El PSOE pide responsabilidades "incluso penales" por la crisis de Bankia

Sin citar expresamente a Rodrigo Rato, el exministro de Trabajo y portavoz del PSOE en la Comisión de Economía, Valeriano Gómez, se mostró ayer dispuesto a exigir “responsabilidades, incluso penales”, por el hundimiento de la nacionalizada Bankia, y pidió al ministro Luis de Guindos que “se ocupe personalmente de depurarlas”. Gómez llevaba su intervención medida, sin que pareciera importarle que la responsabilidad alcance al supervisor, es decir, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, a algunos consejeros de su partido y a varios miembros del equipo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que apoyaron la fusión de siete cajas en el BFA-Bankia.

La comparecencia del ministro De Guindos en el Congreso para explicar la nacionalización de Bankia y su saneamiento con una inyección inicial de al menos 9.000 millones de euros desde el FROB (Banco de España), suscitó una intervención contundente del socialista Gómez, quien dijo que Bankia es la expresión del error cometido hasta 2007 de hinchar la burbuja inmobiliaria con más de siete millones de viviendas a precios prohibitivos y con una financiación exterior de un billón de euros a corto plazo que ha generado unos activos tóxicos incalculables. De Guindos sostuvo que con una provisión de 84.000 millones de euros será suficiente para cubrir la pérdida de valor de los activos. Gómez lo dudó y manifestó su “impresión” de que “el vía crucis de Bankia no acabará aquí”.

El exministro y diputado socialista no dudó en tildar de “indignos” a los ejecutivos de Bankia. “Se desvanecen los mitos”, dijo en alusión a Rato, promotor en su día de la burbuja inmobiliaria y cuyo nombramiento como presidente de Caja Madrid fue respaldado por Zapatero. “Si al menos se dedicaran a dar ejemplo en vez de mostrar unos comportamientos indignos y unas retribuciones abusivas tras una gestión deplorable, los ciudadanos mantendría su confianza”, añadió antes de reprobar la “ligereza” de los gobiernos autonómicos y municipales del PP en el manejo de Bancaja y Caja Madrid.

Por si el “mazazo a la confianza” en el sistema financiero fuera escaso con la crisis “sistémica” de Bankia, cuyo plan de viabilidad con dinero público se conocerá en las próximas horas, Gómez sacó a colación “el fraude intolerable” de las participaciones preferentes y reclamó “responsabilidades penales” para los promotores de ese producto que, sólo en Bankia, mantiene atrapados unos 3.000 millones de euros de 150.000 ahorradores. CiU ha propuesto crear una subcomisión para abordar el problema y el ministro De Guindos reconoció que “hay que dar una salida”.

A pesar de la contundencia de Gómez, quien coincidió con Josep Sánchez Llibre, de CiU, en las críticas a la torpe gestión de la nacionalización, con la consiguiente desconfianza en todo el sistema financiero y el perjuicio para los accionistas y para la deuda soberana por la escalada de la prima de riesgo, el PSOE mantiene su rechazo a la comisión de investigación que solicitó IU-ICV-CHA. Su portavoz, Joan Coscubiela, insistió en que sería un buen instrumento para aclarar las responsabilidades y abusos de lo que denominó “esa casta financiera”. Coscubiela afirmó: “Después de cuatro años perdidos, es hora de empezar a investigar lo ocurrido, porque esto no es un castigo divino, sino que tiene responsables concretos”.

De Guindos admitió que la fusión de las siete cajas de ahorros que dieron lugar a Bankia y su salida a Bolsa “fueron un error”, explicó a grandes trazos y sin comprometer cifras los pasos del plan de viabilidad y saneamiento de Bankia a través del FROB, enfatizó que “los depósitos están totalmente garantizados” y aseguró que Bankia será un banco controlado por el Estado, con gestores “independientes y de reconocido prestigio” y tendrá “un enorme potencial de crecimiento”. Ante las críticas de la oposición por contratar tres auditoras y dos agencias para auscultar el sistema bancario, en detrimento de la soberanía supervisora del Banco de España, dijo que se trata de una medida de “transparencia” para recuperar la confianza. Tras la comparecencia del ministro, los grupos han solicitado la de Rato y del gobernador Fernández Ordóñez.