Víctimas del franquismo piden a los enviados de la ONU la justicia que les niegan en España

Fue un desahogo emocional, una catarsis con lágrimas y dolor. ¿Cómo se lo explicaría yo en dos minutos? Más de cien hijos y nietos de los 130.000 desaparecidos, víctimas de la sublevación franquista contra la II República y el régimen democrático, expusieron ayer martes en Madrid sus casos, a dos minutos cada uno, ante el grupo de trabajo de la ONU sobre las desapariciones forzadas y los crímenes de lesa humanidad. Los delegados internacionales, encabezados por Ugo Cedrangolo, representante del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, escucharon sus testimonios durante tres horas y media. De las cuatro exigencias –justicia, reparación, memoria y verdad--, los familiares se centraron en la primera: justicia.

Los miembros del grupo de trabajo de la ONU ya hicieron saber el lunes a los comparecientes de doce asociaciones que venían a España con “la agenda abierta” y, según refirió a cuartopoder el sociólogo Francisco González Tena, quien les entregó un informe sobre los niños robados, llegaban dispuestos a recoger “las desapariciones y los crímenes imprescriptibles anteriores a 1945, año de la creación de Naciones Unidas”. Disiparon así el recelo de las asociaciones de víctimas, agrupadas en la Comisión de la Verdad, sobre la invalidez de sus testimonios, pues la mayor parte de los asesinatos y desapariciones se produjeron entre 1936, inmediatamente después de la sublevación militar franquista, apoyada por Hitler y Mussolini, y la inmediata posguerra de 1939.

De hecho, algunos representantes de asociaciones y familiares de víctimas como Salceda de Luz Medel y Fausto Valerico no ocultaban a este cronista su escepticismo ante la barrera temporal. “Hemos pedido comparecer, pero tememos que nuestros testimonios no sirvan para nada”, decían algunos al entrar. “No nos hacemos ilusiones, la ONU sólo hace recomendaciones”, añadían otros que, sin embargo, acudían a la comparecencia con sus mejores galas, como si fuera un día festivo. Eso sí, sin olvidar las fotos y documentos sobre sus seres queridos. “Téngase en cuenta –decía  Jaime Ruiz, portavoz de la Comisión de la Verdad-- que España es segundo país con más desaparecidos en el siglo XX, con 2.232 fosas comunes documentadas, de las que sólo se han abierto 390 por iniciativa de los familiares y sin ningún proceso judicial hasta el momento”.

Ruiz, que entregó a los comisionados un lapicero electrónico y una voluminosa documentación con 290 testimonios de familiares de víctimas, hizo abstracción de que el único proceso judicial abierto en España fue contra el magistrado Baltasar Garzón, precisamente por asumir la denuncia de las víctimas. Gran parte de los familiares confían ahora en la jurisdicción universal que ejerce la justicia argentina a través de la juez decano de Buenos Aires María Serivini de Cubría.

En este sentido, algunos familiares criticaron amargamente el rechazo del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, de la orden de detención internacional contra cuatro torturadores del franquismo. Como es sabido, la querella también afecta a Rodolfo Martín Villa, exministro preconstitucional de Gobernación, y a José Utrera Molina, exministro de Franco y suegro del actual titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. En un artículo en ABC en julio pasado, el nonagenario Utrera arremetía contra la instrucción de la jueza argentina y criticaba la ley de la memoria histórica diciendo que “todo tendría que ser ya tumba, recuerdo de grandezas y olvido de miserias”. Utrera integró el Consejo de Ministros que sancionó la ejecución de Puig Antich.

Incidente con la policía

Ante el hotel Paseo del Prado, en la plaza de Neptuno, no sólo se concentraron los comparecientes, sino también algunos amigos y miembros de asociaciones con dos banderas republicanas y un gran panel con fotos de los desaparecidos. “Tumbas cerradas, dolor abierto”, era uno de sus lemas. La Comisión de la Verdad, con su campaña #DíseloalaONU, comunicó a la Delegación del Gobierno que se iba a producir una concentración. Y la Delegación envió dos piquetes de policías que durante una hora impidieron la entrada de los familiares de las víctimas al hotel en el que habían sido citados por los comisionados de Naciones Unidas. Uno de los ocho agentes que bloqueaban la puerta giratoria, con número de placa 99346, impidió la entrada, empujó y escupió a este corresponsal, acaso involuntariamente porque mascaba chicle. Entre las víctimas, familiares y amigos estaban Víctor Díaz Cardiel, Cristina Almeida, el historiador Ian Gibson y la exdiputada del PSOE Ludivina García Arias.

El bloqueo policial se resolvió cuando, por una puerta lateral del hotel, apareció el comisionado de la ONU Ariel Dulitzy pidió a los familiares que fueran pasando. En su lista figuraban unas cincuenta personas para prestar testimonio, pero el grupo de trabajo accedió a recoger el testimonio de otros tantos, incluidos los jóvenes Jorge Roríguez, Esther Pereiro y el presidente de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Carlos Villán. Precisamente la conexión entre el derecho español y el internacional es una de las materias que el grupo de trabajo de la ONU, que hoy se traslada a Barcelona y también recogerá información y testimonios en Sevilla y en Vitoria, deberá considerar en su informe.

Mientras el corresponsal, que había visto frustrado su acceso al hotel para hablar con la bosniaca Jasminka Dzumhur, miembro del grupo de trabajo de la ONU, esperaba en la calle de Cervantes a que salieran los comparecientes, cuatro agentes le rodearon y empujaron contra la pared al tiempo que uno –el mismo que le había empujado y escupido dos horas antes-- le exigía el DNI, pese a haberle mostrado su credencial profesional. Después de tomar nota, el policía dijo que iba a ser sancionado “por resistencia a la autoridad”. Una mujer que observó el trato y protestó, fue zarandeada, y un reportero que registró la escena fue obligado mostrar su carné de identidad y fichado también.

Un minuto después, los policías desaparecieron en el furgón reglamentario y el cronista pudo seguir realizando su tarea, es decir, recabando las impresiones de personas como Paco González de Tena, el hombre que denuncia el “desistimiento del ministro Gallardón de la investigación de los robos de niños” y estima en más de 30.000 los que fueron apartados de sus madres al nacer por una “mafia blanca” perfectamente organizada. Y con Fausto, de 79 años, cuyo padre fue asesinado y arrojado a un pozo-fosa a 25 kilómetros de su pueblo, Parajes de Adaja (Ávila), junto con otras seis personas. Sus huesos fueron sacados apresuradamente años después por los franquistas, que los trasladaron al Valle de los Caídos. Y con Jaime Ruiz, que además de 290 documentos, aportó datos de seis fosas recién localizadas y declaraciones de seis madres a las que les robaron sus hijos. Y, en fin, con Jordi Gordon, el periodista que ha filmado decenas de testimonios de hijos y familiares de desaparecidos y que describió las comparecencias como algo impresionante, el drama colectivo de unas personas que necesitan ser escuchadas. Eso dijo. Sólo que en vez de escucharles, “el Gobierno ha cerrado la oficina de las víctimas”, denuncia Ruiz.

Vídeos de la Plataforma Comisión de la Verdad