El PP reclama ahora a Rajoy un plan para combatir la pérdida de población joven
La primera iniciativa parlamentaria del PP en el nuevo curso político se sumó ayer a la extensa y miserable historia de las contradicciones políticas, y consistió en la exigencia al Gobierno de Mariano Rajoy de un plan para combatir la pérdida de población joven. El diputado por Valladolid, nacido en Córdoba, Ildefonso Pastor González, presentó el retroceso demográfico como “un problema de Estado” que si no se aborda nos conducirá a la “pérdida de dinamismo económico” y al “estancamiento persistente”. El PSOE admitió la “crisis demográfica” y aunque denunció la política social del Gobierno y vio rechazadas sus enmiendas, votó a favor de la proposición no de ley de los conservadores.
Cuando la derecha gobierna y legisla según su acendrado principio de que el ser humano es la materia prima más abundante que hay, enseguida la abarata y destruye los derechos laborales, reduce el coste de los despidos, sustituye contratos fijos por precarios y baja el salario medio –el mínimo ha perdido más de 5 puntos y se mantiene congelado en 645 euros mensuales (21,5 al día por ocho horas de trabajo) desde 2012--. Y a continuación se alarmar porque España pierde jóvenes, no procreamos porque no hay medios para vivir con dignidad, las defunciones superan a los nacimientos y la población envejece. “Vamos al invierno demográfico”, afirmó el diputado Pastor González, licenciado en Derecho, que a sus 35 años ya ha sido concejal de Valladolid y hasta senador.
Ese “invierno demográfico”, que también afecta a otros países europeos, se ve agravado aquí por una de las tasas de natalidad más bajas de Europa y por una de las esperanzas de vida más larga del mundo, superando los 82 años de media, según explicó el mencionado Pastor. Aunque la penalización del aborto sobrevoló su monólogo, muy aplaudido por las señorías del PP, no entró en la candente materia. Eso no quita para que considerase tremendo el pronóstico del Instituto Nacional de Estadística (INE), según el cual la población decrecerá un 5,6% entre 2013 y 2023, lo que quiere decir que en vez de 46,7 millones seremos 44,1.
A la baja natalidad y el envejecimiento añadió el diputado gubernamental la despoblación largamente denunciada por la izquierda de amplias zonas de Castilla y León, Catilla-La Mancha, Aragón, Asturias y Galicia, de las que hasta ahora los gobernantes del PP solo se ha acordado para dar licencias de fraking, según reprocharon Ricardo Sixto, de la Izquierda Plural, y Vicente Guillén, del PSOE.
La cuestión de fondo para los representantes de la oposición no consiste en proclamas genéricas --“humo”, dijo el turolense Guillén, cuya provincia ha perdido 5000 habitantes en los últimos tres años--, sino en aplicar políticas sociales y de apoyo a las familias. Pero cuando se rechaza la retirada del repago de los medicamentos y la implantación de un subsidio asistencial de 400 euros mensuales para los desempleados de larga duración o con hijos a cargo y para las mujeres maltratadas, como hizo ayer el PP, se transforma en fifla el patriótico interés real por la pérdida de población.
“¿Qué se puede esperar de quienes no han hecho nada por la escolaridad infantil de cero a tres años, de los que mantienen en 291 euros la prestación o ayuda de la Seguridad Social por hijo, la misma cantidad que en 2004, de los que se han negado a aplicar las dos semanas de permiso laboral por paternidad, de los que como la ministra Mato presentaron hace más de un año un plan de acción social del que nunca más se supo?”, se preguntó Carles Campuzano, de CiU, antes de afirmar con contundencia: “La política del PP de apoyo a la familia es un fracaso”.
En todo caso, con un desempleo juvenil de más del 55% a nadie puede extrañar el exilio económico de unos 400.000 jóvenes en edad laboral en los dos últimos años. Según el informe de la OCDE divulgado y glosado ayer desde el Ministerio de Educación, uno de cada cuatro jóvenes con edad comprendida entre 15 y 29 años ha dejado de estudiar y carece de empleo. Esa cifra real de 1,9 millones de jóvenes sin posibilidad de trabajar ni de estudiar convierte al Reino de España en el país de la UE que peor trata a sus jóvenes y, más allá de los recortes en becas e inversión educativa, y de la desigualdad hacia las mujeres, presente en los discursos de la oposición, ese porcentaje del 25% de jóvenes en la estacada de los que habla la OCDE explica la excelencia de la “marca España” hasta el punto de haber dejado de ser un buen país para nacer.
