Mínimo impacto del Tratado de la ONU en la exportación española de armamento

El primer Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), aprobado ayer martes por la Asamblea General de Naciones Unidas por una mayoría abrumadora de 154 países frente a tres contrarios (se registraron 23 abstenciones), supone un paso decisivo para evitar que la sangre insista en expresarse. Se trata de cortar el suministro de los traficantes de armas a los dictadores, genocidas, terroristas, narcotrafiantes y criminales organizados, algo que las organizaciones civiles, de cooperación y ayuda humana venían reclamando desde hace más de treinta años. La coalición Armas bajo Control, que agrupa a más de cien organizaciones civiles con presencia en 120 países, pidió a los Estados que firmen y ratifiquen cuanto antes el Tratado. Su impacto será mínimo o nulo para las exportaciones españolas de armamento y material de defensa, según dijeron fuentes de la Secretaría de Estado de Comercio, de la que es titular Jaime García-Legaz.

Después de siete años de negociaciones diplomáticas y tres décadas de lucha de la sociedad civil para exigir a los gobiernos el control del tráfico de armas, se alcanzó el viernes un gran acuerdo sobre la propuesta de México de romper el veto de Siria, Irán y Corea del Norte –los tres que votaron en contra-- para aprobar el TCA por mayoría, dada la imposibilidad de hacerlo por unanimidad. México sufre especialmente, junto con otros países de Centroamérica, la sangría de la falta de control del comercio de armas ligeras y medias por parte de EEUU. Intelectuales y activistas civiles mexicanos protagonizaron el último año una larga marcha contra la venta de armas hacia las principales capitales y centros de poder del vecino del norte.

El desenlace en la Asamblea de la ONU mostró una mayoría favorable al Tratado muy superior a la esperada, con el voto positivo de Pakistán, un país clave en el control de armas a los taliban y los señores de la guerra en Afganistán. Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia y Ecuador decidieron abstenerse por entender que el texto no es equilibrado ni incluye la prohibición expresa de transferir armas a grupos no estatales. También Rusia, India, China, Egipto, Sudán e Indonesia optaron por la abstención, aunque casi todos dejaron la puerta abierta a firmar e incorporar el TCA a sus legislaciones, para lo que el 3 de junio se abre un plazo de dos años.

El texto asumido por 154 países, incluido EEUU, el mayor exportador de armas del mundo, y los 27 de la UE, liga por primera vez la venta de armas al grado de cumplimiento u observancia de los derechos humanos por parte del país comprador. Entre otras cosas obligará a los Estados vendedores a garantizar que sus armas no irán a países sometidos a embargo, que violan los derechos humanos y no respetan el derecho internacional humanitario. El TCA trata de impedir que las armas de guerra, desde fusiles y ametralladoras a vehículos blindados, carros de combate, cañones, misiles, lanzamisiles, pasando por helicópteros de ataque, barcos de guerra y aviones sean utilizados contra la población civil, especialmente, contra colegios y hospitales.

La firma y ratificación por parte del Gobierno y el Parlamento españoles no representará mayor problema, dado que nuestro país cuenta con una legislación muy estricta sobre el control de las exportaciones, con una junta interministerial que concede o deniega las licencias y un rendimiento de cuentas semestral al Congreso. El Código de Conducta Europeo obliga a las autoridades a controlar las ventas de armas cortas que son, en términos porcentuales, las que siegan más vidas en el mundo. En este sentido, un responsable de Comercio Exterior (Ministerio de Economía) manifestó que la ratificación del tratado tendrá un mínimo impacto en las exportaciones de armamento, que en 2011 alcanzaron la cifra record de 2.431,21 millones de euros y colocaron a nuestro país como séptimo exportador mundial, según el informe remitido al Congreso.

Al margen de las ventas a los países de la OTAN, Venezuela fue nuestro principal cliente en 2011 (567,3 millones por cuatro buques), seguida de Australia (424,47 por tres aviones de reabastecimiento en vuelo) y Noruega (362,96 por una fragata). A Israel se siguió vendiendo material aeronáutico, a Ghana se vendieron armas y munición y un avión de transporte por 26,9 millones de euros y a Colombia otro avión por 24,9 millones. Pese al embargo, entre febrero y mayo, a los países de la “primavera árabe”, las ventas a Egipto, Libia y Arabia Saudita alcanzaron 98 millones de euros. Sólo se denegó una licencia de exportación de 250 pistolas a Guatemala por falta de garantía sobre el destinatario final y 50 lotes de repuestos para aviones militares y helicópteros a Zimbabue, sometido al embargo de la UE.

En el primer semestre de 2012, las ventas bajaron un 43,7% y se cifraron en 619,4 millones de euros, de los que 162,1 fueron por un patrullero oceánico a Venezuela y bloques para un buque de vigilancia del litoral, 26,9 por un avión a Ghana, 22,7 por un avión de vigilancia marítima y repuestos de aeronaves  a México y 11,1 por munición de artillería, bombas de aviación y componentes para submarinos a Chile. El resto de los envíos fueron a países de la OTAN. Además se vendió material policial por 1,7 millones de euros a Perú (900.662 euros), Venezuela (399.711 euros), Túnez (387.725 euros) y Brasil (40.500 euros). Y se suministraron a Irán válvulas y tubos de acero susceptibles de “doble uso” por valor de 15,4 millones de euros. El Ejecutivo no ha remitido todavía el informe sobre las exportaciones del segundo semestre.

Con la mirada puesta en la Península Arábiga, cuyos regímenes autocráticos no destacan precisamente por respetar los derechos humanos, el Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido emplear directamente al ministro de Defensa, Pedro Morenés –un hombre de la industria militar al fin y al cabo– en la venta de armamento convencional: vehículos blindados, munición, lanzamisiles y una amplia gama de transportes terrestres y eventualmente, navales. Aparte de representar a la empresa privada gallega Uro SA, su principal logro ha sido la firma, el 21 de octubre pasado en Abu-Dhabi, de un Convenio Internacional en materia de defensa con los Emiratos Árabes  que, entre otras cosas, permitirá a España suministrar armamento y formación a sus militares. El Convenio faculta a los gobiernos a clasificar operaciones como “secreto de Estado” y fue ratificado sin objeciones por el pleno del Congreso en febrero pasado.

El Ejecutivo mantiene varios programas de apoyo a la industria del armamento, compuesta por unas 800 empresas con una plantilla directa de 16.000 trabajadores y empleo diferido a otros 40.000. Aparte el crédito a la exportación, las acciones incluyen la difusión de las capacidades de las empresas, la definición de las necesidades de la defensa y un código de conducta para contratistas y subcontratistas que favorezca la participación de pequeñas y medianas empresas.