de gestión. La B –“notificaciones, liquidaciones y sanciones”-- es la más temible y la menos concurrida esta mañana de miércoles, 4 de enero de 2012.

Las dependencias son amplias, higiénicas y grises. La luz es mortecina. El color metálico adormece la mirada. Un silencio de iglesia o de hospital, quebrado a intervalos por el gruñido tecnológico de las pantallas al correr de los números rojos del turno desaconseja el diálogo. Pero el cronista ha decidido darse una vuelta por aquí para pulsar la reacción de los paganos a la primera decisión del nuevo jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, de subir entre tres cuartos y siete puntos el IRPF a los asalariados. La respuesta de algunos ciudadanos que esperan sentados es inmediata: a todos les parece mal. Algunos dicen que la subida es “abusiva” porque los españoles pagamos más IRPF que los franceses y los alemanes, y otros le llaman “confiscatoria”.

En la primera planta se ubica el negociado de la renta. Un joven de 30 años que se llama Alex y tiene el número 65 y seis personas delante ha recibido una carta para que aclare su declaración de renta. Tiene un contrato temporal como profesor de inglés en una academia a tiempo parcial, y aunque vive con sus padres, le han pedido el “número de referencia catastral” de su casa. Él se pregunta por qué le piden ese dato si no tiene casa ni desgravación por compra o alquiler. Por incordiar, supone. Desde que presentó la declaración, en junio del año pasado, espera que le devuelvan los seiscientos euros que le corresponden de 2010 y de los ingresos extras que obtuvo trabajando en vacaciones y que declaró como “actividad económica”.

Una joven que no tiene inconveniente en dar su nombre, María Luisa Martínez, trabajaba en un taller de confección en el polígono de Legazpi, pero no le renovaron el contrato temporal y en junio de 2010 quedó en paro. Sus ingresos netos no pasaron de 10.500 euros en todo el año y no presentó la declaración de la renta. Le han enviado un requerimiento para que realice la declaración y pague el recargo correspondiente. El olvido le sale por algo más de seiscientos euros y la  funcionaria le explica que tendrá una sanción de cien euros. La joven expresa su extrañeza y la funcionaria le dice que no puede hacer nada, que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento y que al haber tenido “dos pagadores” tenía que haber hecho la declaración. La joven aduce que no tiene ese dinero, que sigue en paro, tiene una hija y vive con su madre. La funcionaria se encoge de hombros y le recomienda dividir el pago. La joven se va llorando en silencio.

Un hombre de mediana edad aporta una copia de las escrituras de su casa y un certificado de empadronamiento. No ha cambiado de domicilio en los últimos años, pero le han pedido esos datos. El funcionario los coteja y le explica que la petición se debe a que su anterior declaración era conjunta y la última es individual. El hombre dice: “Es que mi esposa falleció hace dos años”. Y manifiesta su enfado por una petición de datos y unos trámites y un incordio que no se merece. “Todo esto que me piden, lo tienen ustedes. ¿Qué pasa, que no funciona la famosa ventanilla única? ¡Hay que joderse!”

El negociado de “información renta”, en el área C de estas dependencias  funciona a medio gas. Dos de las cuatro mesas de atención al público están vacías. Un cincuentón con el pelo revuelto y la cara de pocos amigos tiene el número 68. Son las 11:55 y lleva veinte minutos esperando para realizar una consulta: “¿Cuándo me van a devolver los 1.400 euros que me deben? Es que los necesito, sabe usted”. Como él, varios millones de españoles con dificultades para llegar a fin de mes presentaron la declaración del IRPF en los primeros días del mes de mayo para que les devolvieran la pasta cuanto antes, pero no la han recibido.

Este ciudadano se llama Leocadio Romero y es dependiente de comercio. La funcionaria que le atiende le pregunta si ha mirado su cuenta corriente en las últimas horas, a lo que el hombre contesta negativamente. “Pues me sale devuelto el 28 de diciembre, otra cosa es que los bancos…” “¡Me da usted una alegría!”, exclama el ciudadano. Alegrías como la de este hombre son muy raras en este lugar, pero se da el caso de que la última remesa de devoluciones fue cursada el día de los santos inocentes, es decir, medio año después de la fecha límite para presentar la declaración negativa.

Un conocedor de la gestión del IRPF explica al cronista que Hacienda retrasa las devoluciones hasta el último momento. En una cafetería cercana, otro funcionario cuenta que hasta hace poco la Agencia Tributaria tenía la cortesía de no multar a los que entregaban las declaraciones hasta tres días pasado el plazo, pero ahora dan palos de 150 euros a los que se retrasan un día. Y además han revisado con lupa las declaraciones desde 2007 para arañar varios cientos de millones de euros.

Este procedimiento de “lucha contra el fraude” consiste en aplicar unos “filtros informáticos” a partir de la cantidad que fijan los responsables ministeriales. Cuando una declaración tributaria se graba, el sistema informático la bloquea si supera la cantidad fijada y no se le da salida hasta que alguien la revisa. Con este procedimiento, aplicado a las declaraciones de los tres últimos ejercicios, la exvicepresidenta económica Elena Salgado pudo exhibir en plena campaña electoral un resultado antifraude de casi 9.000 millones de euros.

La panoplia de instrumentos y requerimientos es variada, pero los más frecuentes son la exigencia a los profesionales y autónomos de que justifiquen los gastos de su actividad, aunque sea con más de un año de retraso; las reclamaciones de declaración, aunque hayan ingresado muy poco, cuando han tenido más de un pagador –habitualmente estas declaraciones salen a pagar porque las empresas que realizan contratos temporales aplican unos descuentos mínimos--; multas por retraso; intereses de demora; justificación documental de desgravaciones y, por supuesto, expedientes sancionadores por errores involuntarios o intencionados.

¿Quién sabe –se pregunta un funcionario-- que si trabajas en más de una empresa estás obligado a declarar si en ambas has superado 1.500 euros de ingresos brutos al año y que si cobras el paro del INEM se contabiliza como una de ellas? La mayor parte de quienes quedan en paro, aunque hayan ganado 3.000 euros al año, están obligados a declarar. Si no lo hacen, recibirán un aviso de embargo de los bienes o cuentas que posean, si es que tienen algo.

El nuevo “filtro” de Montoro

Junto con la nueva subida del IRPF –“aportación solidaria temporal”--, el Gobierno anunció el jueves un endurecimiento de la lucha contra el fraude que permitirá elevar la recaudación en 8.161 millones de euros en 2012. Esta cantidad es ligeramente inferior a la exhibida en noviembre por Salgado. El nuevo titular de Hacienda, Cristobal Montoro, confía en explotar la información procedente de los países que han dejado de ser “paraísos fiscales” como las Antillas Holandesas, Panamá y Andorra. El resto procederá del famoso “filtro” o comprobación recaudatoria.

La precisión del objetivo contrasta con la nebulosa del gran fraude en la economía sumergida, que también el Gobierno se dispone a combatir con inspecciones y limitaciones de pagos en efectivo (en negro), según ha anunciado la vicepresidenta y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría. Además, Montoro escribirá al gobernador del Banco de España para preguntarle si las retribuciones de altos cargos de los bancos y las cajas intervenidas son adecuadas y están justificadas. Se trata de impedir que se lleven las indemnizaciones millonarias que aprobaron para sí mismos. Pero eso está por ver.