Soraya, Soria y Montoro sufren ataques de sinceridad

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha reconocido explícitamente que el transporte de uranio enriquecido en Reino Unido desde el puerto de Bilbao a “una fábrica de combustible nuclear en Castilla y León” (la planta de ENUSA en Juzbado, Salamanca) no se realiza con embalaje ordenado por la normativa internacional para las mercancías radiactivas. No es el único ataque de sinceridad de un miembro del Ejecutivo en los primeros compases del año 13. También el titular de Hacienda y Administraciones Pública, Cristóbal Montoro, se ha sincerado al decir que sería negativo subir los impuestos a las Sociedades de Inversión Colectiva, las famosas SICAV que tributan al 1%. Y, luego ya, la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría, ha ratificado la supresión de la partida para la recuperación de la Memoria Histórica porque “después de seis años de ayudas, ese dinero se asigna a otras necesidades”. No dice cuáles.

Antes de entrar en detalles, conviene aclarar que estas muestras de sinceridad se deben a la elasticidad del asueto navideño de sus señorías. Como no trabajan hasta la primera semana de febrero, los cronistas parlamentarios, siempre caninos, nos vemos obligados a repelar algún hueso escondido, como son las respuestas por escrito de los ministros a los diputados que, de cuando en cuando, traslada el secretario de Estado de relaciones parlamentarias y constitucionales, José Luis Ayllón. En la última resma figura la ampliación de una respuesta del ministro Soria al portavoz de Amaiur, Iñaki Errekondo, según la cual, los vecinos de Bilbao y de otras poblaciones están expuestos a los riesgos de los transportes de uranio radiactivo enriquecido desde el puerto de¡ Bilbao a la fábrica salmantina, pero nada tienen que temer.

Esto lo dice el ministro después de reconocer que un transporte de 12,4 toneladas de dióxido de uranio en polvo, con enriquecimiento interior al 5%, procedente de Reino Unido, que se realizó el 10 de septiembre por carretera desde el puerto de Bilbao a la fábrica de Salamanca no contó con el embalaje propio de los bultos que contienen materiales fisionables (“como el transporte al que se refiere la pregunta”). Ese embalaje ha de ser capaz de resistir “las condiciones de un accidente grave” y, según la normativa internacional, corresponde a “bultos B y C”.

En cambio, el dióxido de uranio radiactivo se traslada como “mercancía industrial de tipo A, o exceptuada”, con un embalaje no diseñado para soportar accidentes graves. “La mayoría de los transportes (alrededor del 90%) se llevan a cabo de esta manera”, añade el ministro Soria. Pero no importa porque, según agrega, “las estadísticas de accidentes en el transporte demuestran que estos bultos han aguantado en muchas ocasiones condiciones más exigentes de aquellas para las que han sido diseñados”. O sea, que todos tranquilos.

Para mayor tranquilidad, este Soria explica que los transportes cuentan con “certificado de origen”, emitido por la autoridad competente de Reino Unido –osease, que de contrabando no es el uranio ese- y con el conforme de su departamento (dirección general de política energética y minas), previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear. Pero es que además, “en 45 años nunca ha habido un incidente de transporte que haya causado daño radiológico significativo para las personas o el medio ambiente”, aduce.

Y para que se hagan una idea del número de transportes de material radiactivo, ilustra Soria al de Amaiur diciendo que sólo “en la Unión Europea se supera el millón y medio de bultos al año”. En España, en el año 2009 –se ve que el ministro no dispone de datos más recientes-, el número de envíos a las más de 340 instalaciones radiactivas existentes (hospitales, laboratorios, industrias) superó los 40.000. Por supuesto, para que la gente esté tranquila, los transportes de materiales fisionables están “debidamente inspeccionados por el CSN” y “los itinerarios son confidenciales”. Tampoco hay que dar pistas al enemigo ni, mucho menos, a los ecologistas.

Tanta sinceridad en el salto a la torera de las normas de seguridad de la Agencia Internacional de la Energía es congruente con la que demuestra el ministro Montoro cuando en su última respuesta a Rosa Díez afirma que “si se modificase el régimen fiscal de las SICAV se perdería para España el negocio que genera la administración de las 3.056 existentes, tanto para sociedades gestoras como para las entidades depositarias”. Como es sabido, las Sociedades de Inversión Colectiva en Activos Variables (SICAV) tributan al 1% en el Impuesto de Sociedades, lo que constituye un auténtico chollo respecto a las empresas. De ahí que los capitalistas o inversores principales -sean Botín, la duquesa de Alba u otros tres mil-, acompañados de sus grupos de mariachis, hayan optado por esa fórmula desde hace años. Según Montoro, los rasgos generales de este régimen fiscal no son tan negativos para la hacienda pública como parece, pues los inversores (accionistas o partícipes) tributan cuando transmiten las acciones o participaciones –salvo que cambien de SICAV- y cuando reciben los dividendos en el IRPF a los tipos correspondientes a la base del ahorro. Además, según el ministro, las SICAV son unos vehículos excelentes de canalización de la inversión, por lo que “hay que ponderar detenidamente los efectos de la deslocalización” si se les apretaran las clavijas fiscales como desde hace años viene pidiendo la izquierda política, ciudadana y laboral.

En esta ola de sinceridad vale inscribir, en fin, la respuesta de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría al diputado socialista José Luis Ábalos sobre la cancelación de la ayuda de 3 millones de euros para la Memoria Histórica. “No es que el Gobierno no esté comprometido con la aplicación de la Ley 52/2007, sino que es indispensable ajustar el Presupuesto a las disponibilidades económicas”, le dice. “Y después de sufragar proyectos durante un periodo de tiempo razonable como han sido los últimos 6 años, se ha optado por dar prioridad a otras partidas”. Así de claro. Los que busquen los restos de sus familiares vilmente asesinados por el franquismo como reos del gravísimo delito de defender la democracia y las instituciones democráticas y quieran darles digna sepultura, que se lo paguen. Mayor sinceridad y desparpajo del ordeno y mando –el “por ovarios” y “por cojones” que decimos en la calle- no se podría pedir ni al simpático Morenés.