Los secretos que Suárez se lleva a la tumba

Con el éter plagado de elogios hacia la figura de Adolfo Suárez González como gran arquitecto de la Transición, los españoles seguimos sin tener derecho de acceso a los documentos, las actas, las decisiones, los archivos y las grabaciones que nos permitan conocer con precisión y rigor el apasionante periodo que transcurre desde la muerte del dictador Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975, hasta la dimisión de Suárez como jefe del Gobierno, el 29 de enero de 1981, tres semanas antes de que se produjera el golpe de Estado del 23-F cuando se votaba la investidura de su sucesor Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo, aquel hombre de empresa (La Unión de Explosivos Riotinto) al que llamaban La Esfinge que preguntó a Rodolfo Martín Villa quién era el jefe de los guardias que disparaban en el Congreso. Era el golpista Tejero de la operación Galaxia. “Otra vez el loco de Tejero la ha liado”, le contestó el exministro de Gobernación.

La negación del derecho a conocer lo ocurrido hace casi 40 años se debe al persistente rechazo de los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP a desclasificar los documentos secretos. La Ley de Secretos Oficiales, de la época franquista, no contempla la desclasificación al cabo de treinta, cuarenta o cincuenta años, como ocurre en la mayoría de los países democráticos. La “transparencia” que ahora proclama el Ejecutivo de Mariano Rajoy Brey cual bálsamo de Fierabrás contra la corrupción política excluye, entre otras materias, la posibilidad de que algún día podamos conocer documentalmente la gestión y las decisiones del mencionado presidente y de sus antecesores. Surge así la pregunta de cuántos secretos se lleva Suárez a la tumba.

Ya supondrá el lector la sensación de zozobra de buena parte de los dirigentes políticos, cuadros y militantes de los partidos de izquierda y también de los sindicatos, politizados entonces, al comprobar que Suárez dejaba las riendas del gobierno en manos de un hombre que no sabía nada, absolutamente nada, de las tramas golpistas y de la extrema derecha que amenazaban la democracia. Suárez dejó el Gobierno cuando se hablaba de la “democracia vigilada” y a Calvo-Sotelo, un hombre culto y sin ningún carisma, se le ocurrió dar la vuelta a la frase y pasar a “la democracia vigilante”. Leopoldo escribió un libro de memorias en el que explicaba la inmediata decisión de ingresar en la OTAN y justificaba su ignorancia sobre las tramas golpistas porque “sólo una vez se habló del golpismo en el Consejo de Ministros” y eso fue en 1978, cuando algunos mandos intermedios del Ejército y la Guardia Civil preparaban en la cafetería Galaxia el asalto a La Moncloa.

Tal era la confianza que Calvo-Sotelo inspiraba que mientras algunos periodistas escribían: “No disparen al pianista” (como hombre culto, tocaba el piano), no pocos diputados llevaban el pasaporte y un fajo de dólares en su cartera por si tenían que salir en el primer avión que despegara del que en fecha próxima se llamará Aeropuerto Adolfo Suárez (todavía Barajas). Calvo-Sotelo escribió sus memorias sobre el fugaz paso por La Moncloa y lo propio hizo en libros, conversaciones y declaraciones su sucesor Felipe González Márquez. El siguiente inquilino, José María Aznar López, se jactó incluso de llevarse algunos documentos de su mandato y no ha parado de producir libros de memorias y doctrinas. Hasta José Luis Rodríguez Zapatero, el hombre más parecido a Suárez en talante, no se sustrajo a la tentación de contar su experiencia sobre el rescate económico encubierto, con una gran aportación en su reciente libro El Dilema: la carta de cinco folios que el 5 de agosto de 2011 le remitió el presidente del BCE, Jean Claude Trichet, y que se negó a entregar al Congreso.

El contraste con sus sucesores, Suárez pasa a la historia como el presidente que no escribió sus memorias cuando podía, es decir antes de que a partir de 2002 el alzheimer le borrara sus recuerdos. ¿Era ágrafo el primer presidente de la democracia española o, como dicen algunos promotores de la leyenda urbana, dejó unas memorias secretas en manos de su hijo Suárez Illana? Junto a ese primer secreto que podría ser depositado en su féretro dentro de una cápsula del tiempo, se lleva a la tumba las claves de “la prehistoria de la transición”: “el espíritu del 12 de febrero”, “el gironazo”, el Estatuto Real, la Carta Otorgada, “la ventanilla única dentro del Movimiento”, los choques de las propuestas de reforma de Joaquín Garrigues y de Alfonso Osorio con el integrista Carlos Arias Navarro (conocido como el Carnicero de Málaga) y su principal aliado, el popular José Solís.

El 29 de abril de 1976, Osorio despachó con Arias Navarro un proyecto que contemplaba unas elecciones generales –llenas de trampas-- y la formación de unas Cortes Constituyentes. Arias lo rechazó. Pero en el debate ante aquellas Cortes franquistas, el entonces ministro secretario general del Movimiento, Suárez, dijo: “El Gobierno tiene la responsabilidad de poner en marcha los mecanismos necesarios para la consolidación definitiva de una democracia moderna…” Ya en aquel discurso dejó constancia de su intención de hacer normal en política la pluralidad normal en la calle. Conocía el régimen por dentro y resultaría interesantísimo descubrir como se las ingenió para minarlo y con qué apoyos secretos contó para ello.

Sus recados secretos a Santiago Carrillo (Junta Democrática), sus emisarios a Leizaola y a Tarradellas en el exilio, sus contactos secretos con Felipe González (Plataforma Democrática) y las claves para conocerlos a todos e introducir espías cerca y, a ser posible, en las mismas direcciones de los principales partidos de izquierda, son detalles de indudable interés histórico que Suárez se lleva consigo del mismo modo que también nos deja ayunos de su amistad con el príncipe Juan Carlos de Borbón y sus correrías con él y con Fernando Abril por la sierras de Gredos y Guadarrama. Nació ahí una atmósfera de amistad alimentada por Carmen Díez de Rivera, la Musa de la Transición. También se lleva a la tumba su versión de la larga negociación con Carrillo, las propuestas del Rey al respecto, las consultas previas a la legalización del PCE y la elección de la fecha.

Sobre los resultados de las primeras elecciones democráticas, el 15 de junio de 1977, cuando no dejaron votar a los 18 años, sino a los 21 años, por temor al triunfo de la izquierda frente a la UCD de Suárez y a la AP de Fraga, alguien como José Miguel Otero Novas, que colaboró con el señor de los tirantes en el Ministerio de la Gobernación y fue jefe de gabinete de Suárez, dijo que aquella noche no salían los números. Suárez le tranquilizó. Y a primera hora de la mañana, después de una reunión con el vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, ya no hubo duda de que la UCD había ganado claramente (166 escaños) a la izquierda (PSOE, 116 diputados y PCE 19). ¿En cuántas provincias hubo empate y se negociaron resultados?

Quizá el secreto mejor guardado por Suárez sea “el golpe de timón”, las presiones militares y los reproches que escuchó de cuatro generales en La Zarzuela y que, en última instancia, provocaron su dimisión. La sintonía entre el presidente y el jefe del Estado se había deteriorado por circunstancias personales, y Suárez, con las familias de la UCD en plena descomposición, prefirió la dimisión a la imposición. De ese modo alertó sobre el riesgo que corría el sistema democrático constitucional tan laboriosamente conseguido.

Las proporciones reales del golpe y las consultas e implicaciones de la trama civil, incluidos algunos poderes financieros, eran conocidas por los servicios secretos españoles y por algunos extranjeros (rusos y estadounidenses), pero el secreto de Estado sigue impidiendo el acceso a la documentación y el estudio histórico. Izquierda Unida (IU) ha pedido reiteradamente en el Parlamento la modificación de la Ley de Secretos oficiales y la desclasificación de los documentos de la jefatura del Estado, la presidencia del Gobierno, los servicios secretos, los Ministerios de Interior, Exteriores, Defensa y Fuerzas Armadas. Pero siempre ha quedado en minoría y perdido la votación. Suárez interpretó acertadamente la voz de los ciudadanos cuando exigían libertad y derechos democráticos. Los que todavía vetan el derecho de acceso al conocimiento en nada contribuyen a su obra; antes al contrario, se aferran a la "política del champiñón", aquella que según los militares franquistas consistía en mantener al pueblo a oscuras y darle mierda.