El nepotismo y los enchufes afean a Rajoy y quedan fuera de la "regeneración"

El Gobierno ha aceptado separar su proyectada reforma electoral para que los alcaldes sean los candidatos de la lista más votada de las medidas de “regeneración democrática”. Este deslinde se ha confirmado en la primera reunión celebrada ayer en La Moncloa con los representantes del PSOE. El Gobierno y el PP se reunirán con los demás grupos parlamentarios entre el martes y el jueves de la semana próxima. El objetivo es poner en común algunas medidas ya conocidas o genéricamente anunciadas como la prohibición de las cajas B en los partidos o la supresión del fuero judicial que, sin mayor concreción, exige la reforma de la Constitución. En cambio, otros compromisos aparentemente más sencillos, como el de no utilizar el cargo público para practicar nepotismo y enchufar a familiares en puestos bien remunerados, no figuran en los documentos del Gobierno. Esta práctica corrosiva de la política afecta directamente al presidente Mariano Rajoy y a varios miembros del Gabinete.

En el primer encuentro sobre las medidas de regeneracion participaron el secretario de Estado de Asuntos Constitucionales, José Luis Ayllón, mano derecha de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y los jefes de filas del Grupo Popular, Alfonso Alonso y José Antonio Bermúdez de Castro por un lado, y el nuevo portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, y el diputado José Enrique Serrano por otro. La decisión de apartar la reforma electoral respondía a las peticiones previas de los socialistas, Izquierda Plural y UPyD. “No se puede llamar regeneración a la degeneración democrática que supone esa reforma”, había denunciado Cayo Lara, coordinador de IU y presidente del grupo de la Izquierda Plural. Tanto él como Rosa Díez consideraron “acertado” el deslinde.

A partir de ahí, el procedimiento esbozado en la reunión con los socialistas –un almuerzo de trabajo en La Moncloa-- consiste en elaborar un tocho con las medidas de transparencia y limpieza democrática que han ido proponiendo los distintos grupos y el propio Ejecutivo a lo largo de la legislatura y las que puedan aportar de nuevo. Los negociadores identificarán las que sean comunes y buscarán la aproximación en las demás, con el fin de tramitarlas legislativamente a partir de febrero de 2015. Las que no exijan reforma constitucional se podrán incorporar a la legislación vigente y también a los dos proyectos ya remitidos por el Gobierno: el control económico y financiero de los partidos políticos y la ley del alto cargo.

El catálogo de materias es muy amplio y va desde el punto final a “las puertas giratorias” de ministros y altos cargos hasta la supresión de los privilegios de los políticos, los magistrados y los altos funcionarios (el aforamiento es uno de ellos), pasando por la limitación a dos mandatos de la jefatura del Gobierno (propuesta del PSOE), la regulación del indulto y las reformas administrativas y penales contra la corrupción. En este último punto, la Comisión Constitucional ha celebrado en el primer semestre de este año una ronda de comparecencias de expertos sobre las medidas que se pueden adoptar contra la financiación paralela de los partidos políticos, las recalificaciones urbanísticas, las contrataciones de obras y servicios, el fraude fiscal o el enriquecimiento ilícito, entre otras.

Aunque el nepotismo y el enchufismo es fuente de indignación social y deterioro político, ni el Gobierno ni el PP ni el PSOE por el momento han incluido la materia en sus planteamientos regeneradores. Sólo Cayo Lara y otros diputados de su grupo, y la dirigente de UPyD, Díez, han planteado iniciativas pidiendo explicaciones sobre los casos más sobresalientes y conocidos de enchufes y nombramientos de cónyuges, parientes y amigos de los gobernantes. Ya es sabido que algunas grandes empresas contratan por motivos estratégicos a parientes directos de miembros del Gobierno, caso del marido de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Otras fichan a expresidentes y exministros como directivos y consejeros por su influencia, relaciones y conocimientos. La regulación de estos casos resulta muy difícil porque, según los juristas consultados, entra en la esfera del derecho constitucional a la libertad.

Con los actores políticos actuales en el escenario del poder también resulta difícil apelar al compromiso personal contra el nepotismo sin afear la figura de Mariano Rajoy, del que el líder socialista Pedro Sánchez ha dicho que “lleva 30 años en política sin regenerar nada”. Él le ha contestado que lleva mucho tiempo “sirviendo al interés general”. Solo que su cuñado Manuel Fernández Balboa (hermano de su esposa Elvira), fue colocado con 29 años de director económico y financiero de la Fundación Ciudad de la Cultura de Galicia, y la acabó hundiendo. El proyecto de Ciudad de la Cultura, en Compostela, iba a costar 50 millones de euros al erario público, pero el presupuesto inicial fue de 108 millones y después de siete años y de un coste de 380 millones de euros, los tres edificios que se levantaron con metacrilato y ferroaleación están abandonados y la famosa Ciudad se halla en bancarrota.

Cierto es que un proyecto tan brillante necesitaba un arquitecto que convocara y coordinara un concurso de ideas capaz de asombrar al mundo. ¿Quién mejor que Alfredo Díaz Grande, que sin ser cuñado del presidente Rajoy, es muy amigo suyo? Fredy coordinó el disparate sin que se sepa cuánto cobro. Su esposa, Pilar Rojo, Pinini, muy del partido, ascendió a presidenta del Parlamento de Galicia. Y la del hermano de Fredy, el pediatra Miguel Díaz Grande, que también es muy del partido y se llama Lola Pan, fue colocada en la lista y elegida senadora. ¿Ejemplo de nepotismo o respeto al principio de igualdad de oportunidades y a los criterios de mérito y capacidad?

Rajoy, que también promocionó en 2003 a su cuñado Francisco Millán Mon (marido de su hermana Merecedes, registradora de la propiedad) como eurodiputado, no le nombró ministro de Asuntos Exteriores en diciembre de 2011 porque le dijeron que quedaría feo, pero le pidió consejo, y Paco Millán, conocido como “el cuñadísimo”, abogó por sus amigos de Bruselas José Manuel García Margallo e Iñigo Méndez de Vigo, con los resultados conocidos. Se comprende que del estilo dactilar del ejercicio del poder en beneficio de la familia, tan extendido y justificado en el Reino de España por el ejemplo del mismísimo presidente del Gobierno, no quepa esperar medidas de regeneración contra el enchufismo y el nepotismo.