El PP insiste en meter a la cárcel a los trabajadores por "coacción" en las huelgas

El Partido Popular (PP) insiste en meter en la cárcel a los trabajadores que hagan huelga y participen en piquetes para que otros secunden el paro. Lo demostró ayer al rechazar en solitario la proposición de ley de Izquierda Plural que pedía la supresión del artículo 315.3 del Código Penal. Se trata de un “precepto inerme” que, como recordó Emilio Olabarría, del PNV, no se aplicaba desde el final de la dictadura, pero que el Gobierno de Mariano Rajoy ha activado a través de la Fiscalía del Estado. En estos momentos, 265 trabajadores están procesados por actividades sindicales y la Fiscalía pide 125 años de prisión para ellos.

Desde el final de la dictadura y la legalización de los sindicatos de clase en 1977, ningún trabajador había ido a la cárcel por participar en una huelga. Pero con la llegada del PP al Gobierno a finales de 2011 y los recortes de derechos sociales decretados con la reforma laboral, resurgió la amenaza de prisión para amedrentar a los asalariados. Esa utilización de la justicia “como maquinaria de guerra”, en expresión de Sabino Cuadra, llevó a la cárcel en junio pasado al trabajador granadino Carlos Cano por participar en un piquete informativo durante la huelga general de marzo de 2012 contra la reforma laboral. A Cano se le condenó a tres años y un día de prisión por ejercer el derecho de huelga, si bien, a los pocos días fue excarcelado, habida cuenta de que no necesitaba ser resocializado. Cano ya había pagado los vidrios rotos de un bar.

De la rotura de otros vidrios, la luna de un autobús, fue acusada la dirigente de CCOO de Mallorca, Katiana Vicens, sin más datos que un informe policial. A pesar de los testimonios que desmienten que haya lanzado la piedra que provocó el daño durante la huelga del 29 de marzo, la Fiscalía ha pedido cuatro años y medio para ella, “la misma pena que solicita para los procesados por homicidio en la concentración festiva del pabellón Madrid-Arena, en el que murieron cinco jóvenes”, recordó Gaspar Llamazares ante el pleno del Congreso. La sindicalista Vicens fue juzgada el lunes y está a la espera de sentencia. Por su mismo trance pasan los trabajadores de Airbus, para los que el fiscal solicita ocho años de cárcel por daños y coacciones durante la huelga en defensa de sus puestos de trabajo.

La relación de imputados y procesados es bastante larga y afecta al conjunto del territorio nacional, desde Pontevedra a La Rioja, desde Andalucía –las multas al Sindicato de Obreros del Campo (SOC) por ocupaciones de fincas superan los 400.000 euros– hasta Vallecas, en Madrid, donde el caso de Alfons, encarcelado y acusado de poco menos que terrorismo, se denuncia en cientos de tapias y paredes. O desde Vigo hasta Deusto, donde también hay huelguistas procesados por ir en los piquetes. Lo que el Gobierno quería y sigue queriendo es humillar a los sindicatos y obligarles a pedir el indulto por las acciones de los piquetes. Así, al menos, lo sugirió el ya exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Si Llamazares denunció la “utilización artera” del 315-3 del Código Penal contra el derecho de huelga y destacó que ningún patrón haya sido procesado ni sancionado por las “coacciones” a los trabajadores, Cuadra preguntó a sus señorías: “¿conoce alguien a algún empresario castigado por amenazar con el despido a los trabajadores si hacen huelga?” Jordi Jané (CiU) consideró innecesario el precepto, pues las coacciones ya están tipificadas en el 172 del Código Penal. Y Olabarría destacó la inconcreción de un precepto que favorece el “arbitrismo judicial”. Solo Irene Lozano, de UPyD, abogó por esperar al debate del nuevo Código Penal. Jané le aclaró que no está claro que se vaya a tramitar en lo que queda de legislatura.

El socialista Manuel de la Rocha, que saludó a dos sindicalistas de la UGT de hostelería para los que el fiscal pide siete años de cárcel, recordó que el precepto penal, curiosamente imbricado en el título dedicado a los delitos contra los derechos de los trabajadores, se mantuvo en el código de 1995 por decisión de todos los grupos, pero no se había aplicado nunca en 35 años y hay una sentencia del Constitucional, de 1999, diciendo que no debe aplicarse. A eso, a que venía del código franquista de 1973, se mantuvo en 1976, y no se modificó en el “código de la democracia” de 1995 ni en la reforma de 2010, se agarró el portavoz del PP, José Miguel Castillo, para manifestar el rechazo a la derogación. Castillo compatibiliza el escaño con su actividad de Administrador Concursal (empresas en quiebra) y empleó reiteradamente el espejo retrovisor –“ustedes no lo reformaron ni cuando se dictaron sentencias infundadas”- para defender la conservación de un precepto que permite imponer hasta seis años de prisión a los huelguistas “coactivos”.