Dívar favorece a una multinacional en la formación de jueces

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, ha abierto las puertas a la multinacional del agua más importante del mundo para que participe en la formación de los jueces sobe el Derecho del Agua y el Medio Ambiente. La insólita decisión ha sorprendido a los defensores de los recursos naturales públicos y ha llevado al diputado Gaspar Llamazares a remitir el 5 de febrero una carta a Dívar en la que expresa la “preocupación y disconformidad” de IU por ese proceder. El presidente del Supremo y del CGPJ le responde que mantendrá el acuerdo, ya que favorece el conocimiento y la “asesoría”.

El CGPJ y la Fundación AGBAR acordaron en diciembre de 2011 crear un observatorio-foro sobre Derecho de Aguas y Medioambiente. En las bases del convenio consignaron “la realización de actividades conjuntas en materia de formación, con la finalidad de ampliar conocimientos en materias medioambientales, con miras a la creación de un foro permanente sobre Derecho de Aguas”. Se da la circunstancia de que la mencionada fundación privada es una ramificación societaria de la multinacional Suez-Aguas de Barcelona, que controla más del 50% del negocio del agua en el mundo, y como señala Llamazares en su carta, está “muy marcada por los procesos de privatización de la gestión del agua”.

A juicio del diputado y dirigente de IU, la decisión del CGPJ es preocupante, ya que la entidad patrocinadora “tiene un conflicto de intereses” que anula su neutralidad a la hora de coordinar el observatorio y la formación del personal judicial sobre el Derecho del Agua. “El objetivo fundamental de esa entidad es ampliar su negocio en la gestión del agua, liberalizar el sector, regular el agua con mecanismos de mercado y eliminar aquellas legislaciones que contemplan el agua como un bien común y son desfavorables para su expansión”, afirma.

Llamazares avisa a Divar de que la multinacional “ha sido muy controvertida y conflictiva por sus prácticas abusivas (subidas indebidas de tarifa, incumplimiento de contrato, opacidad en las cuentas, etc.) y ha obligado a las autoridades a rescatar concesiones obtenidas por AGBAR-Suez tan emblemáticas como La Paz-El Alto, Buenos Aires o París”. En España tiene pendiente la resolución de un recurso contra la sentencia emitida el 5 de octubre del 2010 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 12 de Barcelona, en la que el juez destaca “la ausencia de contrato de concesión del servicio y la situación ilegítima en la que se encuentra la Sociedad General de Aguas”, y concluye que “el precio que la Sociedad General de Agua de Barcelona cobra sin contraprestación del servicio que proporciona a los ciudadanos de Barcelona es ilegal”.

Puesto que Dívar descarta la anulación del convenio, el diputado y portavoz de IU en la Comisión de Justicia del Congreso, le exigirá que lo revise y “garantice” una formación plural de los futuros los jueces y fiscales, próxima a la realidad que viven los ciudadanos y no exclusivamente a los intereses empresariales del sector. Esto implica que junto a las visiones jurídicas, académicas y empresariales, han de adquirir las que emanan de la defensa y preservación de un bien natural y esencial, de dominio público común.