El Gobierno ve normal que la defensa de los directivos de Bankia la paguemos todos

Como si las víctimas tuvieran que pagar a los abogados defensores de sus agresores, el Gobierno de Mariano Rajoy considera normal que los clientes y damnificados de Bankia y, en último término, todos los españoles, paguemos la defensa judicial de los consejeros y directivos que condujeron a la entidad a la quiebra. Tamaña subversión de la lógica está presente en la respuesta que La Moncloa ha remitido a la diputada y dirigente de UPyD, Rosa Díez, la primera en querellarse hace dos años contra el expresidente Rodrigo Rato y los 32 consejeros y directivos del complejo bancario rescatado con dinero público mediante un crédito de la Unión Europea. Téngase en cuenta que el conglomerado BFA-Bankia fue intervenido en mayo de 2012 por el Banco de España, que le inyectó 23.500 millones de euros de dinero público prestado por la UE y avalado por el Estado (el importe de los avales son 120.000 millones de euros), y que el rescate supuso el despido de 4.500 trabajadores y pérdidas millonarias para miles de accionistas y ahorradores a los que endosaron las famosas participaciones preferentes y deuda subordinada.

La pregunta de Díez sobre quién está pagando la costosa defensa de los acusados ante la Audiencia Nacional de los presuntos delitos de estafa, falsedad, administración desleal y otros que tan grave quebranto económico han producido a miles de ciudadanos y al sistema financiero español, puso muy nervioso al ministro de Economía, Luis de Guindos, que pidió a la diputada que reformulara la cuestión y después solicitó un informe al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) del Banco de España. Éste, a su vez, pidió otro informe a Bankia SA y al Banco Financiero y de Ahorros SA, que también forma parte del grupo intervenido y nacionalizado.

Tanta práctica papelística de las autoridades económicas sobre la simple cuestión las condujo, varios meses después, a enviar a Díez la siguiente respuesta: “Según el escrito de Bankia, ni Bankia SA ni el BF han prestado asesoramiento jurídico gratuito, ni de ninguna naturaleza a los ex miembros de sus consejos de administración en relación con las Diligencias Previas 59/12 que se están tramitando en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional de Madrid”.

Pero como quiera que en los juzgados –en la antesala del juez Fernando Andreu en este caso-, los abogados suelen hablan entre sí, la mentira de los nuevos directivos de Bankia nombrados por el propio Ejecutivo de acuerdo con el gobernador del Banco de España, tuvo tan escaso recorrido que Guindos se vio obligado a precisar: “Lo que se produce en este asunto que interesa a su señoría es la existencia de una cobertura a través de una póliza de seguros, lo que es una práctica empresarial habitual en la mayor parte de las sociedades y absolutamente común en la práctica totalidad de las sociedades que cotizan en bolsa”.

Dicho de otro modo, que los presidentes y consejeros de las entidades quebradas y los inspiradores y autores de las estafas de las llamadas “participaciones preferentes” contaban de antemano con una millonaria póliza de seguro con cargo a la entidad para cubrir su defensa jurídica y su eventual responsabilidad personal. Según la respuesta gubernamental, “en el marco de la citada póliza (la cuantía y la cobertura son datos protegidos por el secreto del contrato empresarial), corresponde a los exmiembros de los consejos de administración, si libremente así lo deciden, hacer uso de las coberturas contratadas y a tal efecto, efectuar directamente las comunicaciones que procedan a las compañías aseguradoras”.

Esta protección jurídica a costa de todos los ciudadanos se realiza a favor de unos pocos personajes que sólo en el caso del BFA se habían repartido nueve millones de euros, según puso de relieve la querella de UPyD, a la que se sumó meses después Izquierda Unida (IU), y contrasta con los cuantiosos depósitos previos para ejercer la acusación popular. En este caso, los representantes del Movimiento 15M tuvieron que depositar 15.000 euros para instar la acción judicial. Vale añadir que el centenar de activistas de la querella 15MpaRato consiguieron recaudar en menos de veinticuatro horas 19.000 euros y mantienen a través de su web una comunicación fluida sobre los pasos judiciales de la investigación.

Luego ya, sobre la vuelta del expresidente de Bankia, Rato, imputado por la Audiencia Nacional, al consejo asesor del Banco de Santander, un puesto que ocupó entre 2008 y 2009 tras dimitir como director gerente del FMI y antes de ser nombrado presidente de Caja Madrid, en 2010, el Gobierno ha explicado a Díez que en absoluto vulnera las directrices en materia de honorabilidad comercial y profesional remitidas en noviembre de 2012 por la Autoridad Bancaria Europea y recogidas en un decreto al efecto. En todo caso “eran indicaciones de cumplimiento voluntario”, recuerda el titular de Economía para rebatir la denuncia de Díez sobre el “flagrante incumplimiento de la normativa” y la inacción del Banco de España y del Gobierno.