Defensa esquiva la transparencia y clasifica los arrestos como “materia reservada”

Los responsables políticos del Ministerio de Defensa han recordado a las asociaciones profesionales de militares que los arrestos y las sanciones disciplinarias son “materia  reservada” y, por tanto, serán castigados sin difunden datos de los sancionados. La advertencia se produce en pleno debate sobre el proyecto de ley de Transparencia que afectará a todos los organismos del Estado y a cuantas personas físicas y jurídicas reciban fondos públicos. El departamento del que es ministro Pedro Morenés Eulate se ha caracterizado tradicionalmente por su opacidad, aunque no es el único en burlar el derecho de los ciudadanos a la información.

La decisión del ministro Morenés de aplicar la clasificación de materia reservada a los arrestos y sanciones disciplinarias fue anunciada por la subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud Martín-Peña, en la última reunión del Consejo de Personal con los representantes de las Asociaciones Profesionales de las Fuerzas Armadas. En el encuentro, la subsecretaria advirtió que “las sanciones disciplinarias son materia reservada, según el acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986”. La sorprendente memoria de la jefa ministerial, que en aquel tiempo cursaba el Bachillerato y no había ingresado todavía en la universidad privada San Pablo CEU para cursar Derecho, fue estimula por la ola de simpatía social y profesional que dentro y fuera de nuestras fronteras suscitó el subteniente Jorge Bravo Álvarez, presidente y portavoz de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), sancionado con 30 días de reclusión por haberse pronunciado contra los gastos superfluos en el Ejército, en contraste con los recortes a los magros sueldos de los militares.

El razonamiento es claro: al clasificar la información sobre los arrestos, Defensa pretende evitar que trasciendan las características crueles y de dudosa constitucionalidad de las penas privativas de libertad sin mediación del juez. Con ello trata de combatir además la indignación social contra la injusticia y la solidaridad con los castigados. Si el acuerdo gubernamental de 1986 pretendía no alarmar a los ciudadanos ante los últimos coletazos del golpismo –el propio Felipe González desveló 20 años después los planes golpistas para atentar contra el jefe del Estado y los miembros del Gobierno durante un desfile en A Coruña--, hoy, frente a la propalada transparencia contra la corrupción campante, seguimos comprobando que cuanto más grave es un asunto, más lo tapan.

La práctica clasificatoria como materia confidencial, reservada y secreta proseguirá en todos los departamentos ministeriales sin que el proyecto de ley de Transparencia facilite el acceso a la información que permita contrastar conductas perjudiciales para los intereses públicos y los derechos y libertades de los ciudadanos. El proyecto con el que finalmente el PSOE y los nacionalistas de derechas han comulgado no acota ni pone límite a la clasificación de cuantas materias estimen conveniente los ministros del ramo. Si además, como puso de relieve el diputado de Izquierda Plural Josep Joan Nuet en el debate inicial del texto, la nueva ley ni siquiera tiene rango orgánico, como ocurre con la de Protección de Datos, los grandes evasores y defraudadores fiscales por ejemplo, se llamen Bárcenas o de otro modo, seguirán a salvo del reproche ciudadano.

Más allá de que la Jefatura del Estado quede sometida a la mencionada transparencia, según un acuerdo “muy trabajado” entre La Zarzuela y La Moncloa, que no obliga a informar a los miembros de la Casa Real de sus relaciones mercantiles y negocios privados, la nueva transparencia permitirá al Gobierno seguir contestando como ha hecho al diputado Antonio Hurtado en relación con los bienes del obispado de Córdoba exentos de impuestos: que el nombre, la razón social, el valor catastral y los demás datos solicitados no se pueden dar sin el permiso del titular porque se vulneraría el principio de protección de datos. Si Morenés reclasifica para sancionar a conveniencia, su colega Cristobal Montoro se calla la desigualdad ante la ley. Pura transparencia.