La marcha del millón de personas abre el curso político contra la pobreza y el rescate

La marcha de un millón de personas contra la política de tierra quemada del Gobierno en materia social será el sábado, 15 de septiembre, el primer gran acto sindical, político y ciudadano de un otoño especialmente duro para los españoles. El PSOE, IU-ICV y otras formaciones de izquierda han resuelto combatir en la calle y en el Parlamento los recortes sociales y la involución de los derechos individuales. Su objetivo consiste en forzar al Gobierno a convocar una consulta sobre los recortes y las exigencias del “rescate” (el bancario y el del servicio de la deuda) o, en su caso, celebrar nuevas elecciones generales. Los comicios del 21 de octubre en Euskadi y Galicia centrarán también buena parte de la actividad política.

El secretario de organización del PSOE, Oscar López, confirmó el domingo en la tradicional fiesta minera de Rodiezmo (León), que marca la apertura del curso político para los socialistas, la participación del partido en las movilizaciones sindicales y ciudadanas de protesta contra el mal trato del Ejecutivo de Mariano Rajoy a los trabajadores y al conjunto de la clase media. “No pediremos permiso al Gobierno para estar en la calle con vosotros, faltaría más”, le dijo al secretario general de la UGT, Cándido Méndez, presente en el acto.

Pero fue el diputado y dirigente histórico Alfonso Guerra quien mejor resumió las razones del PSOE para salir a la calle con las fuerzas sindicales y los colectivos ciudadanos. “El capitalismo está traicionando a los trabajadores en todos los países del mundo; ha roto el pacto que se alcanzó tras la segunda guerra mundial para que respetemos su acumulación de beneficios a cambio de derechos sociales y del estado del bienestar, y contra esa ruptura y esa traición debemos rebelarnos”. En clave interna afirmó que “si el Gobierno del PP, al que votaron hace ocho meses, tiene una legitimidad de origen, ya no la tiene de ejercicio porque está haciendo lo contrario de lo que anunció”. Por tanto, dijo, “hay que obligarle a hacer un referéndum, convocar elecciones o buscar un pacto”.

Aunque la gran protesta que pretende concentrar en Madrid a un millón de personas de los cuatro puntos cardinales acumula un amplio catálogo de motivos, todos ellos se pueden resumir en la frase elegida por las organizaciones de la Cumbre Social que se reunirá el 6 de septiembre para organizar la marcha: “Quieren arruinar el país”. Con el argumento de la crisis, en ocho meses de gobierno, el PP ha demostrado, según Guerra, "su mala uva y mala leche" contra los sindicatos y partidos progresistas y su capacidad de laminar el Estado social y devolver a la sociedad española a una situación de beneficencia propia de los años cincuenta del siglo pasado.

A pesar de los extraordinarios recortes salariales, los despidos y los ajustes sociales sobre los parados y los más necesitados, el Ejecutivo no ha conseguido reducir el déficit al 6,3% comprometido este año con Bruselas. Ni siquiera las subidas de impuestos "auténticamente expropiatorias"  --como las ha calificado el PNV-- de los salarios a través del IRPF y del IVA han supuesto un gran avance. “Todos tienen muchos estudios, pero no saben; parece que se han caído de un guindo”, denunció Guerra en Rodiezmo en alusión a los ministros de Rajoy, al que acusó de “castigar” con un tope salarial de 500.000 euros a los banqueros mientras niega 400 euros a miles de parados que los necesitan.

Si, como es previsible, el Gobierno rechaza la petición de un referéndum sobre su política económica, el dirigente de CC.OO, Ignacio Fernandez Toxo, ya anuncia que “serán las organizaciones de la Cumbre Social las que realicen la consulta popular”. Y si el Ejecutivo desoye a la ciudadanía, “podría convocarse una huelga general de 48 horas”. Por su parte, el movimiento “Ocupa el Congreso” mantiene su previsión de iniciar una protesta el 25 de septiembre en las inmediaciones del Parlamento. Al día siguiente, los sindicatos nacionalistas han convocado huelga general en Euskadi y Navarra. Y el Sindicato de Estudiantes mantiene su previsión de huelga en todos los niveles educativos para los días 2,3 y 4 de octubre.

Mientras, el presidente Rajoy, que el jueves recibe en La Moncloa a la canciller alemana Angela Merkel, deberá explicar las nuevas imposiciones del “rescate”, una palabra que los banqueros y presidentes de grandes corporaciones han pedido que desterremos de nuestro vocabulario porque daña la imagen de España. Si el Bundesbank y el propio BCE, en cuyo consejo ya no hay ningún representante español, insisten en rechazar la compra de bonos españoles, el rescate podría ser superior a 300.000 millones de euros y deprimiría todavía más la economía española.

Aunque el jefe del Gobierno no ha explicado todavía en el Congreso las condiciones del rescate bancario, estimado en 130.000 millones de euros, ni el recorte fiscal remitido a Bruselas el 3 de agosto por más de 150.000 millones en 2013 y 2014, el domingo emprendió su ofensiva mediática para intentar justificar sus decisiones. En una entrevista en cuatro periódicos –el alemán Bild am Sonntag, el francés Journal de Dimanche, el italiano Corriere Della Sera y el español Abc– se muestra convencido de que los españoles le eligieron “para gobernar contra el viento” y afirma que están aplicando los recortes “de manera justa”. El 10 de septiembre hará otra entrevista en TVE.

El impacto del ajuste del déficit al 4% en 2013 y las exigencias del eventual rescate se plasmarán en el Presupuesto del próximo año. El debate presupuestario será la principal actividad parlamentaria, aunque no la única si el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón mantiene su objetivo de derogar la ley del aborto y restringir los supuestos despenalizados de 1986. La titular de Sanidad, Ana Mato, ha transmitido a su grupo parlamentario, que se reúne el martes, que “no intervendrá en la reforma ni tiene nada que decir”, según la portavoz del Grupo Popular en la materia, Dolors Monserrat.

Sobre los test electorales en Euskadi, las encuestas atribuyen una amplia mayoría absoluta a los nacionalistas del PNV y Bildu, lo que abre la puerta a pactos de gobierno o de legislatura con los socialistas, que quedarían como la tercera fuerza política. La incógnita es si el PP se hundirá o mantendrá sus 13 escaños. En Galicia, la consigna del PP consiste en “galleguizar” los comicios y separarlos de la política gubernamental, como si Rajoy no fuera de Pontevedra. La desafección se medirá tanto por los votos a socialistas y nacionalistas como por la abstención.