Rubalcaba renunció a la paga de exministro, pero se calló para no sentar precedente

Alfredo Pérez Rubalcaba renunció al sueldo de dos años como exvicepresidente y exministro, pero se calló para no sentar precedente. El secretario general del PSOE desistió de cobrar la paga del 80% del salario que le correspondía –unos 50.000 euros al año-- cuando el 8 de julio del año pasado abandonó el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Decidió no desvelar su decisión porque sentía un cierto pudor y también para no perjudicial a otros compañeros, según ha podido saber ahora cuartopoder.es en fuentes de su entorno.

Esta renuncia del dirigente del PSOE ha sido confirmada por fuentes de la Ejecutiva socialista –el Gobierno del PP ni confirma ni desmiente-- y es coherente con la exigencia que formuló durante la campaña electoral del 20N de “un político, un sueldo”. Los dirigentes del partido conservador, empezando por Mariano Rajoy, que percibía varias remuneraciones por una cuantía superior a la del entonces jefe del Gobierno, optaron por ignorar la propuesta y la denuncia implícita de Rubalcaba.

Como es sabido, el actual secretario general del PSOE abandonó el Gobierno de Rodríguez Zapatero cuatro meses antes de los comicios para concurrir como candidato a la presidencia del Gobierno. El líder socialista estimó entonces que con el sueldo de diputado por Cádiz (más de 4.000 euros al mes) ya estaba bien en un tiempo de crisis económica y paro galopante.

Pero el gesto de Rubalcaba supuso además un precedente de cierta importancia que ha sido silenciado hasta ahora, pues ningún exministro del PP ni del PSOE había renunciado a la indemnización. Incluso, algún compañero tan cualificado como José Antonio Alonso olvidó consignarla en la declaración de ingresos cuando era portavoz del Grupo Socialista y tuvo que disculparse por escrito ante la Comisión del Estatuto del Diputado.

En fechas recientes, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha considerado “perfectamente compatible” la indemnización oficial por dos años a Elena Salgado como exvicepresidenta económica con la paga de consejera de la Endesa en Chile. Aunque vale suponer, según Santamaría, que el nombramiento para realizar cometidos en otro país no vulnera la ley de incompatibilidades ni permite a Salgado incurrir en tráfico de influencias, algunos medios han destacado que su fichaje como consejera de la multinacional eléctrica para Chile, país que desconoce, sería un ardid jurídico para seguir cobrando la paga oficial.

La decisión de asignar a los presidentes, ministros y secretarios de Estado el 80% de su sueldo mensual durante dos años tras su cese fue adoptada en los años noventa para evitar que los cesantes incurrieran directa o descaradamente en “tráfico de influencias” y pusieran su información y agenda al servicio de las empresas privadas. Pero aquella disposición no ha evitado que varios altos cargos de Defensa hayan pasado sin paréntesis al sector privado de la industria del armamento, que tiene al Ministerio de Defensa como principal cliente. Ni tampoco, que grandes expertos como el exjefe de la Oficina Económica del Presidente, con rango de secretario de Estado, David Taguas, se convirtiera en presidente de Seopan, la patronal de las grandes constructoras, a la semana de hacer cesado.

Un rastreo por la hipocresía y la burla de aquella ley permitiría ahora, a partir del precedente de Rubalcaba y de su principio de un solo sueldo, “aflorar” los colores de un buen puñado de parlamentarios y gobernantes con “pluripagas” en un país de 5,3 millones de parados en el que quienes cobran los mil euros del subsidio de desempleo han de declarar al Inem los trabajos ocasionales que realicen para que les descuenten de la magra cuantía de la prestación el importe equivalente.