Mato se jacta de ahorrar casi mil millones con la supresión de tarjetas sanitarias

La ministra de Sanidad, Ana Mato Adrover, calcula que la retirada de tarjetas sanitarias a los extranjeros no residentes ha supuesto un ahorro de casi mil millones de euros al sistema sanitario público. En respuesta a una batería de preguntas del diputado y portavoz de Izquierda Plural Gaspar Llamazares en la comisión de Sanidad del Congreso, la ministra se jacta de haber dado de baja a 676.000 extranjeros que ya no constan como residentes en nuestro país y multiplica esa cifra por los 1.446 euros de gasto medio anual para concluir que “el ahorro sería de 977.500.000 euros”.

La cifra exacta de la operación son 977.496.000 euros, pero si tenemos en cuenta que desde septiembre de 2012 ha suprimido más de 870.000 tarjetas sanitarias a otros tantos extranjeros, en su mayor parte inmigrantes, el ahorro que podrá exhibir con su regla matemática alcanza 1.258 millones de euros. Mato insiste en que el Gobierno no ha cambiado el modelo sanitario ni ha suprimido el derecho universal a la sanidad. Es más, dice que gracias al Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril, se ha extendido el derecho a “colectivos tradicionalmente excluidos como los arquitectos, los abogados o los ingenieros”.

Lástima que a renglón seguido se desmienta a sí misma y acabe reconociendo la exclusión de los inmigrantes que han perdido la residencia al perder su empleo y no pueden demostrar su arraigo –que son la mayoría de las tarjetas suprimidas y no renovadas--, aunque pueden acudir a urgencias si lo necesitan y recibir atención primaria si son menores o están embarazadas. Como es sabido, Andalucía, Asturias y el País Vasco mantienen la asistencia universal e incluso Castilla y León, donde gobierna el PP, se han negado a aplicar las restricciones sanitarias.

La ministra Mato también exhibe cifras positivas por el “turismo sanitario” europeo, con una facturación interestatal de 450 millones y un saldo positivo de 70 para España. Y aunque no evalúa el ahorro derivado de la implantación del “copago” de los medicamentos, asegura que la exclusión de 419 fármacos del Sistema Nacional de Salud ha permitido economizar 450 millones de euros. Sobre el efecto inmediato –la subida del precio de esos medicamentos--, dice que sólo 177 han subido de precio y sólo 43 han aumentado más de dos euros.

En varias respuestas a las cuestiones planteadas por Llamazares, Mato admite que las subastas de medicamentos a través de las centrales de compras supondrían un ahorro del 10 al 20% del gasto farmacéutico. Su respuesta contrasta y se da de patadas con los sucesivos recursos del Gobierno al Tribunal Constitucional contra la Junta de Andalucía por sacar a concurso subasta los fármacos que dispensa el Servicio Andaluz de Salud.

En todo caso, la ministra conyugalmente afectada por la trama Gurtel de corrupción en el PP y que podría volver al Parlamento Europeo en los comicios de mayo, sostiene que si no se ha alcanzado el ahorro de 7.000 millones de euros inicialmente previsto con la reforma sanitaria se debe a que “la estimación es para finales de 2014, una vez implantadas todas las medidas”. Las nuevas “implementaciones” desde el 1 de enero consisten en suprimir la tarjeta sanitaria a los españoles que estén más de tres meses al año fuera del país y establecer el copago a los fármacos que dispensan los hospitales a los enfermos crónicos que los necesitan para seguir viviendo.