Margallo propuso que Ceuta y Melilla fueran "paraísos fiscales" como Gibraltar

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo y Marfil, propuso que Ceuta y Melilla se convirtieran en “paraísos fiscales” para atraer capitales y sociedades mercantiles. Su planteamiento de hace 35 años es exactamente el que denuncia respecto a Gibraltar, aunque la plaza de soberanía británica se atenga a las normas de la Unión Europea en materia impositiva y de transparencia fiscal, razón por la cual, los inspectores de la UE que enviará la Comisión para informar sobre el conflicto vecinal con el Reino de España, no incluirá el análisis de las ventajas fiscales en el Peñón.

Cuando el actual ministro de Exteriores, García-Margallo, era diputado de la desaparecida Unión de Centro Democrático (UCD) por Melilla y se estaba discutiendo el sistema autonómico español, propugnó en una entrevista con Pilar Urbano, publicada en ABC el 1 de agosto de 1978, que ambas plazas de soberanía española se merecían un estatuto con “un régimen especial mercantil y fiscal: un sistema de privilegios fiscales que atraigan la inversión de capitales y la instalación de empresas, nacionales y extranjeras, para crear sociedades intermediarias entre los grandes países exportadores e importadores de bienes y servicios”.

Ese estatuto con características de “paraíso fiscal”, según destacaba el periódico derechista, es el que el ahora Margallo, convertido en jefe de la diplomacia española por decisión del presidente del Gobierno y líder del PP, Mariano Rajoy, combate contra Gibraltar. Durante casi dos años de gobierno, el Ejecutivo del PP, que decretó la amnistía fiscal como medida recaudatoria en vez de investigar, perseguir y sancionar el fraude, no ha solicitado datos de los evasores españoles a las autoridades gibraltareñas. Sólo en agosto pasado, en pleno conflicto provocado por el lanzamiento de bloques de hormigón en el istmo y la franja gibraltareña, y la posterior respuesta española frente al contrabando de tabaco, el Gobierno solicitó información sobre 17 personas físicas y jurídicas.

A falta de respuesta inmediata, Margallo exhibió esas peticiones durante su comparecencia en la Comisión de Exteriores del Congreso, a primeros de septiembre, como un argumento más para afirmar que Gibraltar sigue siendo un paraíso fiscal o un nido de evasores de impuestos. En declaraciones públicas, el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, se ha comprometido a facilitar toda la información que soliciten las autoridades españolas, del mismo modo que lo hace con el resto de los países de la UE y con Estados Unidos. La justicia española ha pedido las cuentas de algunos implicados en la trama Gurtel de corrupción vinculada al PP.

Cuando Margallo defendió su propuesta de convertir a Ceuta y Melilla en paraísos fiscales, en agosto de 1978, su partido (UCD) estaba en el Gobierno y ni siquiera se había planteado abrir la verja y facilitar el libre tránsito con Gibraltar. Esa decisión fue una de las primeras que adoptó el Gobierno de Felipe González en 1982. Treinta y cinco años después, el jefe de la diplomacia española no ha tenido reparo en elogiar la política de su antecesor franquista Fernando María Castiella y Maíz, que ordenó el cierre de la verja –con nefastas secuelas humanas y sociales– y en vituperar al socialista Miguel Ángel Moratinos por haber  impulsado el foro tripartito de diálogo y concertación.