El jefe del Ejército despotrica, pero encarcela al teniente Segura por hablar

El jefe del Ejército de Tierra, teniente general Jaime Domínguez Buj, ordenó ayer que encarcelaran (arresto incomunicado) por segunda vez en menos de medio año al teniente Luis Gonzalo Segura por hacer declaraciones públicas, y a continuación se fue a un coloquio organizado por el Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior (Incipe) y se despachó sobre la “debilidad del poder central” como causa del soberanismo en Cataluña. Sus palabras provocaron estupor incluso al portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso, pero su superior, Mariano Rajoy, comandante jefe de las Fuerzas Armadas según la Ley de Defensa Nacional, evitó reconvenirle y se refugió en el silencio, donde sigue, de momento.

El presidente y su ministro de Defensa, Pedro Morenés, siempre prestos a aceptar que se prive de libertad a un subteniente como Jorge Bravo, presidente de la Asociación Unificada de Militares (AUME), por denunciar públicamente el boato y los gastos inútiles en las Fuerzas Armadas mientras a los militares les bajan el sueldo, y a encarcelar al teniente Segura por publicar una novela denunciando la corrupción en el Ejército, demostraron su debilidad y doble vara de medir ante las críticas del JEME. Sus principales esfuerzos consistieron en acallar la polémica.

Con una didáctica extemporánea, Buj respondió a una pregunta sobre la defensa de la unidad de España que el artículo 8 de la Constitución atribuye a las Fuerzas Armadas, diciendo que “cuando el poder central es débil se producen movimientos centrífugos, cuando la metrópoli se hace débil, se produce la caída”. En su opinión esto es lo que está ocurriendo ahora con Cataluña. Buj estableció un paralelismo entre la situación actual y la independencia de las repúblicas de América Latina hasta la pérdida de Cuba y Filipinas. Luego, cual disciplinado general Weyler en lucha contra los insurrectos cubanos, indicó: “Estamos preparados para intervenir en la forma que Gobierno decida, en el interior o el exterior, para ir a Afganistán o a Valencia”.

De la reacción del portavoz parlamentario del PP -“son palabras difíciles de comprender”, dijo Alonso- cabía esperar la orden del presidente al jefe del Estado Mayor de la Defensa de que abriera un expediente informativo. Rajoy no la cursó. Algunos diputados del PP se mostraban perplejos ante la crítica política del JEME y se preguntaban cuáles son los parámetros mentales democráticos de un militar que se permite hablar de “debilidad del poder central” de un Gobierno que cuenta con mayoría absoluta. ¿Es posible que Rajoy no se haya sentido aludido?

El PSOE se limitó a pedir aclaración y rectificación. El JEME emitió una nota desde el cuartel general en la que abundó en su conocimiento histórico sobre la debilidad del poder central en la invasión napoleónica y la Guerra de la Independencia. Tanto el portavoz socialista de Defensa, Diego López Garrido, como la dirección socialista evitaron comparar las manifestaciones de Buj con la proclama que el 6 de enero de 2006, en plena discusión del Estatuto catalán, lanzó el general José Mena, jefe de la Fuerza Terreste, advirtiendo de que el Ejército tendría que intervenir en Cataluña si los límites de la Constitución fueran sobrepasados por el Estatuto autonómico. El entonces ministro José Bono lo cesó fulminantemente. Ayer una persona de su confianza transmitió a este periódico la impresión del exministro de que las situaciones no son comparables.

Más contundente, el portavoz de Izquierda Plural, José Luis Centella, acusó al JEME de echar más “leña al fuego” de Catalunya y exigió al ministro de Defensa que estudie si debe pedir responsabilidades. En todo caso, el jefe del Ejército “ha perdido una oportunidad maravillosa de callarse. Se podía haber callado y puesto que no lo ha hecho, el ministro de Defensa debe valorar si lo que ha dicho es lo que debe decir un alto mando”. Al catalán de ICV, Joan Coscubiela, el lenguaje de Buj sobre la metrópoli le pareció más propio de la Legión extranjera que del siglo XXI. Coscubiela instó al ministro Morenes a exigirle responsabilidades.

Arresto incomunicado del teniente Segura

Poco antes de la andanada sobre la debilidad del Gobierno central, Buj firmó la orden de arrestar y recluir en el centro de Colmenar Viejo (Madrid) al teniente Luis Gonzalo Segura, al que han aplicado el régimen de incomunicación absoluta. Sus padres no pudieron hablar con él. Se desconocen los cargos de los que se le acusa. En una entrevista con cuartopoder.es manifestó que “la mayoría de los militares no obedecerían la orden de entrar en Cataluña” y explicó que los militares nunca atacarían a la población civil. Después de opinar que el problema catalán es político, recordó que no tienen obligación de cumplir una orden si es ilegítima. “Muchos no lo entendieron y lo tacharon de traición. Y de ahí a rojo, bolchevique, maricón, etcétera, se tardó poco. El caso es que se me ha abierto un expediente disciplinario por estas declaraciones cuando creo que fueron más que positivas para la sociedad”, escribió en su blog del diario Público.

El teniente Segura fue expulsado del servicio por dos años y sufrió en julio y agosto pasado un arresto de dos meses por falta grave: haber escrito la novela de gran éxito Un paso al frente, en la que pone negro sobre blanco las dinámicas de abuso y corrupción en las Fuerzas Armadas. Decidió escribir y publica el relato después de constatar la inacción de la justicia castrense ante los casos que había denunciado. En una respuesta parlamentaria por escrito a la diputada de UPyD, Irene Lozano, el ministro de Defensa asegura que “los presuntos casos de denuncia por corrupción presentados por el teniente Segura fueron investigados en su momento, sin que se encontrase fundamento alguno de esas denuncias”. Y añade que “el Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, cuenta con controles y procedimientos internos para detectar, perseguir y, en su caso, sancionar conductas constitutivas de sanción disciplinaria”. Quizá porque esos “controles y procedimientos” son tan eficaces, un oficial se juega su carrera, pierde su empleo como técnico cualificado en el servicio de transmisiones, pierde su libertad y está a punto de perder la vida con una huelga de hambre de veinte días.