Guindos, Margallo, Wert y Morenés ya se resisten a la ley de transparencia

El Gobierno de Mariano Rajoy Brey, y más concretamente, los cuatro ministros punteros relacionados en el título se burlan de la ley de transparencia antes incluso de que entre en vigor. El titular de Economía y Competitividad, Luis de Guindos Jurado, considera “materia privada y reservada” el coste del alquiler de las oficinas del Banco Malo. He aquí su burla y risión. El diputado de ICV y portavoz  adjunto de la Izquierda Plural, Joan Coscubiela, le preguntó hace meses cuanto paga de alquiler la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) o Banco Malo por las dos plantas que ha alquilado a Ahorro Corporación para su sede central en una de las zonas más caras de Madrid, en el paseo de la Castellana, 89.

Coscubiela había leído en algunos medios –cuartopoder entre ellos-- que el Banco Malo paga 720.000 euros al año por las lujosas instalaciones en el edificio de hormigón, aluminio y metacrilato del antiguo Banco Zaragozano, y le pareció cuando menos extraño que, teniendo a su disposición miles de pisos, oficinas y locales vacíos, procedentes de personas desahuciadas, realizara un dispendio tan elevado. Pero el ministro le contestó que no le podía confirmar ni negar esos pagos porque se trata de “una información privada y reservada”.

Desde luego, si el primer paso de la gestión del consejo de administración de la nueva entidad promovida por el Banco de España para limpiar de “activos tóxicos” a las cajas de ahorros, convertidas en bancos en crisis, se caracteriza por una alegría en el gasto del todo alejada de la austeridad, tampoco parecía necesario acudir a una empresa “cazatalentos”, como hizo el FROB (Banco de España), para fichar a un director general tan avezado como Walter Luna --procedente de ING-- y a una presidenta tan profesional como Belén Romana --de la confianza de Rodrigo Rato--, opina el diputado Coscubiela.

El silencio de Guindos extrañó al parlamentario UPyD Álvaro Anchuelo, que incidió en la materia. Pero Guindos también le negó los datos. Su respuesta, publicada en el Boletín Oficial del Congreso el 22 de julio, es un alarde jurídico: “La ley de Sociedades de Capital –le dice-- impone a los administradores el deber de secreto respecto a las informaciones de carácter confidencial y la obligación de guardar reserva de las informaciones, datos, informes o antecedentes que pudieran tener consecuencias perjudiciales para el interés social”. En consecuencia, “esa información no puede ser provista por el Gobierno”.

¿Pero no habíamos quedado en que las entidades, por muy privadas que sean, han de aportar cuantos datos les pidan, no sólo el Gobierno y el Parlamento, sino también los ciudadanos cuando reciban un 40% de financiación pública o 100.000 euros al año? Eso dice la enmienda de CiU, aceptada por el PP, a la famosa ley de transparencia, cuyas excepciones son tantas –incluida la retirada de la limitación del sueldo a los alcaldes-- que ni el PSOE la ha respaldado. ¿No es acaso el Banco Malo un apéndice de la operación del Banco de España y su FROB del multimillonario rescate a cuenta de todos los ciudadanos?, se pregunta Anchuelo.

Con independencia de que la gestión del Banco Malo sea manifiestamente mejorable –desde que se puso en marcha hasta mayo pasado sólo ha vendido 550 de las 55.700 viviendas que acumula junto con otros 30.000 activos anejos--, la voluntad de transparencia gubernamental solo brilla en sus zapatos, a ras de suelo. Incluso, coincidiendo con los debates de los ponentes de la transparencia, los ministros siguen negando información elemental a los representantes del soberano. En ese sentido, vale citar los casos más recientes.

“¿Se puede saber cuántos estudiantes han tenido beca y cuál ha sido la cuantía media en el curso 2012/13?”, ha preguntado el diputado socialista Germán Rodríguez al ministro de Educación, José Ignacio Wert. Y la respuesta ha sido: “No, no tenemos esos datos todavía”. Es tremendo. “¿Se puede saber cuántos españoles y, de ellos, cuantos andaluces, viven por debajo del umbral de la pobreza?”, ha preguntado al Gobierno el socialista gaditano Francisco González Cabañas. Y la respuesta, del pasado 8 de agosto, ha sido: “Sí, pero con datos de la época de Rodríguez Zapatero, más concretamente, de 2010: en Andalucía 2.614.354 personas y en España 9.985.893 figuran por debajo del umbral de la pobreza”.

Otra modalidad de transparencia desde que el PP accedió al Gobierno viene siendo practicada de forma más sutil por los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa, de los que son titulares José Manuel García-Margallo Marfil y Pedro Morenés Eulate, respectivamente. El primero ha dado orden de no trasladar documentos al Archivo Histórico Nacional y al Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares (Madrid). Y el segundo ha paralizado la desclasificación de más de 10.000 documentos anteriores a la ley franquista –y sin embargo vigente-- de secretos oficiales de 1968, obstaculizando así el acceso a investigadores e historiadores. El diputado socialista Diego López Garrido les preguntó el 17 de julio si van a reconsiderar sus decisiones, pero no ha obtenido respuesta.