La Moncloa dice que Morenés es ajeno a un contrato de armas con su antigua empresa

La Moncloa ha salido en defensa del ministro Pedro Morenés para aclarar que no ha tenido nada que ver en la adjudicación a la empresa Instalaza, de la que fue consejero, de un contrato directo y sin publicidad de cuatro millones de euros para dotar del lanzagranadas Alcotán-100 a varias unidades ligeras del Ejército de Tierra. La empresa a la que sirvió el actual ministro de Defensa denunció al Ejecutivo en 2011 para reclamar 40 millones de euros en daños y perjuicios por la supresión de las bombas de racimo, de las que era el principal fabricante español.

A finales del año pasado, UPyD pidió al Gobierno que aclarase el presunto trato de favor del ministro de Defensa a su antigua empresa, Instalaza, en un contrato de compra de lanzagranadas para el Ejército, y desde el Ministerio de la Presidencia, del que es titular Soraya Sáenz de Santamaría, han intentado ahora zanjar la cuestión asegurando que Morenés no intervino en ese contrato ni tenía, por tanto, obligación de comunicarlo al Registro de Intereses de los miembros del Gobierno y altos cargos (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) ni estaba obligado a abstenerse.

Según la explicación de Moncloa a la portavoz de UPyD en materia de Defensa, Irene Lozano, el contrato corrió por cuenta de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra y fue adjudicado el 5 de diciembre pasado sin que el órgano central (Ministerio de Defensa) interviniera “en ninguna fase del procedimiento”. Para avalar esta afirmación, La Moncloa invoca una orden ministerial de 2010 de “desconcentración de facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y jurídicos onerosos”.

El Alcotán-100 es un lanzagranadas individual, provisto de una dirección de tiro (Vosel M2) muy precisa que permite asestar un bombazo a un objetivo situado en un radio de medio kilómetro. El sistema, en el que Instalaza trabaja desde 2003, fue presentado en su momento como el último grito del armamento con el que se puede dotar a los guerrilleros (operaciones especiales) y a las unidades de Infantería Ligera, Caballería e Ingenieros del Ejército. Con estos lanzagranadas al hombro es posible inmovilizar carros de combate blindados, destruir cañones enemigos y derribar aviones y helicópteros.

Los cuatro millones de euros del presupuesto de Defensa permiten al Ejército contar con unos setenta tubos lanzadores empacados con su correspondiente motor de lanzamiento, medio centenar de direcciones de tiro y treinta simuladores para entrenamiento en el aula. Se trata, por tanto, de un arma cara, sin contar el precio de la munición que sólo la empresa fabricante del sistema puede suministrar. Instalaza exporta estos lanzagranadas y su munición reglamentaria a varios países de América Latina.

La presunción de favoritismo del ministro hacia su antigua empresa es lógica si se tiene en cuenta que ya en su primera comparecencia parlamentaria sufrió un lapsus de memoria al intentar desvincularse de la iniciativa de Instalaza de denunciar al Gobierno del que luego pasó a formar parte, y reclamarle 40 millones de euros por la cancelación de contratos de suministro de bombas de racimo. En respuesta al diputado de ERC, Joan Tardà, el ministro aseguró que había dejado de ser consejero de Instalaza en 2007. La realidad es que siguió como tal hasta marzo de 2009 porque la empresa Boguillas SL, de la que era administrador único, le mantuvo en el cargo. De hecho, Instalaza no comunicó su cese al Registro Mercantil hasta 2011.

Si en aquella ocasión fue el propio ministro quien aclaró sus lapsus de memoria mediante una carta dirigida al presidente de la Comisión de Defensa, Agustín Conde, y después de que el diario Público.es hubiese advertido sus imprecisiones, ahora ha correspondido a la instancia superior negar cualquier trato de favor a la denunciante Instalaza en el suministro de Alcotanes. Estas cosas pasan cuando la “puerta giratoria” no para de rular.