Susana Díaz rectifica, devuelve a IU las competencias de Vivienda y salva la crisis
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz Pacheco, decidió esta madrugada rectificar y devolver a la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, de IU, las competencias sobre la asignación de viviendas sociales que unas horas antes le había quitado por decreto 1/2014. Después de una reunión de seis horas entre los dirigentes y portavoces del PSOE y de IU en el Parlamento Andaluz, Díaz anunció a la 1:30 de la noche que publicará la rectificación en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) de hoy, como así ha sido. La reconsideración se produce después de que IU anunciara "la suspensión momentánea del acuerdo de gobierno" y de que la consejera Cortés acreditara con los expedientes en la mano que había respetado la legalidad en la asignación de ocho viviendas de la Junta a otras tantas familias con niños y en situación de necesidad extrema de las 23 que fueron desalojadas hace una semana de la Corrala Utopía, propiedad de Ibercaja.
Díaz quería demostrar tanta firmeza que ni siquiera esperó el jueves a la conclusión de la reunión con IU para ordenar la publicación del decreto por el que quitaba las competencias a Cortés y las asignaba a la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Su decisión olió a cuerno quemado al vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, y al coordinador general, Antonio Maíllo, quien consideró que la socialista había abierto la "crisis de gobierno" y anunció la "suspensión momentánea del pacto". El PSOE, con 47 diputados --tres menos que el PP, que obtuvo 50 en las elecciones del 23 de marzo de 2012--, necesita el apoyo de IU, que cuenta con 12 escaños en el Parlamento Andaluz. El coordinador de IU, Cayo Lara, que siguió la crisis en Sevilla y Huelva, respaldó la firmeza de la dirección andaluza para obligar a los socialistas a rectificar.
Lo que soliviantó más a IU, según comentó el veterano dirigente Felipe Alcaraz, fue que una vez más intentaran colocarles "fuera de la ley" como si fueran "unos foragidos que no respetan las leyes". La perversidad añadida consistía en la negación del mérito a los que luchan por derechos humanos y sociales básicos, en este caso, a unas familias en necesidad extrema que han luchado por el derecho a techo. No faltaron voces como la de Julio Anguita recordando su discurso de "las dos orillas" y pidiendo valentía a sus compañeros para "abandonar con dignidad el Gobierno andaluz". Por su parte, algunos miembros del Comité Director del PSOE-A empezaron a manejar la opción de unas elecciones anticipadas si IU persistía en su actitud. El candidato europeo de IU, Willy Meyer, comentó que sería un error y descartó que Díaz quiera convertirse en Robin Hood y entregar el poder a la derecha.
Después de varias horas de reunión entre los responsables del PSOE e IU en las que participó el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, como representante de Díaz, se abrió un impasse y la consejera Cortés y la directora general de Vivienda, Amanda Meyer, recién llegadas de Panamá, aportaron los expedientes de las ocho familias socorridas por razones de “urgencia y especial necesidad”.
La legalidad de la asignación de las viviendas quedó acreditada. Frente al argumento de Díaz de no tolerar que se salte la lista de personas que esperan una vivienda social para favorecer a quienes las ocupan de forma ilegal, los responsables de IU también aportaron la sentencia de desalojo que exige el realojo inmediato y la previsión de la ley andaluza de vivienda de 2010 que en su artículo 20 establece: "Las Administraciones Públicas andaluzas favorecerán el alojamiento transitorio de las personas físicas con riesgo o en situación de exclusión social que no puedan acceder a una vivienda protegida y respecto de las cuales quede acreditada su necesidad".
Al mismo tiempo que aportaban los documentos, Meyer denunció que en Sevilla se contabilizan 528 viviendas municipales vacías. “Entre decreto y decreto, un millón de viviendas deshabitadas, ley impugnada, desahucios y más de quinientas casas vacías sólo en Sevilla”, dijo en su Twitter. Como es sabido, el Gobierno de Mariano Rajoy recurrió al Tribunal Constitucional la ley andaluza que contemplaba la expropiación de viviendas a los bancos para salvar a las familias de los desahucios. El TC admitió el recurso y paralizó la aplicación de la norma. Lo que no recurrió fue el precepto de la ley de 2010 que faculta a la Junta, a través de la Consejería de Fomento y Vivienda, a facilitar alojamientos transitorios a personas con riesgo de exclusión social. En este precepto de la ley socialista se amparó la consejera Cortés para ayudar a las familias. La designación por parte de IU de esta mujer como consejera ya dificultó hace dos años la negociación del pacto de gobierno porque los socialistas la consideraron muy izquierdista. A la vista está que esa confianza no se ha disipado y que finalmente, ante la legalidad intachable, la presidenta Díaz se ha visto obligada a rectificar.
